
Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la posición oficial de
la USAC y sus miembros. La obra está protegida por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos emitida en el decreto No. 33-98 por
el Congreso de la República de Guatemala.Evolución de la inclusión financiera
en Guatemala 2013-2024
Evolution of financial inclusion in Guatemala 2013-2024
Javier Eugenio Incer Munguía
Doctor en Ciencias Sociales y Humanas
Universidad Pontificia de Salamanca
javierincer@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-3709-6224
Resumen
OBJETIVO: analizar la evolución de la inclusión financiera en Guatemala, concentrándose en aspectos como el
acceso al crédito, los hábitos de ahorro y la distribución de la cartera crediticia tanto territorial como sectorialmente.
MÉTODO: la investigación utilizó fuentes secundarias y un enfoque cualitativo-documental para observar avances
y, a la vez, las persistentes brechas estructurales que afectan a segmentos de la población. RESULTADOS:
en Guatemala, el acceso al crédito bancario ha crecido moderadamente, aunque persisten desigualdades que
benefician al área metropolitana. Mientras tanto, los depósitos de ahorro han aumentado en zonas rurales, pero los
depósitos a plazo han disminuido. Se encontró una segmentación territorial y étnica en el acceso al financiamiento.
La cartera de microfinanzas muestra una tendencia hacia el crédito individual en lugar de modalidades colectivas.
Además, más de la mitad de los hogares carece de garantías formales, lo que evidencia una exclusión estructural
del crédito para amplios sectores de la población. CONCLUSIÓN: los hallazgos subrayan la persistencia de
desigualdades, como la segmentación territorial y étnica en el acceso al financiamiento
Recibido: 24/04/2025
Aceptado: 09/09/2025
Publicado: 24/11/2025
Referencia
Incer Munguía, J. E. (2025). Evolución de la inclusión financiera en Guatemala 2013-2024.
Revista Científica del
Sistema de Estudios de Postgrado. 8(2). 109-132. DOI: https://doi.org/10.36958/sep.v8i2.351
Palabras clave
inclusión financiera, acceso al crédito, ahorro bancario, microfinanzas, segmentación territorial financiera
109

110
Abstract
OBJECTIVE: analyze the evolution of financial inclusion in Guatemala, focusing on aspects such as access
to credit, savings habits, and the distribution of the loan portfolio across territories and sectors. METHOD: the
research used secondary sources and a qualitative documentary approach to observe progress and, at the same
time, the persistent structural gaps affecting segments of the population. RESULTS: in Guatemala, access to bank
credit has grown moderately, although inequalities that benefit the metropolitan area persist. Meanwhile, savings
deposits have increased in rural areas, but term deposits have decreased. Territorial and ethnic segmentation
was found in access to financing. The microfinance portfolio shows a tendency toward individual credit rather
than collective modalities. Furthermore, more than half of households lack formal collateral, which evidences a
structural exclusion from credit for large sectors of the population. CONCLUSION: the findings underscore the
persistence of inequalities, such as territorial and ethnic segmentation in access to financing.
Keywords
financial inclusion, access to credit, bank savings, microfinance, financial territorial segmentation

111
Introducción
Se afirma que la inclusión financiera constituye un pilar para la reducción de la pobreza al
facilitar el acceso a servicios que permiten gestionar riesgos, invertir en capital humano y
productivo y mejorar el bienestar general (Ledgerwood, J., Earne, J., & Nelson, C. (Eds.)
(2013); Perossa y Estrada, 2015, Álvarez-Gamboa, J., Jácome-Estrella, H. & Cabrera-Barona,
P. (2022).). En contextos como Guatemala -caracterizados por desigualdades multifacéticas y
conectadas con las dimensiones de etnicidad, género y geografía - este acceso requiere de
una oferta institucional no solo disponible, sino también territorial y culturalmente adecuada
(Asturias, R., Díaz, F., Castillo, J., Alvarado, C., & Molina, M. (2024a)
Organismos multilaterales y expertos en desarrollo enfatizan que la inclusión financiera
debe concebirse como un derecho habilitante: una condición básica para acceder a otras
oportunidades económicas y sociales Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., &
Hess, J. (2022); Organización de las Naciones Unidas, 2023; Yunus, 2017)
Sin embargo, la evidencia empírica en América Latina y el Caribe indica que la expansión
cuantitativa del acceso financiero no ha sido suficiente para reducir las desigualdades si no va
acompañada de estrategias que reconozcan las segmentaciones de género, etnia, patrimonio
y ubicación geográfica (Ledgerwood, J., Earne, J., & Nelson, C. (Eds.) (2013); Fama, (s.f);
Attanasio, H., De La O, A. L., Ferreira, F. H. G., Ibáñez, A. M., & Messina, J. (2025)
Para el ámbito guatemalteco, las fuentes revisadas comprenden estudios de la Universidad del
Valle de Guatemala, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de
Bancos, así como investigaciones académicas y tesis sobre microfinanzas, junto con análisis
elaborados por organizaciones y universidades internacionales. Estos trabajos abordan la
inclusión financiera en Guatemala desde diversos enfoques, coincidiendo en que se trata de
un fenómeno complejo que exige esfuerzos coordinados entre los sectores público y privado.
Asimismo, resaltan la necesidad de adaptar las estrategias a las particularidades de cada
grupo vulnerable y de superar barreras estructurales, de conocimiento y de confianza.
Los trabajos destacan que, en las últimas dos décadas, la inclusión financiera en Guatemala
ha adquirido una relevancia creciente, reconocida como una herramienta clave para reducir
la pobreza, estimular el crecimiento económico y fortalecer la estabilidad financiera.
No obstante, y como se verá más adelante, persisten desafíos importantes. La oferta de
servicios financieros se concentra en zonas urbanas, especialmente en el departamento de
Guatemala, mientras que las áreas rurales y comunidades del altiplano occidental permanecen
rezagadas. Factores como las largas distancias, la escasa presencia de sucursales y cajeros
automáticos, y la dependencia de intermediarios —por ejemplo, agentes bancarios— limitan
significativamente el acceso. En Guatemala, esta realidad se traduce en una concentración
urbana del crédito, una baja penetración financiera en territorios indígenas, una dependencia
de fuentes informales y una exclusión de facto basada en la incapacidad de presentar garantías
aceptables para el sistema financiero formal.

