Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la posición oficial de
la USAC y sus miembros. La obra está protegida por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos emitida en el decreto No. 33-98 por

el Congreso de la República de Guatemala.
La Inteligencia Artificial en la fiscalización patrimonial en
América Latina

Artificial Intelligence in Asset Oversight in Latin America

Fredy Rolando Pineda Cermeño

Maestro en Administración Financiera

Universidad de San Carlos de Guatemala

Frepin1969@gmail.com

https://orcid.org/0009-0001-1129-8952

Resumen

OBJETIVO:
evidenciar que la falta de procesos sistematizados, como el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en
la fiscalización patrimonial de funcionarios y empleados públicos, incide negativamente en el cumplimiento de

las normativas de probidad y los Convenios Anticorrupción en América Latina. La IA, capaz de analizar grandes

volúmenes de información con precisión, constituye una herramienta estratégica para automatizar controles.

MÉTODO:
se realizó una investigación documental y comparativa entre los países de Argentina, Guatemala, Costa
Rica, Chile, Perú, México, Brasil y Colombia, lo que permitió identificar similitudes y diferencias en su contenido.

Se aplicó un muestreo intencional considerando la pertinencia temática en probidad y fiscalización patrimonial, la

viabilidad lingüística y el acceso a ponencias y materiales técnicos compartidos por pares de Entes Fiscalizadores,

adicionalmente se utilizó el criterio de búsqueda a través de bases de datos como Scopus, Redalyc, SciELO,

Google Académico y se revisaron 38 documentos publicados entre los años 1995 a la fecha.
RESULTADOS: se
identificó que, aunque los países comparten marcos normativos similares en materia de probidad, sus mecanismos

de fiscalización patrimonial siguen siendo manuales, reactivos y fragmentados, con escasa interoperabilidad

institucional.
CONCLUSIÓN: la incorporación de inteligencia artificial, aplicada con criterios de transparencia,
puede contribuir a reducir los niveles de corrupción, minimizar las deficiencias operativas y fortalecer la eficacia de

los sistemas de fiscalización patrimonial.

Recibido:
01/08/2025
Aceptado:
16/10/2025
Publicado:
24/11/2025
Referencia

Guzmán Castellano, D. A. (2025). Importancia del control interno en la auditoria.

Revista Científica del Sistema

de Estudios de Postgrado
. 8(2). 133-151. DOI: https://doi.org/10.36958/sep.v8i2.365
133
134
Abstract

OBJECTIVE:
to demonstrate that the absence of systematized processes—such as the application of Artificial
Intelligence (AI) in asset oversight of public officials—negatively affects compliance with probity regulations and

Anti-Corruption Conventions in Latin America. AI, with its ability to process large volumes of data accurately,

represents a strategic tool for automating oversight mechanisms.
METHOD: a documentary and comparative
study was conducted across Argentina, Guatemala, Costa Rica, Chile, Peru, Mexico, Brazil, and Colombia.

The analysis focused on identifying both similarities and differences in their regulatory frameworks. Purposive

sampling was employed based on thematic relevance to probity and asset oversight, language accessibility, and

availability of technical materials and presentations from peer oversight institutions. Sources included databases

such as Scopus, Redalyc, SciELO, and Google Scholar. A total of 38 documents published from 1995 to the

present were reviewed.
RESULTS: despite sharing similar probity frameworks, the examined countries continue
to rely on manual, reactive, and fragmented oversight mechanisms, with limited institutional interoperability.

CONCLUSION:
the incorporation of Artificial Intelligence, when applied with transparency principles, can
contribute to reducing corruption, minimizing operational inefficiencies, and enhancing the effectiveness of asset

oversight systems.

Keywords

corruption, regulation, probity, conventions, asset declaration, asset oversight, artificial intelligence (AI), transparency

Palabras clave

corrupción, normativa, probidad, convenios, declaración patrimonial, fiscalización patrimonial, inteligencia

artificial (IA), transparencia.
135
Introducción

El uso indebido del desempeño de un cargo público para beneficio propio, debilita la calidad del

gasto público y minimiza la confianza ciudadana. En ese contexto la fiscalización patrimonial

es un instrumento clave del control gubernamental: comprueba la congruencia entre ingresos

lícitos y variaciones patrimoniales de activos y pasivos de los servidores públicos, detecta

señales de enriquecimiento injustificado y podría incluso prevenir conflicto de intereses. Es,

por lo tanto, fundamental el proceso operativo del sistema de control interno como externo

que deben llevar a cabo los Entes Fiscalizadores, para asegurar la prevención, integridad,

transparencia y rendición de cuentas.

