Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la posición oficial de
la USAC y sus miembros. La obra está protegida por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos emitida en el decreto No. 33-98 por
el Congreso de la República de Guatemala.Responsabilidades de funcionarios y empleados públicos
en materia de probidad: comparación legislativa en
Guatemala, Argentina, Panamá y Chile
Responsibilities of public officials and employees: legislative comparison
in Guatemala, Argentina, Panama and Chile
Silvia Cristina Duarte Lucero
Magíster en Fiscalización de la Administración Pública
Universidad de San Carlos de Guatemala
cduartelucero@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-9158-587X
Resumen
OBJETIVO: describir las responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos en materia de probidad:
legislación comparada entre Guatemala, Argentina, Panamá y Chile. MÉTODO: revisión bibliográfica enfocada
en el análisis comparativo de los marcos normativos que regulan la ética y responsabilidad de los servidores
públicos. Se consultaron 21 documentos, de los cuales se seleccionaron 15 por su relevancia temática, actualidad
y respaldo institucional. Las fuentes incluyeron artículos académicos, tesis, informes técnicos y documentos legales
emitidos por entidades oficiales. RESULTADOS: los marcos legales analizados comparten principios clave como
la transparencia, la rendición de cuentas, la legalidad y la imparcialidad, aunque varían en su implementación
y control. En Guatemala, la normatividad se sustenta en una estructura legal complementaria que previene y
sanciona faltas éticas, administrativas, económicas, presupuestarias y de otra naturaleza concreta. En contraste,
Argentina, Panamá y Chile ofrecen modelos diversos que integran mecanismos de formación, evaluación y control
institucional, ajustados a sus propios contextos políticos y sociales. CONCLUSIÓN: la probidad en la función
pública requiere un marco normativo sólido y articulado, pero su efectividad depende de la voluntad política, la
supervisión efectiva y la promoción de una cultura ética institucional. Las distintas estrategias empleadas por los
países analizados muestran que es posible alcanzar altos estándares de integridad desde enfoques variados,
siempre que exista un compromiso real con la transparencia y la ética pública.
Recibido:01/08/2025
Aceptado: 16/10/2025
Publicado: 05/08/2025
Referencia
Duarte Lucero, S. C. (2025). Responsabilidades de funcionarios y empleados públicos en materia de probidad:
comparación legislativa en Guatemala, Argentina, Panamá y Chile.
Revista Científica del Sistema de Estudios
de Postgrado. 8(2). 79-90. DOI: https://doi.org/10.36958/sep.v8i2.376
79
80
Palabras clave
probidad, función pública, legislación comparada, ética, responsabilidad
Abstract
OBJECTIVE: to describe the responsibilities of public officials and employees regarding integrity: comparative
legislation between Guatemala, Argentina, Panama, and Chile. METHOD: a bibliographic review focused on
the comparative analysis of the regulatory frameworks that regulate the ethics and accountability of public
servants. Twenty-one documents were consulted, of which 15 were selected for their thematic relevance,
relevance, and institutional support. Sources included academic articles, theses, technical reports, and legal
documents issued by official entities. RESULTS: the legal frameworks analyzed share key principles such as
transparency, accountability, legality, and impartiality, although they vary in their implementation and oversight. In
Guatemala, the regulations are based on a complementary legal framework that prevents and sanctions ethical,
administrative, economic, budgetary, and other specific types of misconduct. In contrast, Argentina, Panama, and
Chile offer diverse models that integrate training, evaluation, and institutional oversight mechanisms tailored to
their own political and social contexts. CONCLUSION: integrity in public service requires a solid and articulated
regulatory framework, but its effectiveness depends on political will, effective oversight, and the promotion of an
institutional ethical culture. The different strategies employed by the countries analyzed show that it is possible
to achieve high standards of integrity from a variety of perspectives, provided there is a genuine commitment to
transparency and public ethics.
Keywords
integrity, public service, comparative law, ethics, accountability
Palabras clave
probidad, función pública, legislación comparada, ética, responsabilidad
Abstract
OBJECTIVE: to describe the responsibilities of public officials and employees regarding integrity: comparative
legislation between Guatemala, Argentina, Panama, and Chile. METHOD: a bibliographic review focused on
the comparative analysis of the regulatory frameworks that regulate the ethics and accountability of public
servants. Twenty-one documents were consulted, of which 15 were selected for their thematic relevance,
relevance, and institutional support. Sources included academic articles, theses, technical reports, and legal
documents issued by official entities. RESULTS: the legal frameworks analyzed share key principles such as
transparency, accountability, legality, and impartiality, although they vary in their implementation and oversight. In
Guatemala, the regulations are based on a complementary legal framework that prevents and sanctions ethical,
administrative, economic, budgetary, and other specific types of misconduct. In contrast, Argentina, Panama, and
Chile offer diverse models that integrate training, evaluation, and institutional oversight mechanisms tailored to
their own political and social contexts. CONCLUSION: integrity in public service requires a solid and articulated
regulatory framework, but its effectiveness depends on political will, effective oversight, and the promotion of an
institutional ethical culture. The different strategies employed by the countries analyzed show that it is possible
to achieve high standards of integrity from a variety of perspectives, provided there is a genuine commitment to
transparency and public ethics.