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En el plano normativo, el marco regulatorio sigue siendo incipiente, con vacíos en la discusión
y evaluación de políticas, y con la necesidad de fortalecer la Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera (ENIF) promovida por el Banco de Guatemala. Tal entidad afirma que la baja confianza
en las instituciones y el desconocimiento sobre derechos y productos financieros profundizan la
exclusión: En efecto, en 2017, el 51 % de la población identificó la falta de confianza como una
barrera para abrir una cuenta, y en 2014, el 68 % de los clientes sobreendeudados desconocía
su tasa de interés (Comisión de Inclusión Financiera, 2019, 2024)
Otros retos persistentes son la limitada educación financiera, la escasa adecuación de
los productos a las necesidades de la población de bajos ingresos, los altos costos de los
microcréditos, las exigencias de garantías tradicionales y la brecha digital (Incer, 2024). Estas
dificultades impactan de forma más pronunciada a mujeres, jóvenes, pueblos indígenas
y comunidades rurales pobres, quienes enfrentan barreras adicionales de tipo cultural,
lingüístico y económico.
El sobreendeudamiento en microfinanzas constituye otra preocupación central (Chester, 2014,
Juárez y Ibarra, 2014). De acuerdo con Juárez & Ibarra (2014), en 2015 el 44,48 % de los clientes
de microfinancieras se encontraba sobreendeudado, con un riesgo agregado que superaba
los Q1,137 millones. Entre las causas figuran la competencia agresiva entre prestamistas, la
ausencia de verificación crediticia a través de burós y la insuficiente educación financiera.
Pese a este panorama, las instituciones microfinancieras y las cooperativas poseen un alto
potencial para ampliar el alcance de los servicios financieros en comunidades rurales. La
creación de productos adaptados —como cuentas simplificadas, microseguros o mecanismos
de financiamiento con garantías no convencionales— representa una oportunidad para
responder de forma más efectiva a las necesidades locales y promover una inclusión financiera
más equitativa y sostenible.
Este estudio se justificó por la necesidad de generar evidencia empírica actualizada sobre la
evolución de la inclusión financiera en el país. Las preguntas que guiaron el análisis fueron
las siguientes:
1. ¿De qué manera las brechas geográficas, étnicas y socioeconómicas en Guatemala
condicionan el acceso diferenciado al crédito y a los productos financieros formales entre
2013 y 2024?
2. ¿Cuáles son las metodologías de crédito que aplican las Instituciones Microfinancieras y
qué cambios se han producido?
Ambas interrogantes parten del reconocimiento de que la exclusión financiera en Guatemala
es un fenómeno heterogéneo y multidimensional.
El estudio se organizó en seis secciones. La Introducción plantea la relevancia de la inclusión
financiera y define los objetivos. La revisión de literatura recoge hallazgos internacionales

