https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado163
Régimen sancionatorio en la Contraloría General
de Cuentas de Guatemala
Referencia
Marroquín Pimentel, L. A. (2024). Régimen sancionatorio en la Contraloría General de Cuentas de Guatemala.
Revista Científica
del Sistema de Estudios de Postgrado. 7(2). 163-172.
DOI: https://doi.org/10.36958/sep.v7i2.327
Sanctioning regime in the Comptroller General of Accounts of Guatemala
Resumen
OBJETIVO: el objetivo de este estudio es analizar las implicaciones del régimen sancionatorio establecido en el
artículo 39 del Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y su impacto en las buenas
prácticas de la gestión pública. MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo transversal dividido en tres fases:
(1) fase indagatoria, en la que se obtuvo información de los sujetos de investigación; (2) fase demostrativa,
mediante la integración, tabulación y análisis de los datos recolectados; y (3) fase expositiva, que presenta
los resultados obtenidos. La investigación es de tipo descriptivo y documental. RESULTADOS: se obtuvo una
aceptación parcial de la hipótesis nula: “La estructura actual del régimen sancionatorio establecido en la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas provoca buenas prácticas en la gestión pública”. El 26.7% de
los sujetos de investigación considera que el régimen sancionatorio, tal como está estructurado actualmente, no
contribuye a fortalecer las buenas prácticas en la gestión pública, mientras que el 73.3% sostiene lo contrario.
CONCLUSIÓN: la estructura actual del régimen sancionatorio, según lo establecido en el artículo 39 del Decreto
31-2002, contribuye a fortalecer las buenas prácticas en la gestión pública, dado el respaldo del 73.3% de los
sujetos encuestados
Recibido: 05/02/2024
Aceptado: 18/11/2024
Publicado: 26/11/2024
Artículo científico
Luis Antonio Marroquin Pimentel
Dr. En Alta Direccion Política y Administración Pública
Universidad Galileo
lmarroquin3276@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-5241-8272
Palabras clave
régimen sancionatorio, buenas prácticas, gestión pública, aceptación parcial
Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la posición oficial de
la USAC y sus miembros. La obra está protegida por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos emitida en el decreto No. 33-98 por
el Congreso de la República de Guatemala.
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado164
Abstract
OBJECTIVE: the objective of this study is to analyze the implications of the sanctioning regime established
in Article 39 of Decree 31-2002, the Organic Law of the General Comptroller’s Office, and its impact on good
practices in public management. METHOD: a cross-sectional study was conducted, divided into three phases:
(1) investigative phase, in which information was gathered from the research subjects; (2) demonstrative phase,
through the integration, tabulation, and analysis of the collected data; and (3) expository phase, which presents
the results obtained. The research is both descriptive and documentary. RESULTS: the study found partial
acceptance of the null hypothesis: “The current structure of the sanctioning regime established in the Organic
Law of the General Comptroller’s Office promotes good practices in public management.” 26.7% of the research
subjects believe that the current structure of the sanctioning regime does not contribute to strengthening good
practices in public management, while 73.3% disagree. CONCLUSION: the current structure of the sanctioning
regime, as established in Article 39 of Decree 31-2002, contributes to strengthening good practices in public
management, based on the support of 73.3% of the survey participants.
Keywords
sanctioning regime, good practices, public management, partial acceptance
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado164
Abstract
OBJECTIVE: the objective of this study is to analyze the implications of the sanctioning regime established
in Article 39 of Decree 31-2002, the Organic Law of the General Comptroller’s Office, and its impact on good
practices in public management. METHOD: a cross-sectional study was conducted, divided into three phases:
(1) investigative phase, in which information was gathered from the research subjects; (2) demonstrative phase,
through the integration, tabulation, and analysis of the collected data; and (3) expository phase, which presents
the results obtained. The research is both descriptive and documentary. RESULTS: the study found partial
acceptance of the null hypothesis: “The current structure of the sanctioning regime established in the Organic
Law of the General Comptroller’s Office promotes good practices in public management.” 26.7% of the research
subjects believe that the current structure of the sanctioning regime does not contribute to strengthening good
practices in public management, while 73.3% disagree. CONCLUSION: the current structure of the sanctioning
regime, as established in Article 39 of Decree 31-2002, contributes to strengthening good practices in public
management, based on the support of 73.3% of the survey participants.