En América Latina, aunque los marcos normativos de probidad son relativamente homogéneos,

su efectividad se ve limitada por prácticas de fiscalización patrimonial, tradicionales,

fragmentadas y mayormente manuales (cruces puntuales, muestreos, reacciones a denuncias).

Esta brecha metodológica reduce la capacidad estatal para detectar oportunamente variaciones

patrimoniales atípicas, priorizar casos por riesgo y disuadir conductas de malas prácticas.

Ante ello, se plantea que modernizar el análisis patrimonial con inteligencia artificial (IA), para

ampliar cobertura, trazabilidad y objetividad del control, sin sustituir el juicio humano. La IA

permite perfilar riesgos, automatizar cruces masivos e identificar patrones anómalos, siempre

que se implemente con garantías de debido proceso, transparencia algorítmica y protección

de datos, sin perder de vista las Alianzas Estratégicas a nivel Nacional e Interinstitucional

con diferentes Instituciones, también es necesaria la definición de perfiles de riesgos y la

parametrización de reportes patrimoniales, que permitan avanzar en la reducción de esas

brechas de la corrupción.

La inteligencia artificial, podría ser el mecanismo idóneo de investigación, el equivalente a un

gran número de auditores, debido a su capacidad de analizar enormes cantidades de datos,

como señalan Soria et al. (2023) cuando describen: “La minería de datos se refiere al proceso

de extraer información valiosa y relevante de (grandes) conjuntos de datos” (p. 20).

La presente investigación, se realiza como, requisito para optar al Grado de Doctorado en

Auditoria Financiera, con énfasis en Control Interno Gubernamental, del Centro Universitario

del Norte –CUNOR- de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La persistencia de malas prácticas en el uso de los recursos gubernamentales y sus efectos

sobre la calidad del gasto público, los servicios sociales y la confianza institucional justifican la

necesidad de un enfoque renovado de fiscalización patrimonial. Con el propósito de enmarcar

la investigación, se presenta el planteamiento del problema:
136
Tabla 1

Planteamiento del Problema

Nota: Elaboracion propia con base a la investigacion a realizar.

De acuerdo al indicador de Transparency International, 2024 “con una muestra de ciento

ochenta (180) países a nivel mundial, reflejaba que existen regiones en donde no se

evidencian mejoras, en cuanto a los esfuerzos para combatir la corrupción, al contrario se

denota cierta disminución en sus indicadores, siendo pocos los países que han mejorado su

percepción, Europa Occidental y la Unión Europea, contrario a Colombia, Argentina, Brasil,

Perú, México y Guatemala, que no superan los cuarenta (40) puntos, encontrándose entre los

peores calificados”.

Se realizó la investigación con el fin de efectuar un analisis comparativo de las normativas de

algunos paises de America Latina, se presenta a continuación:
137
Tabla 2
Normativa de Probidad y Fiscalización Patrimonial
138
Nota: Elaboración propia con base a información de análisis documental e información de

Transparency International 2024.
139
Fiscalización Patrimonial

Dadas las circunstancias mencionadas y con base en las normativas analizadas, puede notarse

que los procedimientos de fiscalización patrimonial resultan, en gran medida, homogéneos

entre los países estudiados. En la fiscalización patrimonial de los servidores públicos no se

observan señales de cambio respecto del enfoque tradicional, ni una incorporación sistemática

de tecnología como estrategia de control.

En este contexto, no se advierten protocolos diferenciados: los procesos y las disposiciones

convergen en definir sujetos obligados y exigir declaraciones de activos y pasivos al inicio y al

cese del cargo o cuando se reportan variaciones patrimoniales durante su ejercicio.

La metodología predominante sigue siendo la de cruces puntuales de información, lo que

tensiona la capacidad operativa de las entidades fiscalizadoras frente al volumen anual de

declaraciones. Por ejemplo, según Memoria de Labores de la Contraloría General de Cuentas

de Guatemala (2024), se recibieron 41,104 declaraciones, cifra que varía según el tamaño del

país y las coyunturas políticas (suele incrementarse con los cambios de gobierno). Bajo este

esquema, resulta difícil realizar una revisión objetiva y razonable de la situación patrimonial, en

ese contexto los países no alcanzan plenamente las expectativas fijadas por sus normativas y

por los instrumentos internacionales anticorrupción.