113
y nacionales, que sirven de marco para el análisis. La Metodología explica la selección de
fuentes, la construcción de indicadores y el uso de datos de diferentes fuentes. En Resultados
se presentan las principales evidencias: desigualdades territoriales y étnicas, concentración
urbana del crédito, transición metodológica hacia el crédito individual y disminución de
depósitos a plazo. La discusión En el apartado de la discusión se contrastan contrasta estos
hallazgos con estudios previos y los vincula con políticas actuales, especialmente la ENIF
2024–2027, destacando la necesidad de enfoques territoriales e interculturales. Finalmente, las
Conclusiones y recomendaciones subrayan la urgencia de transformar reglas, metodologías
y productos financieros para lograr una inclusión que fortalezca el bienestar y la resiliencia de
los hogares excluidos.
Metodología del estudio
La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo-documental, sustentado en una
revisión crítica de literatura nacional e internacional sobre inclusión financiera, con énfasis en
el contexto guatemalteco.
Criterios de selección de fuentes
Se incluyeron estudios publicados en los últimos 20 años (2003-2023) que cumplieran al
menos uno de los siguientes criterios:
• Analizar la inclusión financiera en Guatemala o en contextos comparables de América
Latina.
• Presentar datos empíricos relevantes para el país (encuestas, estadísticas, estudios de
caso).
• Examinar dimensiones clave como acceso, uso, calidad y bienestar de los servicios
financieros.
• Incluir grupos vulnerables: mujeres, población rural, pueblos indígenas, jóvenes, receptores
de remesas y micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME)
• Incorporar información normativa, política pública o estrategias vigentes (por ejemplo,
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera).
• Se priorizaron investigaciones publicadas por organismos oficiales (Banco de Guatemala,
Superintendencia de Bancos, Ministerio de Economía), universidades nacionales e
internacionales, tesis de posgrado y artículos arbitrados.
• Construcción de indicadores
• A partir de las fuentes seleccionadas, se definieron indicadores para caracterizar la
inclusión financiera, considerando:
• Acceso: número de puntos de atención (agencias, cajeros, agentes bancarios) por cada
10,000 adultos.
• Uso: porcentaje de adultos con cuentas, créditos activos, pagos digitales o transacciones
vía agentes.

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• Calidad: adecuación de productos a necesidades de clientes, tasas de interés, condiciones
de acceso.
• Bienestar: impacto percibido en ingresos, capacidad de ahorro, resiliencia ante shocks
económicos.
Cuando fue posible, se emplearon definiciones y métricas alineadas con estándares
internacionales (Global Findex, AFI) para asegurar comparabilidad.
Herramientas y técnicas de análisis
El análisis se realizó en dos etapas:
• Etapa descriptiva: sistematización de datos y hallazgos por dimensiones de inclusión
financiera, usando tablas comparativas y matrices de extracción de información.
• Etapa interpretativa: análisis temático y contraste con marcos normativos y estrategias
vigentes para identificar brechas, oportunidades y coincidencias entre estudios.
La elección de este enfoque se justifica porque la naturaleza del fenómeno —multidimensional
y con fuerte interacción entre factores económicos, sociales y culturales— requiere integrar
evidencia cuantitativa y cualitativa, y contrastarla con políticas y marcos regulatorios.
Resultados
Entre 2013 y 2024, la inclusión financiera en Guatemala mostró avances moderados, pero
desiguales. El acceso al crédito formal creció levemente, interrumpido por una contracción
durante la pandemia y seguido de un repunte desigual, concentrado principalmente en
áreas urbanas como el departamento de Guatemala. En contraste, departamentos rurales
e indígenas mantuvieron tasas persistentemente bajas, evidenciando brechas estructurales.
En materia de ahorro, los depósitos en cuentas crecieron con mayor dinamismo en zonas
rurales, mientras que los depósitos a plazo cayeron reflejando una preferencia por liquidez y
menor atractivo de tasas de interés.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023 reveló que solo el 9.9 % de los hogares
solicitó un préstamo en el último año, con marcadas diferencias territoriales. Los usos
del crédito también variaron: en regiones indígenas predominó la inversión en vivienda y
agricultura, mientras que en otras zonas se destinó principalmente a salud, alimentación y
pago de deudas.
Por otra parte, las fuentes de financiamiento mostraron una segmentación clara: el 57% de
los hogares obtuvo préstamos de la banca privada, aunque en departamentos indígenas
y rurales prevalecieron las cooperativas y redes informales. La falta de garantías formales

115
afecta al 56.1 % de los hogares, limitando el acceso a productos financieros tradicionales y
reforzando la dependencia de mecanismos comunitarios o prestamistas no regulados.
El sector de microfinanzas atravesó una etapa de contracción entre 2017 y 2019, seguida
de un crecimiento acelerado post-2020. La composición sectorial del crédito se reconfiguró:
el comercio, aunque aún dominante, redujo su peso mientras que vivienda y agropecuaria
incrementaron su participación. Además, las metodologías de financiamiento cambiaron
significativamente: el crédito individual pasó de representar el 66.3 % en 2017 al 87.3 % en
2024, desplazando a modelos colectivos como el banco comunal y el grupo solidario.
Concentración geográfica del crédito bancario y brechas estructurales
en la inclusión financiera
El porcentaje de adultos con al menos un préstamo bancario ha mostrado un incremento
progresivo en el período analizado. En 2013 era del 14.9 %, y en 2024 alcanza el 15.9 %,
aunque con altibajos durante los años más duros de la pandemia (12.1 %). Entre 2023 (13.2
%) y 2024 (15.9%), se observa un aumento de 2.7 puntos porcentuales, lo que sugiere una
reactivación del crédito después de la pandemia (Figura 1)
Figura 1Porcentaje de adultos con al menos un préstamo bancario. Período 2013-2024
Nota. La Figura 1 destaca las brechas territoriales en el acceso al crédito formal, con un
marcado liderazgo del departamento de Guatemala y rezago persistente en departamentos
como Totonicapán, Quiché, Alta Verapaz, que se caracterizan por altas tasas de ruralidad y
de población indígena como Alta Verapaz y Totonicapán. Tomado de Superintendencia de
Bancos de Guatemala, (2024).