Keywords
integrity, public service, comparative law, ethics, accountability
81
Introducción
La probidad en la función pública representa un pilar esencial para garantizar la transparencia,
la legalidad y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, Su cumplimiento no
solo demanda una conducta ética por parte de los funcionarios y empleados públicos, sino
también la existencia de marcos normativos sólidos que regulen, supervisen y sancionen
el ejercicio del poder público. En un entorno donde la corrupción y el abuso de autoridad
continúan siendo desafíos persistentes en América Latina, resulta indispensable examinar
cómo diferentes países han estructurado sus legislaciones para fortalecer la integridad en el
servicio público.
Guatemala, al igual que otras naciones de la región, ha incorporado principios de probidad
en su ordenamiento jurídico, pero su aplicación efectiva enfrenta limitaciones relacionadas
con la voluntad política, la debilidad institucional y la falta de mecanismos eficientes de
control. Frente a este panorama, se vuelve pertinente realizar una revisión comparativa con
países como Argentina, Panamá y Chile, los cuales han implementado modelos distintos de
regulación, supervisión y formación ética en el ámbito público.
El objetivo del presente artículo es describir las responsabilidades de los funcionarios y
empleados públicos en materia de probidad, mediante un análisis comparativo de los marcos
legales de Guatemala, Argentina, Panamá y Chile. A través de la revisión se busca identificar
principios comunes, destacar buenas prácticas y proponer reflexiones que contribuyan al
fortalecimiento de una cultura administrativa basada en la integridad, la rendición de cuentas
y el respeto al marco normativo vigente.
Materiales y métodos
El presente artículo se desarrolló a partir de una revisión bibliográfica enfocada en analizar las
responsabilidades legales de los funcionarios y empleados públicos en materia de probidad,
con énfasis en la legislación guatemalteca y su contraste con los marcos regulatorios de
Argentina, Panamá y Chile. Para sustentar teóricamente el análisis, se implementó un
proceso sistemático de búsqueda, selección y revisión crítica de fuentes documentales que
incluyeran fundamentos doctrinarios, análisis jurídicos y datos normativos pertinentes al tema.
De acuerdo con Toscano (2018), una revisión bibliográfica debe priorizar fuentes confiables y
actuales, asegurando la calidad y relevancia de la información recopilada; por ello se recurrió
a bases académicas y repositorios institucionales de carácter oficial.
La búsqueda se efectuó en Google Académico, repositorios de tesis, artículos científicos
indexados, informes técnicos de organismos de control y documentos legales emitidos por
entidades públicas de los países analizados. Se establecieron criterios de inclusión que
consideraron: pertinencia temática, actualidad (publicaciones posteriores al año 2015),
respaldo institucional o académico, y disponibilidad completa del texto. Mediante las palabras
Introducción
La probidad en la función pública representa un pilar esencial para garantizar la transparencia,
la legalidad y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, Su cumplimiento no
solo demanda una conducta ética por parte de los funcionarios y empleados públicos, sino
también la existencia de marcos normativos sólidos que regulen, supervisen y sancionen
el ejercicio del poder público. En un entorno donde la corrupción y el abuso de autoridad
continúan siendo desafíos persistentes en América Latina, resulta indispensable examinar
cómo diferentes países han estructurado sus legislaciones para fortalecer la integridad en el
servicio público.
Guatemala, al igual que otras naciones de la región, ha incorporado principios de probidad
en su ordenamiento jurídico, pero su aplicación efectiva enfrenta limitaciones relacionadas
con la voluntad política, la debilidad institucional y la falta de mecanismos eficientes de
control. Frente a este panorama, se vuelve pertinente realizar una revisión comparativa con
países como Argentina, Panamá y Chile, los cuales han implementado modelos distintos de
regulación, supervisión y formación ética en el ámbito público.
El objetivo del presente artículo es describir las responsabilidades de los funcionarios y
empleados públicos en materia de probidad, mediante un análisis comparativo de los marcos
legales de Guatemala, Argentina, Panamá y Chile. A través de la revisión se busca identificar
principios comunes, destacar buenas prácticas y proponer reflexiones que contribuyan al
fortalecimiento de una cultura administrativa basada en la integridad, la rendición de cuentas
y el respeto al marco normativo vigente.
Materiales y métodos
El presente artículo se desarrolló a partir de una revisión bibliográfica enfocada en analizar las
responsabilidades legales de los funcionarios y empleados públicos en materia de probidad,
con énfasis en la legislación guatemalteca y su contraste con los marcos regulatorios de
Argentina, Panamá y Chile. Para sustentar teóricamente el análisis, se implementó un
proceso sistemático de búsqueda, selección y revisión crítica de fuentes documentales que
incluyeran fundamentos doctrinarios, análisis jurídicos y datos normativos pertinentes al tema.
De acuerdo con Toscano (2018), una revisión bibliográfica debe priorizar fuentes confiables y
actuales, asegurando la calidad y relevancia de la información recopilada; por ello se recurrió
a bases académicas y repositorios institucionales de carácter oficial.
La búsqueda se efectuó en Google Académico, repositorios de tesis, artículos científicos
indexados, informes técnicos de organismos de control y documentos legales emitidos por
entidades públicas de los países analizados. Se establecieron criterios de inclusión que
consideraron: pertinencia temática, actualidad (publicaciones posteriores al año 2015),
respaldo institucional o académico, y disponibilidad completa del texto. Mediante las palabras
82
clave probidad en la función pública, legislación sobre ética pública, responsabilidad de
funcionarios y comparación normativa.