Keywords
sanctioning regime, good practices, public management, partial acceptance
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado165
Introducción
A la Contraloría General de Cuentas por mandato constitucional y conforme a su Ley Orgánica,
le corresponde “la función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de
los activos y pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de
los Organismos del Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades
y sus Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de Desarrollo,
Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado presten servicios, instituciones
que integran el sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba
fondos del Estado o haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital
participe el Estado, bajo cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan
participación”. (Congreso, Ley Orgánica de la CGC, 2002).
En el marco de la Función Fiscalizadora, le corresponde a Contraloría General de Cuentas
aplicar sanciones pecuniarias que se expresan en cantidad de salarios o sueldos a los
funcionarios y empleados públicos y demás personas sujetas a su control y fiscalización, que
incurran en alguna infracción a su Ley Orgánica u otras disposiciones legales y reglamentarias,
entendiendo como “infracción la acción u omisión que implique violación de normas jurídicas
o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal, por parte de servidores públicos
u otras personas individuales o jurídicas sujetas a verificación por parte de la Contraloría
General de Cuentas sancionable por la misma, en la medida y alcances establecidos en
la Ley u otras normas jurídicas, con independencia de las sanciones y responsabilidades
penales, civiles o de cualquier otro orden que puedan imponerse o en que hubiere incurrido
la persona responsable”. (Congreso, Ley Orgánica de la CGC, 2002).
Por la importancia que revisten las sanciones pecuniarias, se realizó la presente investigación
denominada, Régimen sancionatorio, en la Contraloría General de Cuentas, orientado a
conocer las implicaciones que provoca el régimen sancionatorio, contenido en el artículo 39
del Decreto 31-2002, del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, abordado desde el punto de vista de los auditores gubernamentales como actores
directos en la aplicación del régimen sancionatorio para conocer si el contenido y la estructura
actual, genera buenas prácticas en la gestión pública.
Para desarrollar el procedimiento metodológico se aplicó el método científico en sus tres
fases indagatoria, demostrativa y expositiva, así como investigación de tipo descriptivo y
documental y se recopiló información mediante la técnica cuestionarios.
Materiales y Métodos
A través de un estudio descriptivo transversal en tres fases así: fase indagatoria, con la
obtención de información proporcionada por los sujetos de investigación, fase demostrativa,
aplicada mediante la integración, tabulación y análisis de la información obtenida durante la
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado165
Introducción
A la Contraloría General de Cuentas por mandato constitucional y conforme a su Ley Orgánica,
le corresponde “la función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de
los activos y pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de
los Organismos del Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades
y sus Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de Desarrollo,
Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del Estado presten servicios, instituciones
que integran el sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba
fondos del Estado o haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital
participe el Estado, bajo cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan
participación”. (Congreso, Ley Orgánica de la CGC, 2002).
En el marco de la Función Fiscalizadora, le corresponde a Contraloría General de Cuentas
aplicar sanciones pecuniarias que se expresan en cantidad de salarios o sueldos a los
funcionarios y empleados públicos y demás personas sujetas a su control y fiscalización, que
incurran en alguna infracción a su Ley Orgánica u otras disposiciones legales y reglamentarias,
entendiendo como “infracción la acción u omisión que implique violación de normas jurídicas
o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal, por parte de servidores públicos
u otras personas individuales o jurídicas sujetas a verificación por parte de la Contraloría
General de Cuentas sancionable por la misma, en la medida y alcances establecidos en
la Ley u otras normas jurídicas, con independencia de las sanciones y responsabilidades
penales, civiles o de cualquier otro orden que puedan imponerse o en que hubiere incurrido
la persona responsable”. (Congreso, Ley Orgánica de la CGC, 2002).