116
Departamentos predominantemente rurales con alta presencia de pueblos indígenas como
Totonicapán, Sololá, Quiché presentan tasas persistentemente bajas, con escaso crecimiento
en toda la serie histórica, mostrando desigualdades en el acceso al crédito.
La información sugiere que el sistema financiero formal sigue una lógica concentradora,
favoreciendo a zonas urbanas y excluyendo a departamentos con mayoría indígena y alta ruralidad.
Por otra parte, la pandemia (2020-2021) marcó un retroceso o estancamiento en la mayoría de los
departamentos. El repunte reciente en 2023-2024 sugiere que algunas instituciones financieras
están retomando la colocación de préstamos, aunque el despegue es desigual.
Crecimiento y diversificación de los hábitos de ahorro: tendencias
territoriales en la bancarización formal
El porcentaje promedio de adultos con depósitos de ahorro ha mostrado un incremento
constante, pasando del 35.9 % en 2013 al 41.8 % en 2024, con su punto más alto en 2023 (43.8
%). El análisis longitudinal de los depósitos de ahorro en cinco departamentos seleccionados
de Guatemala revela tendencias diferenciadas en la bancarización formal y el comportamiento
financiero de la población adulta (Figura 2).
El mayor crecimiento interanual se registró entre 2020 y 2022, posiblemente debido a la
incertidumbre económica causada por la pandemia, que llevó a muchas personas a aumentar sus
reservas de efectivo como medida de seguridad. Se constató que la mayoría de los departamentos
de Guatemala han incrementado su porcentaje de depósitos de ahorro en relación con el total de
depósitos, con casos destacados como Jutiapa, Baja Verapaz y San Marcos.
Figura 2Porcentaje de adultos con depósitos de ahorro por departamentos seleccionados. Período
2013-2024
Nota. La Figura 2 muestra la tendencia de crecimiento continuo, especialmente marcada
en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango. Tomado de Superintendencia de
Bancos de Guatemala, (2024).

117
El análisis muestra que, si bien todos los departamentos analizados registran mejoras en el
acceso y uso de depósitos de ahorro, las trayectorias no son uniformes.
Declive sostenido de los depósitos a plazo: preferencias por liquidez
En contraste con el aumento de los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo han mostrado
una tendencia decreciente en la última década. El promedio nacional de adultos con depósitos
a plazo muestra una tendencia decreciente. En 2013 era del 39.4 %, y en 2024 se sitúa en
33.8 %, reflejando una caída de 5.6 puntos porcentuales en 12 años (Figura 3). El descenso
se acentuó entre 2019 (39.1 %) y 2020 (36.0 %).
Figura 3Porcentaje de adultos con depósitos a plazo por departamentos seleccionados. Período
2013–2024
Nota. La Figura 3 ilustra la tendencia general a la baja, especialmente acentuada en
departamentos predominantemente rurales y con alta presencia de pueblos indígenas,
así como durante el período de pandemia. Tomado de Superintendencia de Bancos de
Guatemala, (2024).
Esta disminución puede atribuirse a varios factores, incluyendo tasas de interés menos
atractivas, mayor acceso a otros instrumentos financieros y una preferencia por la liquidez
inmediata. Los departamentos con la mayor caída en depósitos a plazo son Sololá, Escuintla
y Chimaltenango, donde la reducción ha sido superior a 8 puntos porcentuales
118
Acceso desigual y usos heterogéneos del crédito en los hogares:
evidencias territoriales a partir de la ENCOVI 2023
Según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023, el 9.9 % de los
hogares en Guatemala reportaron haber solicitado un préstamo en dinero en los últimos 12
meses, lo que refleja una baja penetración crediticia en términos relativos. Sin embargo, este
promedio nacional oculta el acceso desigual a los créditos y los usos diferenciados (Figura 4),
Figura 4Porcentaje de hogares que solicitaron un préstamo en los últimos doce meses
Nota. La Figura 4 refleja la penetración crediticia a nivel territorial. Tomado de Instituto Nacio-
nal de Estadística, (2023).
Acceso desigual al crédito
El promedio nacional de 9.9 % esconde brechas territoriales de hasta 7.7 puntos porcentuales
entre los departamentos con mayor y menor acceso:
• Departamentos con mayor acceso:
119
o Izabal (14.7 %)
o Petén (14.0 %)
o Baja Verapaz y Escuintla (12.4 %)
o Alta Verapaz (12.0 %)
• Departamentos con menor acceso:
o Jalapa (7.0 %)
o Quetzaltenango (7.1 %)
o Jutiapa (7.3 %)
o Chiquimula (7.4 %)
o Totonicapán (7.9 %)
Estas diferencias reflejan condiciones estructurales distintas:
• En departamentos como Izabal y Petén, la demanda de crédito podría asociarse a una
mayor informalidad y necesidad de liquidez inmediata.
• En el altiplano indígena (ej. Totonicapán o Quetzaltenango), influyen factores como barre-
ras culturales, idioma, desconfianza hacia el sistema financiero o preferencia por meca-
nismos comunitarios no monetarios.
Usos diferenciados del crédito
El promedio nacional también oculta la diversidad en los destinos del préstamo, que varía
significativamente por territorio (Tabla 1):
Tabla 1Uso del crédito de los hogares según la Encovi 2023
Nota. Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística, (2023).