Se identificaron inicialmente 21 documentos. De estos, 18 cumplieron los criterios de inclusión
y, tras una evaluación más detallada, se seleccionaron 15 que aportaban de manera directa
a los objetivos del estudio. Los 3 restantes que cumplían criterios de inclusión, así como
otros que fueron identificados, se descartaron por contener información redundante o poco
relevante para el análisis comparativo. La información final fue organizada digitalmente y
clasificada por ejes temáticos, lo que permitió desarrollar un marco teórico ordenado y una
discusión estructurada en función de los hallazgos por país.
Resultados
La probidad en la función pública y sus principios fundamentales
La probidad en la función pública se interpreta como la obligación de los servidores del Estado
de comportarse con integridad, honestidad y apego a los valores éticos en el desempeño de
sus funciones, dicho principio es un pilar fundamental en la gestión pública, ya que garantiza
que los recursos y el poder conferido por el Estado se utilicen para el bienestar común y
no para fines personales, diversas corrientes doctrinarias coinciden en que la probidad no
se limita a la ausencia de corrupción, sino que abarca un comportamiento ejemplar en el
cumplimiento de los deberes públicos.
Los principios fundamentales que respaldan la probidad comprenden la transparencia, la
rendición de cuentas, la legalidad, la imparcialidad y la responsabilidad, dichos principios
orientan la conducta de los funcionarios en contextos donde pueden existir conflictos de
interés, presión política o tentaciones de uso indebido de recursos, además, contribuyen a
fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, elemento clave para la gobernabilidad
democrática. El incumplimiento de los principios puede derivar en sanciones administrativas,
civiles o penales, dependiendo del marco normativo de cada país.
Tabla 1Principios fundamentales asociados a la probidad en la función pública
clave probidad en la función pública, legislación sobre ética pública, responsabilidad de
funcionarios y comparación normativa.
Se identificaron inicialmente 21 documentos. De estos, 18 cumplieron los criterios de inclusión
y, tras una evaluación más detallada, se seleccionaron 15 que aportaban de manera directa
a los objetivos del estudio. Los 3 restantes que cumplían criterios de inclusión, así como
otros que fueron identificados, se descartaron por contener información redundante o poco
relevante para el análisis comparativo. La información final fue organizada digitalmente y
clasificada por ejes temáticos, lo que permitió desarrollar un marco teórico ordenado y una
discusión estructurada en función de los hallazgos por país.
Resultados
La probidad en la función pública y sus principios fundamentales
La probidad en la función pública se interpreta como la obligación de los servidores del Estado
de comportarse con integridad, honestidad y apego a los valores éticos en el desempeño de
sus funciones, dicho principio es un pilar fundamental en la gestión pública, ya que garantiza
que los recursos y el poder conferido por el Estado se utilicen para el bienestar común y
no para fines personales, diversas corrientes doctrinarias coinciden en que la probidad no
se limita a la ausencia de corrupción, sino que abarca un comportamiento ejemplar en el
cumplimiento de los deberes públicos.
Los principios fundamentales que respaldan la probidad comprenden la transparencia, la
rendición de cuentas, la legalidad, la imparcialidad y la responsabilidad, dichos principios
orientan la conducta de los funcionarios en contextos donde pueden existir conflictos de
interés, presión política o tentaciones de uso indebido de recursos, además, contribuyen a
fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, elemento clave para la gobernabilidad
democrática. El incumplimiento de los principios puede derivar en sanciones administrativas,
civiles o penales, dependiendo del marco normativo de cada país.
Tabla 1Principios fundamentales asociados a la probidad en la función pública
83
Nota: Con base en Fierro (2017)
La Tabla 1 resume cinco principios claves que permiten operacionalizar el concepto de
probidad en el ámbito público. Dichos principios funcionan como criterios evaluativos del
actuar institucional y personal de los servidores públicos, cada uno aporta una dimensión
distinta: mientras la transparencia abre las puertas al control ciudadano, la responsabilidad
y la rendición de cuentas garantizan que no haya impunidad. La legalidad y la imparcialidad,
por su parte, previenen la arbitrariedad en la toma de decisiones, su cumplimiento conjunto
es esencial para construir una cultura administrativa ética.
En contextos de debilidad institucional o desconfianza ciudadana, la promoción de los
principios se vuelve aún más urgente, la probidad no solo responde a un mandato legal, sino
también a una exigencia ética que fortalece el pacto social entre ciudadanía y Estado. Invertir
en mecanismos de formación, supervisión y control ético dentro de las entidades públicas es
una forma concreta de promover la probidad como valor y como práctica estructural.
Regulación de la probidad en el servicio público guatemalteco
En Guatemala, la regulación de la probidad en el sector público se fundamenta en un conjunto
de leyes que establecen el comportamiento esperado de los funcionarios y empleados del
Estado. Entre las principales normativas se encuentran la Ley de Probidad y Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados Públicos (Decreto 89-2002), que obliga a los servidores
públicos a presentar declaraciones juradas patrimoniales y establece sanciones en caso de
enriquecimiento ilícito; el Código Penal (Decreto 17-73), que tipifica delitos como el cohecho,
la malversación y el abuso de autoridad; y la Ley contra la Corrupción (Decreto 31-2012),
que refuerza los mecanismos de prevención al definir nuevos delitos relacionados con el uso
indebido de recursos estatales.
Asimismo, la Contraloría General de Cuentas, como órgano de control externo, tiene la
facultad de fiscalizar la ejecución del presupuesto público y emitir sanciones administrativas
y económicas cuando se detectan irregularidades, fortaleciendo así la dimensión preventiva
de la probidad en la función pública.