Por la importancia que revisten las sanciones pecuniarias, se realizó la presente investigación
denominada, Régimen sancionatorio, en la Contraloría General de Cuentas, orientado a
conocer las implicaciones que provoca el régimen sancionatorio, contenido en el artículo 39
del Decreto 31-2002, del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, abordado desde el punto de vista de los auditores gubernamentales como actores
directos en la aplicación del régimen sancionatorio para conocer si el contenido y la estructura
actual, genera buenas prácticas en la gestión pública.
Para desarrollar el procedimiento metodológico se aplicó el método científico en sus tres
fases indagatoria, demostrativa y expositiva, así como investigación de tipo descriptivo y
documental y se recopiló información mediante la técnica cuestionarios.
Materiales y Métodos
A través de un estudio descriptivo transversal en tres fases así: fase indagatoria, con la
obtención de información proporcionada por los sujetos de investigación, fase demostrativa,
aplicada mediante la integración, tabulación y análisis de la información obtenida durante la
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado166
fase indagatoria y la fase expositiva, que evidencia los resultados obtenidos y que fueron
plasmados en el presente manuscrito donde se detallan las Implicaciones del régimen
sancionatorio en la Contraloría General de Cuentas de la república de Guatemala, con un
enfoque de investigación descriptivo documental.
Con relación a la muestra, se manejó un universo de 75 auditores gubernamentales, de los
que se obtuvo el 100% de la información, mediante cuestionarios elaborados con preguntas
de selección múltiple.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios realizados a los
auditores gubernamentales de la Contraloría Generales de Cuentas, orientados en la siguiente
pregunta:
¿Cuáles son las implicaciones del régimen sancionatorio, establecido en el Decreto 31-2002,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su incidencia en las buenas prácticas
de la gestión pública?
Tabla 1
Conocimiento del Régimen Sancionatorio
El 100% de la muestra afirma que conoce los aspectos contenidos en el artículo 39 del
Decreto 31-2002, aspecto que cobra relevancia porque evidencia el nivel de compromiso y
conocimiento que tienen en el ejercicio de su función fiscalizadora con respecto a los ingresos
y egresos del Estado y de todas las entidades sujetas a fiscalización conforme a lo establecido
en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Además, le genera
certeza a la presente investigación por el nivel técnico que se requiere de los sujetos para
responder las preguntas que se plantearon en el cuestionario realizado.
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado166
fase indagatoria y la fase expositiva, que evidencia los resultados obtenidos y que fueron
plasmados en el presente manuscrito donde se detallan las Implicaciones del régimen
sancionatorio en la Contraloría General de Cuentas de la república de Guatemala, con un
enfoque de investigación descriptivo documental.
Con relación a la muestra, se manejó un universo de 75 auditores gubernamentales, de los
que se obtuvo el 100% de la información, mediante cuestionarios elaborados con preguntas
de selección múltiple.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios realizados a los
auditores gubernamentales de la Contraloría Generales de Cuentas, orientados en la siguiente
pregunta:
¿Cuáles son las implicaciones del régimen sancionatorio, establecido en el Decreto 31-2002,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su incidencia en las buenas prácticas
de la gestión pública?
Tabla 1
Conocimiento del Régimen Sancionatorio
El 100% de la muestra afirma que conoce los aspectos contenidos en el artículo 39 del
Decreto 31-2002, aspecto que cobra relevancia porque evidencia el nivel de compromiso y
conocimiento que tienen en el ejercicio de su función fiscalizadora con respecto a los ingresos
y egresos del Estado y de todas las entidades sujetas a fiscalización conforme a lo establecido
en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Además, le genera
certeza a la presente investigación por el nivel técnico que se requiere de los sujetos para
responder las preguntas que se plantearon en el cuestionario realizado.