Una razón central es la ausencia de estrategias definidas para sistematizar los procedimientos.

Con frecuencia, las auditorias se activan reactivamente por noticias de prensa, requerimientos

de la autoridad investigadora o denuncias ciudadanas, que son eventuales y no cubren el

universo declarativo. En consonancia con la guía StAR
1 del Banco Mundial (Rossi, Pop y
Berger, 2017), se recomienda institucionalizar protocolos de verificación basados en riesgo

que integren perfilamiento y muestreo dirigido, cruces automatizados y masivos con fuentes

internas y externas (tributarias, registrales, financieras y de contrataciones) y criterios

transparentes de selección y priorización formalizados en manuales operativos, con el fin de

ampliar cobertura, mejorar trazabilidad y reducir discrecionalidad.

Aplicación de la Inteligencia Artificial en América Latina

A nivel internacional, diversas organizaciones como la INTOSAI, la OCDE y la Comisión

Europea han promovido la adopción de inteligencia artificial y tecnologías emergentes

en los procesos de control gubernamental y auditoría digital. Estos enfoques refuerzan la

necesidad de marcos normativos que garanticen la transparencia algorítmica, la trazabilidad

de decisiones automatizadas y la responsabilidad institucional. La literatura especializada en

auditoría digital también ha destacado el valor de la automatización para mejorar la eficiencia

1 StAR: Iniciativa de Recuperación de Activos Robados, es una asociación entre el Grupo del Banco Mundial y la

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que apoya los esfuerzos internacionales que buscan

poner fin a los refugios seguros para los fondos corruptos.
140
y cobertura del control público (OECD, 2022), lo que respalda el enfoque propuesto en este

estudio para la fiscalización patrimonial.

Los países que destacan en el proceso de aplicación de dicha herramienta en el campo de la

investigación, desarrollo y adopción de la inteligencia artificial, en áreas como la infraestructura

tecnológica, desarrollo de talento especializado, productividad científica y capacidad de

innovación, son Chile, Uruguay y Brasil, que podrían considerarse líderes regionales” (Centro

Nacional de Inteligencia Artificial –ILIA-, 2024).

Tabla 3
Indicadores comparativos de países líderes en IA en América Latina
Nota: Elaboración propia con base al Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial –2024-

Algunos países de América Latina, como Chile, han iniciado la implementación de

herramientas de inteligencia artificial en sus sistemas de fiscalización. En particular, el Servicio

de Impuestos Internos (SII) chileno, ha utilizado algoritmos para el análisis automatizado de

datos tributarios, lo cual ha generado cuestionamientos en torno a la legalidad y transparencia

de estos procesos.

Álvarez Vega (2024) advierte que la automatización debe implementarse con garantías

suficientes que resguarden el debido proceso. En contraste, la mayoría de países de la región

aún no incorporan mecanismos tecnológicos avanzados para la fiscalización patrimonial,

lo que evidencia una brecha en capacidad institucional y voluntad política. Esta diferencia

subraya la urgencia de avanzar hacia modelos modernos y transparentes, donde la IA se
141
integre sin vulnerar derechos fundamentales, potenciando la eficacia del control público.

(Álvarez Vega, 2024)

Es importante destacar que, si bien en estos países se evidencian ciertos avances tecnológicos,

los mismos no están enfocados a fiscalizar o auditar la situación patrimonial de los funcionarios

y empleados Públicos.

Materiales y métodos

Para el análisis documental, se consideró el criterio de búsqueda de información en bases

de datos académicas como Scopus, Redalyc, SciELO y Google Académico en el marco de

una revisión narrativa. Se priorizaron fuentes científicas y estudios académicos relacionados

con la fiscalización patrimonial y la inteligencia artificial en América Latina. La selección

incluyó investigaciones que abordaron tanto experiencias institucionales como desarrollos

normativos en la región. La búsqueda permitió identificar 38 documentos relevantes. No se

aplicó un protocolo de revisión sistemática, ya que el objetivo principal fue ofrecer una visión

comparativa, exploratoria y propositiva, centrada en estudios clave, marcos legales y casos

recientes que articulan la inteligencia artificial con los procesos de control patrimonial.