Nota: Con base en Fierro (2017)
La Tabla 1 resume cinco principios claves que permiten operacionalizar el concepto de
probidad en el ámbito público. Dichos principios funcionan como criterios evaluativos del
actuar institucional y personal de los servidores públicos, cada uno aporta una dimensión
distinta: mientras la transparencia abre las puertas al control ciudadano, la responsabilidad
y la rendición de cuentas garantizan que no haya impunidad. La legalidad y la imparcialidad,
por su parte, previenen la arbitrariedad en la toma de decisiones, su cumplimiento conjunto
es esencial para construir una cultura administrativa ética.
En contextos de debilidad institucional o desconfianza ciudadana, la promoción de los
principios se vuelve aún más urgente, la probidad no solo responde a un mandato legal, sino
también a una exigencia ética que fortalece el pacto social entre ciudadanía y Estado. Invertir
en mecanismos de formación, supervisión y control ético dentro de las entidades públicas es
una forma concreta de promover la probidad como valor y como práctica estructural.
Regulación de la probidad en el servicio público guatemalteco
En Guatemala, la regulación de la probidad en el sector público se fundamenta en un conjunto
de leyes que establecen el comportamiento esperado de los funcionarios y empleados del
Estado. Entre las principales normativas se encuentran la Ley de Probidad y Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados Públicos (Decreto 89-2002), que obliga a los servidores
públicos a presentar declaraciones juradas patrimoniales y establece sanciones en caso de
enriquecimiento ilícito; el Código Penal (Decreto 17-73), que tipifica delitos como el cohecho,
la malversación y el abuso de autoridad; y la Ley contra la Corrupción (Decreto 31-2012),
que refuerza los mecanismos de prevención al definir nuevos delitos relacionados con el uso
indebido de recursos estatales.
Asimismo, la Contraloría General de Cuentas, como órgano de control externo, tiene la
facultad de fiscalizar la ejecución del presupuesto público y emitir sanciones administrativas
y económicas cuando se detectan irregularidades, fortaleciendo así la dimensión preventiva
de la probidad en la función pública.
84
Tabla 2Normas legales sobre probidad en Guatemala
Nota: Con base en Marques, 2017
La Tabla 2 muestra cómo distintas leyes guatemaltecas actúan de manera complementaria
para establecer un marco legal en torno a la probidad. Cada normativa aborda una arista
distinta del problema: mientras algunas se centran en la prevención y declaración de bienes,
otras definen claramente las conductas delictivas y sancionables, la cual busca crear un
sistema robusto que limite la discrecionalidad y fomente la integridad en la gestión pública.
Sin embargo, a pesar de la existencia del marco legal, varios informes de organismos
nacionales e internacionales advierten que su efectividad aún se ve limitada por la débil
aplicación de la ley, la impunidad y la falta de voluntad política. Por ello, la regulación jurídica
debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional y una cultura organizacional que
priorice la ética pública como un valor transversal en todos los niveles del Estado.
Análisis comparativo de la legislación sobre probidad en Argentina,
Panamá y Chile
Los países de América Latina han elaborado variados marcos jurídicos para fortalecer la
probidad en la función pública, en respuesta a contextos históricos y políticos particulares.
Argentina, por ejemplo, cuenta con la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley
25.188), la que obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas, abstenerse de
intervenir en situaciones de conflicto de interés y cumplir con principios de transparencia,
Tabla 2Normas legales sobre probidad en Guatemala
Nota: Con base en Marques, 2017
La Tabla 2 muestra cómo distintas leyes guatemaltecas actúan de manera complementaria
para establecer un marco legal en torno a la probidad. Cada normativa aborda una arista
distinta del problema: mientras algunas se centran en la prevención y declaración de bienes,
otras definen claramente las conductas delictivas y sancionables, la cual busca crear un
sistema robusto que limite la discrecionalidad y fomente la integridad en la gestión pública.
Sin embargo, a pesar de la existencia del marco legal, varios informes de organismos
nacionales e internacionales advierten que su efectividad aún se ve limitada por la débil
aplicación de la ley, la impunidad y la falta de voluntad política. Por ello, la regulación jurídica
debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional y una cultura organizacional que
priorice la ética pública como un valor transversal en todos los niveles del Estado.
Análisis comparativo de la legislación sobre probidad en Argentina,
Panamá y Chile
Los países de América Latina han elaborado variados marcos jurídicos para fortalecer la
probidad en la función pública, en respuesta a contextos históricos y políticos particulares.
Argentina, por ejemplo, cuenta con la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley
25.188), la que obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas, abstenerse de
intervenir en situaciones de conflicto de interés y cumplir con principios de transparencia,
85
también establece una oficina anticorrupción encargada de controlar el cumplimiento de estas
disposiciones (Sporman et al., 2022).
Panamá, por su parte, regula la conducta ética de los servidores públicos a través de la Ley
9 de 1994 y el Código de Ética del Servidor Público. Dichas reglas fomentan la honestidad, la
imparcialidad y la eficiencia, con un fuerte enfoque en la prevención. Además, el país cuenta
con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), responsable
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y éticas. Para Chile, la probidad se
rige por la Ley 18.575 (Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado) y otras normativas complementarias, como la Ley 20.880 sobre Probidad en la
Función Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, las cuales exigen declaraciones de
patrimonio, regulan el lobby y establecen sanciones claras por actos de corrupción.