120
Los datos muestran que el crédito cumple funciones distintas según la región:
• En algunas zonas, se destina a activos productivos (vivienda, agricultura).
• En otras, cubre necesidades básicas (salud, alimentos, deudas), reflejando su uso como
herramienta de supervivencia frente a acumulación.
Además, el promedio nacional (9.9 %) oculta disparidades:
• 6 departamentos superan el 12 %, mientras 6 están bajo el 8 %, evidenciando desigualdad
en el acceso.
Patrones regionales:
• Zonas rurales indígenas: Crédito agropecuario.
• Costas y fronteras: Enfocado en necesidades inmediatas.
• Área metropolitana: Alta proporción de "usos no especificados".
Segmentación en las fuentes de financiamiento: brechas territoriales,
étnicas y patrimoniales en el acceso al crédito
Aunque el promedio indica que más de la mitad de los préstamos se canalizan por la banca
privada, este valor oculta una gran heterogeneidad territorial, especialmente en zonas rurales
e indígenas (Figura 5).
Figura 5Principales fuentes de financiamiento de los hogares 2023
Nota. La Figura 5 ilustra que más de la mitad de los hogares acceden a los créditos por la
vía de los bancos privados, sugiriendo una centralidad urbana del sistema bancario formal.
Tomado de Instituto Nacional de Estadística, (2023).

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El promedio nacional ofrece una visión general, pero en países con alta desigualdad
como Guatemala, puede resultar engañoso si no se analiza por regiones. En el acceso al
crédito, este promedio oculta fuertes disparidades territoriales, influenciadas por diferencias
socioeconómicas, culturales y geográficas. Específicamente, se observan disparidades en la
infraestructura financiera (cobertura física y tecnológica del sistema financiero) que fomentan
patrones regionales de exclusión (bancos) o sustitución (cooperativas).
Segmentación étnica y rural
Los departamentos con mayor población indígena y rural (Totonicapán, Quiché, Huehuetenango)
presentan un patrón diferenciado:
a) Predominio de alternativas no bancarias:
• En Huehuetenango, 43.4 % de préstamos provienen de cooperativas (vs. 37.9 % de bancos).
• Barreras culturales: La oferta formal rara vez está disponible en idiomas mayas o adaptada
a prácticas comunitarias.
b) Dependencia de redes informales:
• A nivel nacional, solo 8.3 % de hogares usa préstamos de familiares/amigos, pero en
zonas marginadas esta cifra se dispara:
o San Marcos: 23.8 %
o Quetzaltenango: 19.7 %
o Quiché: 19.2 %
Esto refleja la exclusión financiera en regiones con poca cobertura formal.
Acceso al crédito y garantías
El acceso al crédito en Guatemala depende críticamente de las garantías (Figura 6) que las
familias pueden proporcionar, lo que está determinado por:
• Condiciones estructurales
• Nivel de informalidad económica
• Vínculos con instituciones financieras
• Recursos disponibles en cada región
El 56.1% de hogares sin garantías crediticias refleja la exclusión financiera en zonas
vulnerables, donde la escasez de colateral agrava tanto las barreras de acceso como los
riesgos económicos en comunidades rurales y marginadas.

122
Figura 6Porcentaje de hogares según garantía (porcentaje dentro del departamento)
Nota. En la Figura 6, el uso de "Nada" como garantía no implica ausencia de crédito, sino la
exclusión de criterios formales del sistema bancario. Las garantías informales o comunitarias
no están registradas por los instrumentos convencionales. Tomado del Instituto Nacional de
Estadística, (2023).
El dato nacional del 56.1 % de hogares sin garantías oculta diferencias regionales:
Tipos de garantías predominantes por zona:
• Terrenos: Alto uso en Sololá (40.1 %), Totonicapán (28.8%), Huehuetenango (23.6 %) vs
bajo en Guatemala (4.1 %), Sacatepéquez (4.4 %)
• Inmuebles: Totonicapán (23.3 %) contrasta con Sacatepéquez (0.7 %) y Alta Verapaz (1.0 %)
• Documentos: Común en Santa Rosa (35.5%), El Progreso (34.1%), Escuintla (30.1 %) vs
escaso en Sololá (6.3 %)
• Patrones territoriales claros:
• Alta informalidad: Izabal (74.7 %), Sacatepéquez (78.3 %) y Petén (72 %) con mayoría sin
garantías
• Garantías físicas: Mayor uso en zonas indígenas (Sololá, Totonicapán, Huehuetenango,
Quiché)
• Institucionalización: Predominio de documentos en departamentos no indígenas
El sistema crediticio muestra tres modelos diferenciados según región: 1) crédito documenta-
do formal, 2) garantías físicas (tierra/vivienda), y 3) acceso sin colateral.