El criterio para selección de países, se basó en atención a la pertinencia temática (probidad

y fiscalización patrimonial), viabilidad lingüística y acceso a ponencias y materiales técnicos

compartidos por pares. Cabe mencionar que una fracción de los insumos procede de

comunicaciones personales y materiales no publicados vinculados a instancias de intercambio

técnico en la región por pares.

En ese contexto se realizó una investigación de carácter documental en los paises precitados,

para contar con elementos de juicio suficientes y comprobar la premisa que los procesos

actuales de fiscalización patrimonial de funcionarios y empleados públicos, por parte de

las Entidades Fiscalizadoras, no han tenido mayor incidencia positiva para cumplir con la

Normativa de Probidad y lo preceptuado en la Convención de Naciones Unidas Contra la

Corrupción en América Latina.

Finalmente se obtuvo informacion relacionada con los Indices de Percepcion de la Corrupcion

con base a los indicadores de Transparency International (2024), para argumentar

razonablemente la investigacion.

Resultados y discusión

La ausencia de sistemas automatizados en la fiscalización patrimonial obstaculiza el avance

hacia una mayor transparencia en la función pública y limita la capacidad estatal para combatir
142
“Aún debemos encontrar un sistema de declaración de patrimonio e intereses que logre

realizar la verificación a fin de detectar cualquier inexactitud o irregularidad. Algunos sistemas

de verificación tienen como único objetivo la identificación de conflictos de interés reales o

potenciales” (p. 77).

eficazmente la corrupción. Esta carencia se refleja en los elevados niveles de percepción de

corrupción en varios países de América Latina. Rossi et al. (2017) advierten que:

Este diagnóstico refuerza la necesidad de adoptar enfoques más sólidos, apoyados en

tecnologías que fortalezcan la capacidad institucional de control.

En contraste, la literatura especializada en auditoría digital ha demostrado que la inteligencia

artificial (IA) puede automatizar procesos de supervisión interna, reducir la carga operativa y

ampliar el alcance del monitoreo financiero y patrimonial. Desde una perspectiva de política

pública, la Comisión Europea (2020) plantea que el despliegue de IA en el sector público

debe inscribirse en un “ecosistema de confianza” con un enfoque basado en riesgos, que

garantice derechos fundamentales, transparencia y supervisión humana, y una gobernanza

de datos robusta. Este marco favorece procedimientos estandarizados, trazables y auditables,

condiciones esenciales para la fiscalización patrimonial y la detección de inconsistencias con

debido proceso (Comisión Europea, 2020).

Complementariamente, un estudio reciente de Genaro-Moya et al. (2025) examina el papel

transformador que puede desempeñar la IA en la auditoría del sector público, específicamente

en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Los autores destacan que la IA tiene el

potencial de mejorar la eficiencia operativa, aumentar la transparencia y facilitar el análisis de

grandes volúmenes de datos financieros y patrimoniales en tiempo real, siempre que existan

capacidades institucionales y estándares de gobernanza que orienten su adopción.

A pesar de estas oportunidades, la implementación efectiva de IA enfrenta barreras relevantes.

Torroba Díaz (2023), en su tesis doctoral Análisis de las barreras que impiden la adopción del

análisis de datos y la inteligencia artificial en la Auditoría de Cuentas, identifica obstáculos

como la falta de formación técnica especializada, la opacidad algorítmica, la desconfianza

institucional y la ausencia de un marco regulatorio claro. Según la autora, “la implementación

de herramientas de inteligencia artificial en la auditoría no solo implica una transformación

tecnológica, sino también un cambio cultural profundo dentro de las organizaciones, donde

aún persisten resistencias derivadas del desconocimiento, la falta de formación técnica y la

escasa confianza en los sistemas automatizados” (pp. 171–173). Estos hallazgos refuerzan

la importancia de acompañar los avances tecnológicos con gobernanza ética, transparencia

operativa y colaboración interdisciplinaria.
143
En el mismo sentido, el ICAC
2 (2025) desde la perspectiva de la auditoría de cuentas, constata
que el sector requiere estrategias integrales de IA, formación práctica, guías/estándares claros

y ciberseguridad para sostener la confianza, asegurar la explicabilidad de las herramientas

y facilitar su validación. Aunque el enfoque del ICAC es el ámbito privado/profesional, sus

recomendaciones son transferibles al control patrimonial público.