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado167
Tabla 2Acción Legal por Infracción
El resultado evidenció que de los 75 auditores gubernamentales que respondieron el
cuestionario, 73 afirmaron que, cuando un funcionario o empleado público incurre en una
infracción al régimen sancionatorio, se genera una implicación de índole administrativa,
denominada sanción económica, evidenciando con ello que la mayoría de los sujetos conoce
las consecuencias de la inobservancia a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas.
Tabla 3Implicaciones Administrativas
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado167
Tabla 2Acción Legal por Infracción
El resultado evidenció que de los 75 auditores gubernamentales que respondieron el
cuestionario, 73 afirmaron que, cuando un funcionario o empleado público incurre en una
infracción al régimen sancionatorio, se genera una implicación de índole administrativa,
denominada sanción económica, evidenciando con ello que la mayoría de los sujetos conoce
las consecuencias de la inobservancia a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas.
Tabla 3Implicaciones Administrativas
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado168
Al consultar sobre las implicaciones de índole administrativa, el 64%, equivalente a 48 de los
sujetos, indicó que se generan cuando a un funcionario o empleado público le imponen una
sanción económica, la opción más inmediata que tiene es realizar el pago, debido a que con
ello extingue en definitiva la obligación ante la Contraloría General de Cuentas. El 18.7% indi-
ca que la opción de solicitar apertura a prueba, conforme a las disposiciones reguladas en el
artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y con un 10.7%, solicitar
la rebaja correspondiente.
Tabla 4
Régimen actual contribuye con las buenas prácticas
El resultado obtenido evidenció que la mayoria de los auditores gubernamentales opinan que,
con la estructura que actualmene posee el régimen sancionatorio contenido en el artículo 39
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, sí contribuye al fortalecimiento de las
buenas prácticas en la gestión pública. Un dato que merece análisis es el 26.7% respondieron
de forma negativa, este resultado obedece a que en los 26 numerales que contiene el
artículo 39 de la Ley citada, no se encuentran incluidas todas las deficiencias que el Auditor
Gubernamental detecta en el ejercicio de la función fiscalizadora. Adicional existen casos como
lo indicado en el numeral 4, del artículo en mención que genera confusión en su aplicación,
porque unicamente indica: “Incumplimiento a normas de control interno y de administración
de personal. El equivalente al 25% del 100% de su salario mensual”. limitando con ello la
correcta y objetiva aplicación del régimen sancionatorio, debido a que hace referencia a dos
componentes en el mismo numeral, es decir, normas de control interno y de administración
de personal, aplicando el mismo porcentaje del 25% cuando el Auditor Gubernamental en el
ejercicio de su función fiscalizadora, detecta una debilidad indistintamente si corresponde al
ambiente de control interno o a una norma relacionada con la administración de personal.
Además el articulo 39 de la citada ley, en el numeral 20, establece: “Falta de control interno.
El equivalente del 200% del 100% de su salario mensual”, contraviniendo lo indicado en el
expediente número 2810-2014, emitido por la Corte de Constitucionalidad, donde deroga la
frase: “del 200%, contenida en los numerales 15,16,19,21,22,23,25 y 26 del artículo 39 de
la ley en mención, sin embargo, no derogó el numeral 20, situación que limita la correcta y
objetiva aplicación del régimen sancionatorio.
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado168
Al consultar sobre las implicaciones de índole administrativa, el 64%, equivalente a 48 de los
sujetos, indicó que se generan cuando a un funcionario o empleado público le imponen una
sanción económica, la opción más inmediata que tiene es realizar el pago, debido a que con
ello extingue en definitiva la obligación ante la Contraloría General de Cuentas. El 18.7% indi-
ca que la opción de solicitar apertura a prueba, conforme a las disposiciones reguladas en el
artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y con un 10.7%, solicitar
la rebaja correspondiente.