Tabla 3Normativa clave sobre probidad en Argentina, Panamá y Chile
Nota: Con base en Torres, 2023
Como se muestra en la Tabla 3, cada país ha establecido un modelo propio para normar
la probidad, mientras que Argentina enfoca sus esfuerzos en la ética individual y el control
institucional, Panamá adopta un enfoque formativo y preventivo con un código específico de
conducta. Por su parte Chile, combina un marco legal exigente con instituciones fiscalizadoras
fuertes, y ha incorporado mecanismos innovadores como la regulación del lobby. La diversidad
refleja las prioridades y capacidades institucionales de cada país, pero también muestra que
el compromiso con la probidad puede lograrse a través de rutas distintas si se sostiene con
voluntad política.
también establece una oficina anticorrupción encargada de controlar el cumplimiento de estas
disposiciones (Sporman et al., 2022).
Panamá, por su parte, regula la conducta ética de los servidores públicos a través de la Ley
9 de 1994 y el Código de Ética del Servidor Público. Dichas reglas fomentan la honestidad, la
imparcialidad y la eficiencia, con un fuerte enfoque en la prevención. Además, el país cuenta
con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), responsable
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y éticas. Para Chile, la probidad se
rige por la Ley 18.575 (Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado) y otras normativas complementarias, como la Ley 20.880 sobre Probidad en la
Función Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, las cuales exigen declaraciones de
patrimonio, regulan el lobby y establecen sanciones claras por actos de corrupción.
Tabla 3Normativa clave sobre probidad en Argentina, Panamá y Chile
Nota: Con base en Torres, 2023
Como se muestra en la Tabla 3, cada país ha establecido un modelo propio para normar
la probidad, mientras que Argentina enfoca sus esfuerzos en la ética individual y el control
institucional, Panamá adopta un enfoque formativo y preventivo con un código específico de
conducta. Por su parte Chile, combina un marco legal exigente con instituciones fiscalizadoras
fuertes, y ha incorporado mecanismos innovadores como la regulación del lobby. La diversidad
refleja las prioridades y capacidades institucionales de cada país, pero también muestra que
el compromiso con la probidad puede lograrse a través de rutas distintas si se sostiene con
voluntad política.
86
La comparación demuestra que, aunque Guatemala cuenta con un marco legal amplio, puede
beneficiarse al adoptar buenas prácticas de los países mencionados, como el fortalecimiento
de oficinas autónomas de control, la regulación explícita de conflictos de interés y la
profesionalización del servicio público. La experiencia chilena en particular destaca por su
enfoque sistémico, combinando transparencia, control social y sanción efectiva, elementos
que pueden servir como referencia para reformas futuras en el contexto guatemalteco.
Discusión
Los resultados indican que la probidad en la función pública es un principio transversal que
articula la ética, la legalidad y la transparencia como fundamentos de una administración
pública enfocada en el bienestar colectivo, la evidencia normativa demuestra que Guatemala,
aunque posee un marco legal relativamente robusto, enfrenta debilidades estructurales
relacionadas con su aplicación efectiva. Campos (2017) sostiene que la existencia de leyes no
garantiza por sí sola la integridad administrativa, siendo indispensable su ejecución efectiva
mediante instituciones autónomas y fortalecidas.
El análisis comparativo reveló que países como Chile han conseguido progresos significativos
mediante mecanismos como la regulación del lobby y la transparencia activa, aspectos aún
incipientes en el contexto guatemalteco. Según Hormaza (2023), el éxito de Chile radica en su
enfoque integral, en donde se articulan medidas preventivas, sancionatorias y pedagógicas
dentro de un marco institucional sólido, dicha estrategia contrasta con la fragmentación
normativa y débil fiscalización observada en Guatemala.
La obligación de presentar declaraciones patrimoniales es otro elemento común en las
legislaciones analizadas, no obstante, como lo argumenta Aprile (2024), las medidas resultan
insuficientes si no van acompañadas de auditorías cruzadas, monitoreo ciudadano y sanciones
ejemplares. En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas carece de independencia plena,
lo que limita su capacidad de acción y reduce el efecto disuasivo del sistema sancionador.
Asimismo, en Panamá se notó un sólido enfoque de prevención mediante la educación ética y
el Código de Conducta del Servidor Público. Dicho componente educativo resulta fundamental
para construir una cultura de integridad. De acuerdo con Ramos y Álvarez (2019), los códigos
de ética, cuando se aplican de forma sistemática y acompañados de procesos formativos,
pueden transformar la visión de los servidores públicos sobre su rol en la sociedad.
Por otra parte, el enfoque de Argentina resalta el conflicto de interés como una amenaza
concreta a la probidad. En esta línea, Cossío (2020) remarca que la prevención de los
conflictos debe abordarse desde una regulación clara, pero también desde un compromiso
personal de los funcionarios, lo cual solo es posible si existe una ética institucional coherente
con los valores públicos.
La comparación demuestra que, aunque Guatemala cuenta con un marco legal amplio, puede
beneficiarse al adoptar buenas prácticas de los países mencionados, como el fortalecimiento
de oficinas autónomas de control, la regulación explícita de conflictos de interés y la
profesionalización del servicio público. La experiencia chilena en particular destaca por su
enfoque sistémico, combinando transparencia, control social y sanción efectiva, elementos
que pueden servir como referencia para reformas futuras en el contexto guatemalteco.
Discusión
Los resultados indican que la probidad en la función pública es un principio transversal que
articula la ética, la legalidad y la transparencia como fundamentos de una administración
pública enfocada en el bienestar colectivo, la evidencia normativa demuestra que Guatemala,
aunque posee un marco legal relativamente robusto, enfrenta debilidades estructurales
relacionadas con su aplicación efectiva. Campos (2017) sostiene que la existencia de leyes no
garantiza por sí sola la integridad administrativa, siendo indispensable su ejecución efectiva
mediante instituciones autónomas y fortalecidas.