De forma complementaria, Villca Condori (2025), mediante una revisión sistemática en el

ámbito municipal peruano, evidencia que la IA puede reducir la evasión y mejorar la eficiencia

institucional, siempre que su implementación esté respaldada por marcos normativos

adecuados y cooperación interinstitucional. Esto enlaza con la necesidad ya señalada por

OCDE
3 (2022) e INTOSAI4 (2020) de avanzar en digitalización de la auditoría pública, pero
con salvaguardas de transparencia, trazabilidad y protección de datos.

Pese a estos desarrollos, el presente estudio confirma que la mayoría de países

latinoamericanos aún no incorporan IA en la fiscalización patrimonial de forma sistemática.

Aunque organismos como los mencionados en el párrafo anterior, promueven la digitalización,

persisten limitaciones técnicas, institucionales y políticas que demoran su adopción, en parte

por la débil sistematización de procesos, por ende la ausencia de convenios interinstitucionales

que faciliten la interoperabilidad y la débil fiscalización inciden en la capacidad insuficiente

para implementar procesos sistematizados y la transparencia de la función pública. En

este escenario, se vuelve necesario repensar el alcance de las convenciones y tratados

anticorrupción, los cuales deberían establecer mecanismos más exigentes y consecuencias

claras ante su incumplimiento. La falta de efectos tangibles pone entre dicho su legitimidad,

incluso en Estados adherentes que mantienen altos niveles de corrupción.

La corrupción afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, agravando

deficiencias en salud, educación, seguridad y servicios básicos, y perpetuando condiciones

de exclusión social (OECD, 2022b). En consecuencia, el tránsito hacia modelos de control

patrimonial asistidos por IA requiere rediseñar procesos, invertir en capacidades digitales,

asegurar la interoperabilidad y adaptar los sistemas de control bajo principios de ética,

transparencia y rendición de cuentas (INTOSAI, 2020; OECD, 2022a).

En síntesis, aunque la implementación de IA en la región aún es incipiente, representa una

oportunidad estratégica frente a las limitaciones de los métodos tradicionales. La evidencia

sugiere que la adopción responsable de IA, guiada por un enfoque basado en riesgos,

gobernanza de datos, supervisión humana, explicabilidad y ciberseguridad, puede elevar la

efectividad del control patrimonial y fortalecer la integridad pública. Si bien algunos países como

Chile, Brasil y Uruguay han logrado avances en automatización tributaria o administrativa,

estos esfuerzos aún no se han extendido plenamente al control patrimonial.

2 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España (Organismo Público, Adscrito al Ministerio de

Economía, Comercio y Empresa).

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Organismo Internacional.

4 Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
144
Propuesta de Aplicación de Inteligencia Artificial

Alianzas Interinstitucionales

El primer paso para la implementación de inteligencia artificial, es establecer convenios o

alianzas estratégicas para el intercambio de la información, con Entidades que lleven controles

de Fiscalización en materia tributaria, Registros de Empresas Mercantiles, Registros de

Propiedades de Bienes Inmuebles, Registros de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aeronaves,

Registros de Control Marcas y Patentes, Registros de todo tipo de ganado o semovientes,

Sistema Financiero, etc.

Generación de Reportes Comparativos

Concluida la primera fase, se configura en el sistema la generación de reportes comparativos

automáticos de activos y pasivos. Estos reportes podrán generarse de la información

patrimonial de la toma de posesión, ampliación o actualización y cese de cargo. De este

modo, es posible detectar compras posteriores a la toma de posesión, como señal de análisis

para evaluar la razonabilidad de las operaciones, no solo en adquisiciones, sino también en

desembolsos destinados a gastos o pagos que resulten inusuales. Esto es relevante porque

las prácticas de corrupción no siempre se reflejan en nuevas compras: también pueden

evidenciarse en la disminución atípica de pasivos. Asimismo, uno de los momentos críticos

del análisis patrimonial ocurre cuando el funcionario o servidor público deja el cargo, pues con

frecuencia en dicho momento se evidencian incrementos patrimoniales.

Figura 1
Monitoreo con Inteligencia Artificial
Nota: Imagen de canva, la descripción, elaboración propia.
145
Alianzas Institucionales

Este proceso es sumamente importante para la verdadera lucha en contra de la corrupción,

este paso tan importante no debiera de ser difícil, considerando que existe la Convención de

Naciones Unidas Contra la Corrupción, en ese orden se considera un momento oportuno en

esta era tecnológica replantear esos convenios, que permita el intercambio de información a

nivel internacional, lo cual contribuiría a cerrar esas de la corrupción.