123
Desde una perspectiva crítica y técnica la no presentación de garantías puede obedecer a
varias razones:
a) Imposibilidad de cumplir con los requisitos del sistema financiero formal
Cuando un hogar declara que no ofrece ninguna garantía, generalmente significa que no
posee activos valorizables (como tierra, vivienda, maquinaria o cuentas bancarias) que sean
aceptados por las instituciones financieras como respaldo de pago. Esto revela que está fuera
de los criterios estándar de bancarización, siendo percibido como riesgo crediticio alto por
bancos y cooperativas y accede a créditos si las instituciones hacen excepciones o si acude
a prestamistas informales.
b) Acceso restringido a productos financieros formales
La mayoría de los productos financieros formales —como créditos de consumo, hipotecarios,
productivos— requieren algún tipo de garantía. Por tanto, declarar que se ofrece “Nada”
implica, entre otros aspectos. Reducidas probabilidades de ser aprobado para un crédito
formal; la limitación a préstamos de bajo monto o muy alto interés y dependencia de redes
informales, como familiares, prestamistas usureros o fiadores locales.
c) La fragilidad patrimonial y sus implicaciones financieras
La alta proporción de hogares que no puede ofrecer garantías refleja una estructura
patrimonial frágil: No poseen bienes formalmente titulados (casas o tierras sin escritura) y
no tienen historial crediticio ni bienes muebles significativos (vehículos, maquinaria, ganado).
Lo anterior da pistas para indagar la correlación entre bajos ingresos, informalidad laboral y
pobreza multidimensional.
Por otra parte, “Nada" como garantía no es solo una respuesta técnica en una encuesta, sino
que podría ser un síntoma de exclusión estructural. Es decir, revela un sistema financiero
incompleto, el cual aún no está diseñado para ofrecer servicios a la población de bajos
ingresos y sin patrimonio.
De la contracción a la expansión: variaciones interanuales en el número
de clientes y la cartera de las IMF en Guatemala (2017–2024)
Según la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (2017-2024), durante el período
2017–2019, el sector de microfinanzas en Guatemala experimentó la caída del 22.7 % en el
número de clientes en 2019 respecto a 2018, mientras que la cartera de créditos disminuyó
consecutivamente en 2018 (-5.25%) y 2019 (-8.20%).
En contraste, a partir de 2020 se observa una reversión drástica: El número de clientes
aumentó un 131.4 % en 2020 y la cartera crediticia se incrementó en un 200.0 %, triplicando su
valor en un solo año. No hay suficiente evidencia para explicar ese punto de inflexión. A modo
de hipótesis, podría indicar un cambio estructural en la oferta y/o demanda de microcréditos,

124
posiblemente impulsado por la necesidad de reactivación económica post-pandemia, el
rediseño de productos financieros, o el ingreso de nuevos segmentos de clientes al sistema.
Como puede observarse en la Figura 7, entre 2021 y 2024, las IMF mantuvieron un ritmo
constante de expansión, con tasas positivas de crecimiento en ambos indicadores.
Figura 7Variación interanual del número de clientes y de la cartera crediticia de IMF afiliadas a la Red
Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas
Nota. La Figura 7 destaca el pico de crecimiento en 2020, seguido por una expansión sostenida
pero moderada. Tomado Revista Microfinanzas Centroamérica y del Caribe, (2017-2024).
6.1 Comportamiento sectorial de la cartera de crédito de las IMF afiliadas a la Red
Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas –REDCAMIF-
Entre los años 2017 y 2024, la estructura sectorial de la cartera de créditos otorgada por las
Instituciones de Microfinanzas (IMF) afiliadas REDCAMIF en Guatemala experimentó cambios
significativos. Como se puede observar en la Tabla 2, el sector comercio se mantuvo como
el principal destino del crédito hasta 2019, alcanzando una participación máxima del 51.1 %.
Sin embargo, a partir de 2020, su peso relativo comenzó a descender de forma sostenida,
ubicándose en 40.9 % en 2024. Esta contracción se refleja también en las variaciones
interanuales, las cuales fueron negativas o marginales en la mayoría de los años recientes,
destacando especialmente la caída del -17.4 % en 2020.