Tabla 4
Régimen actual contribuye con las buenas prácticas
El resultado obtenido evidenció que la mayoria de los auditores gubernamentales opinan que,
con la estructura que actualmene posee el régimen sancionatorio contenido en el artículo 39
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, sí contribuye al fortalecimiento de las
buenas prácticas en la gestión pública. Un dato que merece análisis es el 26.7% respondieron
de forma negativa, este resultado obedece a que en los 26 numerales que contiene el
artículo 39 de la Ley citada, no se encuentran incluidas todas las deficiencias que el Auditor
Gubernamental detecta en el ejercicio de la función fiscalizadora. Adicional existen casos como
lo indicado en el numeral 4, del artículo en mención que genera confusión en su aplicación,
porque unicamente indica: “Incumplimiento a normas de control interno y de administración
de personal. El equivalente al 25% del 100% de su salario mensual”. limitando con ello la
correcta y objetiva aplicación del régimen sancionatorio, debido a que hace referencia a dos
componentes en el mismo numeral, es decir, normas de control interno y de administración
de personal, aplicando el mismo porcentaje del 25% cuando el Auditor Gubernamental en el
ejercicio de su función fiscalizadora, detecta una debilidad indistintamente si corresponde al
ambiente de control interno o a una norma relacionada con la administración de personal.
Además el articulo 39 de la citada ley, en el numeral 20, establece: “Falta de control interno.
El equivalente del 200% del 100% de su salario mensual”, contraviniendo lo indicado en el
expediente número 2810-2014, emitido por la Corte de Constitucionalidad, donde deroga la
frase: “del 200%, contenida en los numerales 15,16,19,21,22,23,25 y 26 del artículo 39 de
la ley en mención, sin embargo, no derogó el numeral 20, situación que limita la correcta y
objetiva aplicación del régimen sancionatorio.
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado169
Tabla 5Recomienda reformar el actual régimen sancionatorio
El 96% de los sujetos de investigación indicaron que es recomendable reformar el contenido y
la estructura actual del régimen sancionatorio establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas. Al realizar dicha reforma, se genera mayor objetividad
y facilita al Auditor Gubernamental la aplicación de dicho régimen en el ejercicio de la función
fiscalizadora en las entidades públicas, situación que contribuye a fortalecer las buenas prác-
ticas en la gestión pública.
Tabla 6Aspectos que deben reformarse del artículo 39 de la Ley
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado169
Tabla 5Recomienda reformar el actual régimen sancionatorio
El 96% de los sujetos de investigación indicaron que es recomendable reformar el contenido y
la estructura actual del régimen sancionatorio establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas. Al realizar dicha reforma, se genera mayor objetividad
y facilita al Auditor Gubernamental la aplicación de dicho régimen en el ejercicio de la función
fiscalizadora en las entidades públicas, situación que contribuye a fortalecer las buenas prác-
ticas en la gestión pública.
Tabla 6Aspectos que deben reformarse del artículo 39 de la Ley
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado170
El resultado obtenido evidenció que el 41.3% de los sujetos de investigación concuerdan
que debe reformarse el contenido del artículo 39, sugieren la actualización de los 26
numerales que integran el régimen sancionatorio y el 34.7% afirman que los numerales deben
complementarse con otras infracciones puesto que en el ejercicio de la función fiscalizadora
detectan deficiencias que no están incluidas en el régimen sancionatorio actual, situación que
provoca falta de certeza en su aplicación.
Conclusiones
El 100% los auditores gubernamentales seleccionados, afirmó conocer la estructura actual
del régimen sancionatorio contenido en el artículo 39 del Decreto 31-2002, Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas, aspecto positivo que facilita la aplicación del régimen
sancionatorio en el ejercicio de la función fiscalizadora.
El 96% de los sujetos de investigación concluye que cuando un funcionario o empleado
público incurre en una infracción al régimen sancionatorio, se genera una sanción económica
y mientras no se solvente, limita que el funcionario o empleado público pueda obtener su
Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos.
El 56.7% de los sujetos entrevistados afirmaron que los funcionarios y empleados públicos
optan por pagar las sanciones económicas, solicitando la rebaja en los porcentajes establecidos
en ley, debido a que es la opción más inmediata que extingue en definitiva la obligación ante
la Contraloría General de Cuentas.