Perfiles de Riesgos

Es importante tomar en cuenta que dentro de la magnitud de los sujetos obligados, es decir

personas que deben de presentar o reportar su patrimonio con base a las normativas de

probidad de sus países, muchas veces, no todos reflejan un perfil de riesgo de corrupción,

es por ello la importancia de definir dichos perfiles, enfocados en aquellos caso en donde la

percepción de riesgo es mayor, como en los cargos en puestos fronterizos, áreas financieras,

bodegas o bien aquellos casos de Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), siendo estos

los cargos más importantes que ocupan las personas en las instituciones públicas, en algunos

países posiblemente no se denominen de esa manera.

Beneficios Esperado

Los efectos de la corrupción se manifiestan en diversas áreas del desarrollo social, gene
-
rando impactos negativos en sectores como la salud, la educación, la seguridad ciudadana

y la migración forzada. En este contexto, la fiscalización patrimonial asistida por inteligencia

artificial se proyecta como una herramienta con capacidad para incidir positivamente en el

fortalecimiento institucional y el desarrollo socioeconómico.

A continuación, se resumen los beneficios esperados de su implementación en los sistemas

de fiscalización patrimonial:

Tabla 4
Beneficios Esperados de la IA en la fiscalización patrimonial
146
Nota: Elaboración Propia a partir de la investigación realizada.

Así, la IA se posiciona como un recurso estratégico para promover la transparencia, la rendición

de cuentas y la confianza ciudadana.

Conclusiones

La fiscalización patrimonial constituye un componente estratégico en las políticas
de integridad pública y lucha contra la corrupción. No obstante, en muchos países de

América Latina, su eficacia continúa limitada por procedimientos manuales, fragmentados

y escasamente interoperables. A pesar de los avances normativos y los compromisos

asumidos en instrumentos internacionales, persiste una brecha significativa entre el

mandato legal y su implementación efectiva.

La inteligencia artificial (IA) se presenta como una oportunidad transformadora en este
escenario, al permitir automatizar la fiscalización patrimonial, generar alertivos y realizar

cruces masivos de datos en tiempo real. Su incorporación debe ir acompañada de garantías

institucionales, incluyendo el respeto al debido proceso, la transparencia algorítmica, la

protección de datos personales y la auditoría de los propios sistemas tecnológicos.

Para avanzar hacia un modelo más robusto y preventivo de control patrimonial, se propone
una estrategia basada en tres ejes fundamentales:

Primero, establecer alianzas interinstitucionales nacionales e internacionales que
permitan el acceso automatizado a registros clave (propiedad, vehículos, sociedades,

marcas, sistemas financieros, entre otros), facilitando el cruce de información para

detectar inconsistencias patrimoniales relevantes.
147
En conjunto, estas acciones pueden traducirse en una política nacional de fiscalización

patrimonial digital, respaldada por un marco normativo interoperable, una gobernanza

algorítmica sólida y una profesionalización sostenida de las capacidades técnicas en los

órganos de control y justicia. La implementación progresiva de estos pilares no solo fortalecerá

la rendición de cuentas, sino que también enviará una señal clara de compromiso institucional

frente a la corrupción.

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Segundo, implementar sistemas de generación de reportes comparativos
automatizados, que analicen de forma dinámica las variaciones en el patrimonio

de los sujetos obligados desde el inicio, durante y al término del ejercicio del cargo

público. Esto incluye no solo adquisiciones, sino también pagos, cancelaciones de

deudas y otras operaciones significativas que puedan indicar un enriquecimiento no

justificado.

Tercero, avanzar hacia un esquema de monitoreo continuo mediante IA, basado
en perfiles de riesgo diferenciados. Esto permitirá priorizar el control sobre grupos

más expuestos, como personas políticamente expuestas (PEP), funcionarios en

zonas de frontera o áreas financieras sensibles, maximizando el uso eficiente de los

recursos públicos.
148
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Sobre el autor

Fredy Rolando Pineda Cermeño

Licenciado en Administración de Empresas, Contador Público y Auditor, Maestría en Adminis
-
tración Financiera.

Financiamiento de la investigación

Con recursos propios.

Declaración de intereses

Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados

obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Derecho de uso

Copyright (c) (2025) Fredy Rolando Pineda Cermeño

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