El análisis comparativo reveló que países como Chile han conseguido progresos significativos
mediante mecanismos como la regulación del lobby y la transparencia activa, aspectos aún
incipientes en el contexto guatemalteco. Según Hormaza (2023), el éxito de Chile radica en su
enfoque integral, en donde se articulan medidas preventivas, sancionatorias y pedagógicas
dentro de un marco institucional sólido, dicha estrategia contrasta con la fragmentación
normativa y débil fiscalización observada en Guatemala.
La obligación de presentar declaraciones patrimoniales es otro elemento común en las
legislaciones analizadas, no obstante, como lo argumenta Aprile (2024), las medidas resultan
insuficientes si no van acompañadas de auditorías cruzadas, monitoreo ciudadano y sanciones
ejemplares. En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas carece de independencia plena,
lo que limita su capacidad de acción y reduce el efecto disuasivo del sistema sancionador.
Asimismo, en Panamá se notó un sólido enfoque de prevención mediante la educación ética y
el Código de Conducta del Servidor Público. Dicho componente educativo resulta fundamental
para construir una cultura de integridad. De acuerdo con Ramos y Álvarez (2019), los códigos
de ética, cuando se aplican de forma sistemática y acompañados de procesos formativos,
pueden transformar la visión de los servidores públicos sobre su rol en la sociedad.
Por otra parte, el enfoque de Argentina resalta el conflicto de interés como una amenaza
concreta a la probidad. En esta línea, Cossío (2020) remarca que la prevención de los
conflictos debe abordarse desde una regulación clara, pero también desde un compromiso
personal de los funcionarios, lo cual solo es posible si existe una ética institucional coherente
con los valores públicos.
87
En cuanto a las sanciones, la comparación revela que Chile y Argentina poseen marcos
punitivos más definidos y eficaces. Guatemala, en cambio, enfrenta altos niveles de impunidad,
como señala Castro (2017), el problema de fondo no es la ausencia de sanciones legales,
sino la falta de voluntad política y la debilidad judicial para aplicarlas, lo que propicia un
ambiente de permisividad que erosiona la confianza ciudadana.
En palabras de Finol y Chacín (2022), la transparencia no solo conlleva el acceso a la
información, sino que también implica la responsabilidad y el fomento de mecanismos de
control social. Países como Chile han institucionalizado dichos mecanismos, generando
mayor credibilidad pública, mientras que Guatemala enfrenta desafíos importantes en
esta materia.
Otro hallazgo relevante es la necesidad de profesionalizar el servicio civil, tal como se
evidencia en las buenas prácticas de los países comparados. Según Jorquera (2020), la
meritocracia y la estabilidad laboral son factores que contribuyen a reducir los incentivos
para la corrupción. En Guatemala persiste una cultura de clientelismo político que debilita los
esfuerzos por establecer una carrera pública basada en el mérito.
Se destaca que el compromiso con la probidad no puede depender exclusivamente de
normativas aisladas, sino de una visión sistémica que incorpore controles internos y externos,
ética organizacional y participación ciudadana. Como concluye Gómez (2019), la probidad
solo se vuelve una realidad cuando forma parte del diseño institucional, de las prácticas
cotidianas y de la identidad del servidor público.
Conclusiones
Los cinco principios descritos constituyen fundamentos esenciales para la comprensión y
aplicación del concepto de probidad en el ámbito público, los principios mencionados no
solo orientan el comportamiento ético de los servidores públicos, sino que también operan
como mecanismos de control y evaluación institucional. La articulación entre transparencia,
responsabilidad, rendición de cuentas, legalidad e imparcialidad permite consolidar una
gestión pública íntegra, al fomentar la confianza ciudadana, prevenir abusos de poder y
fortalecer una cultura administrativa basada en la ética y el respeto al marco normativo.
La estructura legal de Guatemala relacionada a la probidad se forma a partir de la
complementariedad entre diferentes regulaciones. El marco legal, al tratar tanto la prevención
como la penalización, tiene como objetivo restringir la discrecionalidad en la aplicación del
poder público y fortalecer los sistemas de supervisión institucional. Así se fomenta una
gestión pública enfocada en la integridad, la transparencia y la observancia de principios
éticos esenciales.
En cuanto a las sanciones, la comparación revela que Chile y Argentina poseen marcos
punitivos más definidos y eficaces. Guatemala, en cambio, enfrenta altos niveles de impunidad,
como señala Castro (2017), el problema de fondo no es la ausencia de sanciones legales,
sino la falta de voluntad política y la debilidad judicial para aplicarlas, lo que propicia un
ambiente de permisividad que erosiona la confianza ciudadana.
En palabras de Finol y Chacín (2022), la transparencia no solo conlleva el acceso a la
información, sino que también implica la responsabilidad y el fomento de mecanismos de
control social. Países como Chile han institucionalizado dichos mecanismos, generando
mayor credibilidad pública, mientras que Guatemala enfrenta desafíos importantes en
esta materia.
Otro hallazgo relevante es la necesidad de profesionalizar el servicio civil, tal como se
evidencia en las buenas prácticas de los países comparados. Según Jorquera (2020), la
meritocracia y la estabilidad laboral son factores que contribuyen a reducir los incentivos
para la corrupción. En Guatemala persiste una cultura de clientelismo político que debilita los
esfuerzos por establecer una carrera pública basada en el mérito.