125
Tabla 2Distribución de la cartera crediticia (%) y variación interanual (%)
Nota. Elaboración propia. Tomado Revista Microfinanzas Centroamérica y del Caribe,
(2017-2024).
Por otro lado, el crédito destinado al sector vivienda registró cambios. En efecto, entre 2017
y 2019, su participación fue relativamente modesta y decreciente (de 13.9 % a 10.5 %), pero
en 2020 se produjo un giro abrupto: la cartera para vivienda aumentó 139.7 % respecto al
año anterior, duplicando con creces su peso relativo hasta alcanzar 25.2 %. En los años
siguientes, la participación del sector se mantuvo elevada, con un leve ascenso hasta 26.4%
en 2024, consolidando un nuevo patrón de demanda.
Finalmente, el sector agropecuario y forestal muestra un comportamiento más irregular pero
igualmente relevante. Tras una leve caída en participación en 2020, descendiendo a 15.4 %,
experimentó una recuperación constante entre 2021 y 2023, hasta alcanzar 20.8 %. Aunque
en 2024 se observó una leve caída de -1.2%.
En conjunto, estos cambios reflejan un proceso de reconfiguración sectorial del crédito, en el
que el dinamismo se desplazó hacia sectores estratégicos como la vivienda y la producción
agropecuaria, mientras que el comercio, aunque aún dominante, muestra señales de
desaceleración.
Del grupo solidario al crédito individual: Reconfiguración de la práctica microfinanciera
en Guatemala
Entre 2017 y 2024, se produjeron cambios en las metodologías de crédito aplicadas por las
IMF afiliadas a REDCAMIF. En la Tabla 3, puede observarse un proceso de individualización
del crédito y una retracción de las modalidades colectivas tradicionales como el banco
comunal y el grupo solidario.

126
El crédito individual pasó de representar el 66.3 % del total en 2017 a un dominante 87.3 %
en 2024, consolidándose como la modalidad principal. Este crecimiento fue especialmente
pronunciado entre 2019 y 2020, cuando su participación aumentó de 71.6 % a 86.5 %. Desde
entonces, el crédito individual ha mantenido una tendencia ascendente.
Tabla 3Distribución de la Cartera Crediticia según Metodología (2017-2024)
Nota. Tomado Revista Microfinanzas Centroamérica y del Caribe, (2017-2024).
En contraste, el modelo de banco comunal, que en 2017 representaba el 21.7 % de la
cartera, ha sufrido una reducción significativa, cayendo hasta 8.9 % en 2024. Esta modalidad,
tradicionalmente vinculada a zonas rurales y a la lógica de financiamiento solidario, parece
haber perdido terreno frente a esquemas más individualizados. Similar ha sido la trayectoria
del grupo solidario, cuya participación pasó de 12.0 % en 2017 a apenas 3.7 % en 2024.
En conjunto, estos cambios reflejan una transformación metodológica del microcrédito en
Guatemala, en la que la preferencia institucional se orienta cada vez más hacia esquemas
individualizados. Si bien esto puede implicar mejoras en eficiencia y control de riesgo, también
plantea interrogantes sobre la capacidad de las IMF para seguir atendiendo a poblaciones
rurales dispersas o con menor historial crediticio, que tradicionalmente han dependido de
modelos colectivos para acceder al financiamiento.
Discusión
Los hallazgos de este estudio confirman que la inclusión financiera en Guatemala ha
avanzado de manera heterogénea y desigual, en línea con lo señalado por la literatura
regional (Ledgerwood, J., Earne, J., & Nelson, C. (Eds.). (2013; Demirgüç-Kunt, A., Klapper,
L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022). Si bien se observan progresos en indicadores de

127
bancarización y ahorro —particularmente en zonas rurales— persisten brechas estructurales
que reproducen exclusiones históricas de carácter patrimonial, étnico y territorial (Álvarez-
Gamboa, J., Jácome-Estrella, H. y Cabrera-Barona, P. (2022); Fama, s.f.).
En el plano normativo, la coexistencia de la Ley de Bancos y Grupos Financieros y la Ley de
Microfinanzas ha generado un sistema segmentado que, como muestran estudios previos
(Perossa & Gigler, 2015), tiende a beneficiar a sectores urbanos y formales, mientras deja
en situación de desventaja a comunidades rurales e indígenas. El 56.1 % de hogares sin
garantías (Instituto Nacional de Estadística, 2023) revela la persistencia de un marco legal
que privilegia garantías tradicionales, en contraste con experiencias latinoamericanas que
han incorporado formas alternativas de colateral comunitario (Yunus, 2008; Armendáriz &
Morduch, 2010).
Asimismo, los usos diferenciados del crédito —vivienda y producción agrícola en áreas
indígenas frente a subsistencia en áreas costeras— sugieren que, más que una estrategia de
acumulación, el financiamiento opera como mecanismo defensivo ante vulnerabilidades, lo
que coincide con lo documentado por Banerjee & Duflo (2011) en economías desiguales. Esta
lectura cuestiona la visión optimista de que la expansión cuantitativa del acceso garantice
automáticamente inclusión.
El análisis también muestra un cambio metodológico relevante en las microfinanzas: el
desplazamiento de modelos colectivos hacia esquemas individualizados. Esta transición,
aunque eficiente en términos de control de riesgo, podría debilitar la cobertura en comunidades
rurales dispersas, replicando lo observado en otros países de la región (Red Centroamericana
y del Caribe de Microfinanzas, 2017-2024). Aquí la literatura advierte que la sostenibilidad
financiera no debe lograrse a costa de perder la función social de las microfinanzas (Fama,
s.f.; Attanasio, H., De La O, A. L., Ferreira, F. H. G., Ibáñez, A. M., y Messina, J. (2025).
En cuanto a políticas públicas, los hallazgos respaldan la necesidad de fortalecer la Estrategia
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2024–2027), no solo ampliando la cobertura, sino
incorporando innovaciones institucionales como:
• Mecanismos de garantía no convencionales (Álvarez-Gamboa, J., Jácome-Estrella, H. y
Cabrera-Barona, P. (2022)
• Mayor adecuación cultural y lingüística de los productos financieros (Ledgerwood, J.,
Earne, J., & Nelson, C. (Eds.). (2013).
• Alianzas con cooperativas y actores comunitarios para reducir brechas territoriales
(Asturias, R., Díaz, F., Castillo, J., Alvarado, C., & Molina, M. (2024b)
La evidencia sugiere que la inclusión financiera en Guatemala requiere pasar de una
visión centrada en indicadores de acceso a un enfoque más integral, donde se reconozcan