Se destaca que el compromiso con la probidad no puede depender exclusivamente de
normativas aisladas, sino de una visión sistémica que incorpore controles internos y externos,
ética organizacional y participación ciudadana. Como concluye Gómez (2019), la probidad
solo se vuelve una realidad cuando forma parte del diseño institucional, de las prácticas
cotidianas y de la identidad del servidor público.
Conclusiones
Los cinco principios descritos constituyen fundamentos esenciales para la comprensión y
aplicación del concepto de probidad en el ámbito público, los principios mencionados no
solo orientan el comportamiento ético de los servidores públicos, sino que también operan
como mecanismos de control y evaluación institucional. La articulación entre transparencia,
responsabilidad, rendición de cuentas, legalidad e imparcialidad permite consolidar una
gestión pública íntegra, al fomentar la confianza ciudadana, prevenir abusos de poder y
fortalecer una cultura administrativa basada en la ética y el respeto al marco normativo.
La estructura legal de Guatemala relacionada a la probidad se forma a partir de la
complementariedad entre diferentes regulaciones. El marco legal, al tratar tanto la prevención
como la penalización, tiene como objetivo restringir la discrecionalidad en la aplicación del
poder público y fortalecer los sistemas de supervisión institucional. Así se fomenta una
gestión pública enfocada en la integridad, la transparencia y la observancia de principios
éticos esenciales.
88
La diversidad de enfoques presentes refleja que no existe un único modelo para garantizar
la probidad en la función pública, sino que cada país adapta sus estrategias conforme a
sus prioridades institucionales, capacidades normativas y contextos sociopolíticos. Argentina,
Panamá y Chile ejemplifican cómo distintas combinaciones de ética, formación, control y
legislación pueden converger en un objetivo común: fortalecer la integridad del servicio público.
La variedad no representa debilidad, sino evidencia de que el compromiso con la probidad
es viable desde múltiples caminos, siempre que exista una voluntad política sostenida que
impulse reformas, asegure el cumplimiento normativo y promueva una cultura ética sólida.
Referencias
Aprile, N. (2024). El régimen de la función pública. Las respuestas a la corrupción y su dimensión
transnacional desde el derecho administrativo parte ii, 49.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/987019.pdf#page=49
Campos, E. (2017). El control gubernamental en el sector público.
Temas Socio-Jurídicos, 36(73),
81-112. https://revistas.unab.edu.co/index.php/sociojuridico/article/view/2856/2374
Castro, C. (2017). La corrupción pública y privada: causas, efectos y mecanismos para
combatirla. Editorial Universidad del Rosario. https://surl.li/lgmucg
Cossío Castañeda, M. S. (2020). El conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos
[Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. https://tesis.pucp.edu.pe/
server/api/core/bitstreams/84b611fc-88fc-4b46-9a3b-373147648a98/content
Fierro, A. E. (2017). Responsabilidad de los servidores públicos: Del castigo a la confianza.
Fondo de Cultura Económica. https://surl.li/gpctoz
Finol Romero, L., y Chacín Fuenmayor, R. (2022). La transparencia de la función pública en el
derecho constitucional latinoamericano.
Revista de Direito Internacional, 19(3), 288-310.
https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/8619
Gómez Santelices, G. A. (2019). Nuevas exigencias de probidad y transparencia en el
desempeño de la función parlamentaria.
Revista chilena de la administración del estado,
2 (dic. 2019), 199-206. https://doi.org/10.57211/revista.v2i02.56
La diversidad de enfoques presentes refleja que no existe un único modelo para garantizar
la probidad en la función pública, sino que cada país adapta sus estrategias conforme a
sus prioridades institucionales, capacidades normativas y contextos sociopolíticos. Argentina,
Panamá y Chile ejemplifican cómo distintas combinaciones de ética, formación, control y
legislación pueden converger en un objetivo común: fortalecer la integridad del servicio público.
La variedad no representa debilidad, sino evidencia de que el compromiso con la probidad
es viable desde múltiples caminos, siempre que exista una voluntad política sostenida que
impulse reformas, asegure el cumplimiento normativo y promueva una cultura ética sólida.
Referencias
Aprile, N. (2024). El régimen de la función pública. Las respuestas a la corrupción y su dimensión
transnacional desde el derecho administrativo parte ii, 49.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/987019.pdf#page=49
Campos, E. (2017). El control gubernamental en el sector público.
Temas Socio-Jurídicos, 36(73),
81-112. https://revistas.unab.edu.co/index.php/sociojuridico/article/view/2856/2374
Castro, C. (2017). La corrupción pública y privada: causas, efectos y mecanismos para
combatirla. Editorial Universidad del Rosario. https://surl.li/lgmucg
Cossío Castañeda, M. S. (2020). El conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos
[Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. https://tesis.pucp.edu.pe/
server/api/core/bitstreams/84b611fc-88fc-4b46-9a3b-373147648a98/content
Fierro, A. E. (2017). Responsabilidad de los servidores públicos: Del castigo a la confianza.
Fondo de Cultura Económica. https://surl.li/gpctoz
Finol Romero, L., y Chacín Fuenmayor, R. (2022). La transparencia de la función pública en el
derecho constitucional latinoamericano.
Revista de Direito Internacional, 19(3), 288-310.
https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/8619
Gómez Santelices, G. A. (2019). Nuevas exigencias de probidad y transparencia en el
desempeño de la función parlamentaria.
Revista chilena de la administración del estado,
2 (dic. 2019), 199-206. https://doi.org/10.57211/revista.v2i02.56
89
Hormaza Calvache, K. (2023). Diseño institucional de la potestad disciplinaria en servidores
públicos elegidos por voto popular en Argentina, Chile y Colombia. https://www.lareferencia.
info/vufind/Record/CO_b8dffa47e3eca97996ea9757193ff314
Jorquera Rodríguez, I. (2020). La aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, probidad
y transparencia y los mecanismos de control administrativos en los procesos de compras
públicas [Tesis de Maestría, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile]. https://repositorio.
uft.cl/server/api/core/bitstreams/6a66e6da-98f7-4ba2-b287-e7326aae6e5c/content
Marques Batalha, F. A. (2017). Buenas prácticas en capacitación y desarrollo de altos directivos
públicos en probidad, transparencia y acceso a la información en la administración del
estado: Caso del Servicio Civil chileno. [Tesis de Maestría, Universidad de Chile]. https://
repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/149560/Buenas-practicas-en-capacitacion-y-
desarrollo-de-altos-Directivos-publicos-en-probidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ramos Rollón, M. (2019). El control de la corrupción en América Latina: agenda política,
judicialización e internacionalización de la lucha contra la corrupción. Documentos de
trabajo, 11, 1-31. https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/4eef4e5a-ed03-46c7-
b01c-dfe295f81cc1/content
Sporman Uribe, N. S. y Leal Espinoza, M. F. (2022). La falta de probidad como causal de
despido en el Código del Trabajo [Tesis de Licenciatura, Universidad de Chile] https://
repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/187415/La-falta-de-probidad-como-causal-de-
despido-en-el-Codigo-del-Trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Torres Fragoso, J. (2023). Desafíos en el combate a la corrupción en Hispanoamérica: las
experiencias de Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Opera. 32 (dic. 2022),
109–137. https://doi.org/10.18601/16578651.n32.07
Toscano, F. (2018). Metodología de la Investigación. U. Externado de Colombia.
https://surli.cc/ucoibv
Sobre la autora
Silvia Cristina Duarte Lucero
Es Contadora Público y Auditora, Maestra en Fiscalización de la Administración Pública,
Docente Universitario a nivel de grado y posgrado; Actualmente Contralor General del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, laboró 20 años en Contraloría General de Cuentas,
concluyendo su etapa de servicio en esta institución como Directora de Probidad.
Hormaza Calvache, K. (2023). Diseño institucional de la potestad disciplinaria en servidores
públicos elegidos por voto popular en Argentina, Chile y Colombia. https://www.lareferencia.
info/vufind/Record/CO_b8dffa47e3eca97996ea9757193ff314
Jorquera Rodríguez, I. (2020). La aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, probidad
y transparencia y los mecanismos de control administrativos en los procesos de compras
públicas [Tesis de Maestría, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile]. https://repositorio.
uft.cl/server/api/core/bitstreams/6a66e6da-98f7-4ba2-b287-e7326aae6e5c/content
Marques Batalha, F. A. (2017). Buenas prácticas en capacitación y desarrollo de altos directivos
públicos en probidad, transparencia y acceso a la información en la administración del
estado: Caso del Servicio Civil chileno. [Tesis de Maestría, Universidad de Chile]. https://
repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/149560/Buenas-practicas-en-capacitacion-y-
desarrollo-de-altos-Directivos-publicos-en-probidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ramos Rollón, M. (2019). El control de la corrupción en América Latina: agenda política,
judicialización e internacionalización de la lucha contra la corrupción. Documentos de
trabajo, 11, 1-31. https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/4eef4e5a-ed03-46c7-
b01c-dfe295f81cc1/content
Sporman Uribe, N. S. y Leal Espinoza, M. F. (2022). La falta de probidad como causal de
despido en el Código del Trabajo [Tesis de Licenciatura, Universidad de Chile] https://
repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/187415/La-falta-de-probidad-como-causal-de-
despido-en-el-Codigo-del-Trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Torres Fragoso, J. (2023). Desafíos en el combate a la corrupción en Hispanoamérica: las
experiencias de Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Opera. 32 (dic. 2022),
109–137. https://doi.org/10.18601/16578651.n32.07
Toscano, F. (2018). Metodología de la Investigación. U. Externado de Colombia.
https://surli.cc/ucoibv
Sobre la autora
Silvia Cristina Duarte Lucero
Es Contadora Público y Auditora, Maestra en Fiscalización de la Administración Pública,
Docente Universitario a nivel de grado y posgrado; Actualmente Contralor General del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, laboró 20 años en Contraloría General de Cuentas,
concluyendo su etapa de servicio en esta institución como Directora de Probidad.
90
Financiamiento de la investigación
Con recursos propios.
Declaración de intereses
Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados
obtenidos o las interpretaciones propuestas.
Declaración de consentimiento informado
El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.
Derecho de uso
Copyright (c) (2025) Silvia Cristina Duarte Lucero
Este texto está protegido por la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
Este texto está protegido por una licencia
Creative Commons 4.0.
Es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar
el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito,
incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: debe reconocer él
crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se
han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que
sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.
Financiamiento de la investigación
Con recursos propios.
Declaración de intereses
Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados
obtenidos o las interpretaciones propuestas.
Declaración de consentimiento informado
El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.
Derecho de uso
Copyright (c) (2025) Silvia Cristina Duarte Lucero
Este texto está protegido por la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
Este texto está protegido por una licencia
Creative Commons 4.0.
Es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar
el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito,
incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: debe reconocer él
crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se
han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que
sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.