128
las condiciones socioeconómicas y culturales de los usuarios, en consonancia con las
recomendaciones de organismos multilaterales (Organización de las Naciones Unidas, 2023;
Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022).
Conclusiones
Las conclusiones de este estudio parten del reconocimiento de que la inclusión financiera,
entendida como un derecho habilitante (Yunus, 2008) no puede evaluarse únicamente
en términos de expansión cuantitativa del acceso a servicios financieros. En el contexto
guatemalteco, marcado por una histórica desigualdad y una geografía social fragmentada,
los avances registrados en bancarización, ahorro o cobertura crediticia requieren una lectura
crítica y territorialmente diferenciada.
El análisis de la inclusión financiera en Guatemala entre 2013 y 2024 confirma una tendencia
de avances desiguales, en donde la expansión del sistema financiero convive con brechas
persistentes por territorio, condición étnica y nivel patrimonial. Tal como se anticipó en la
introducción, el marco regulatorio dual —caracterizado por la coexistencia de la Ley de
Bancos y Grupos Financieros (orientada a la estabilidad sistémica) y la Ley de Microfinanzas
(centrada en ampliar el acceso)— ha generado un sistema segmentado que reproduce
exclusiones históricas (Ledgerwood, J., Earne, J., & Nelson, C. (Eds.). (2013); Armendáriz y
Morduch, 2010).
El análisis evidenció que el promedio nacional oculta segmentaciones por ubicación, etnia,
y condición patrimonial, lo cual cuestiona el enfoque optimista de progreso lineal en materia
de inclusión financiera. Lejos de consolidarse como una herramienta equitativa de desarrollo,
el sistema financiero formal reproduce patrones de exclusión, especialmente en territorios
rurales e indígenas donde las garantías formales son escasas, el crédito cumple funciones
de sobrevivencia más que de inversión, y las redes familiares o cooperativas sustituyen al
sistema bancario.
La expansión de las microfinanzas —aunque significativa en número de clientes y cartera— ha
venido acompañada de un giro metodológico hacia esquemas individualizados, que podrían
dificultar el acceso de los sectores más vulnerables, tradicionalmente vinculados a modelos
colectivos de financiamiento. Esta transformación institucional plantea nuevos retos para la
equidad, la adaptabilidad y la sostenibilidad del sector.
El desafío de la inclusión financiera en Guatemala implica aumentar la cobertura y transformar
la calidad y pertinencia de los servicios financieros. Se requieren adecuaciones en las reglas,
metodologías y productos para evitar que la expansión refuerce exclusiones históricas. El
contraste con estudios nacionales recientes (Asturias, R., Díaz, F., Castillo, J., Alvarado, C., &
Molina, M. (2024a); Incer (2024) y la vinculación con la ENIF subrayan la conclusión de que
solo a través de una implementación territorializada e intercultural, con metas desagregadas

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y mecanismos de rendición de cuentas, la inclusión financiera podrá traducirse en mayor
bienestar y resiliencia para los hogares históricamente excluidos.
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Sobre el autor
Javier Eugenio Incer Munguía
Es economista y doctor en Ciencias Humanas y Sociales con una trayectoria en investigación
social, planificación académica y fortalecimiento institucional. Se ha especializado en el estudio
de las dinámicas rurales, la economía campesina y los procesos de gestión del conocimiento
desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria.
Financiamiento de la investigación
Universidad Rafael Landívar.
Declaración de intereses
El autor declara no tener ningún conflicto de intereses que puedan haber influido en los
resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.
Declaración de consentimiento informado
El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.
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Derecho de uso
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