La investigación realizada, permitió identificar que el 26.7% de los auditores entrevistados
considera que la estructura actual el régimen sancionatorio no contribuye a las buenas
prácticas en la gestión pública, debido a que en los 26 numerales que contiene el artículo 39
de la Ley, no se encuentran incluidas todas las infracciones que el Auditor Gubernamental
detecta en el ejercicio de la función fiscalizadora.
El 96%, coincide que es recomendable reformar el contenido y la estructura actual del régimen
sancionatorio, con el objetivo de generar mayor objetividad en el ejercicio de la función
fiscalizadora y fortalecer las buenas prácticas en la gestión pública.
Los resultados obtenidos en la investigación realizada evidencian la aceptación parcial de la
hipótesis nula enunciada así: “La estructura actual del régimen sancionatorio establecido en
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, provoca buenas prácticas en la gestión
pública”, debido a que el 26.7 % de los sujetos de investigación afirmaron que la estructura del
régimen sancionatorio no contribuye a fortalecer las buenas prácticas de la Gestión Pública,
mientras el 73.3 %, de los sujetos respondieron de forma afirmativa.
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado170
El resultado obtenido evidenció que el 41.3% de los sujetos de investigación concuerdan
que debe reformarse el contenido del artículo 39, sugieren la actualización de los 26
numerales que integran el régimen sancionatorio y el 34.7% afirman que los numerales deben
complementarse con otras infracciones puesto que en el ejercicio de la función fiscalizadora
detectan deficiencias que no están incluidas en el régimen sancionatorio actual, situación que
provoca falta de certeza en su aplicación.
Conclusiones
El 100% los auditores gubernamentales seleccionados, afirmó conocer la estructura actual
del régimen sancionatorio contenido en el artículo 39 del Decreto 31-2002, Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas, aspecto positivo que facilita la aplicación del régimen
sancionatorio en el ejercicio de la función fiscalizadora.
El 96% de los sujetos de investigación concluye que cuando un funcionario o empleado
público incurre en una infracción al régimen sancionatorio, se genera una sanción económica
y mientras no se solvente, limita que el funcionario o empleado público pueda obtener su
Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos.
El 56.7% de los sujetos entrevistados afirmaron que los funcionarios y empleados públicos
optan por pagar las sanciones económicas, solicitando la rebaja en los porcentajes establecidos
en ley, debido a que es la opción más inmediata que extingue en definitiva la obligación ante
la Contraloría General de Cuentas.
La investigación realizada, permitió identificar que el 26.7% de los auditores entrevistados
considera que la estructura actual el régimen sancionatorio no contribuye a las buenas
prácticas en la gestión pública, debido a que en los 26 numerales que contiene el artículo 39
de la Ley, no se encuentran incluidas todas las infracciones que el Auditor Gubernamental
detecta en el ejercicio de la función fiscalizadora.
El 96%, coincide que es recomendable reformar el contenido y la estructura actual del régimen
sancionatorio, con el objetivo de generar mayor objetividad en el ejercicio de la función
fiscalizadora y fortalecer las buenas prácticas en la gestión pública.
Los resultados obtenidos en la investigación realizada evidencian la aceptación parcial de la
hipótesis nula enunciada así: “La estructura actual del régimen sancionatorio establecido en
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, provoca buenas prácticas en la gestión
pública”, debido a que el 26.7 % de los sujetos de investigación afirmaron que la estructura del
régimen sancionatorio no contribuye a fortalecer las buenas prácticas de la Gestión Pública,
mientras el 73.3 %, de los sujetos respondieron de forma afirmativa.
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado171
Referencias
Congreso de la República de Guatemala, Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría Ge-
neral de Cuentas, (2002). https://www.contraloria.gob.gt/imagenes/i_docs/i_leg_ley/2%20
LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGC%20DECRETO%2031-2002.pdf
Real Academia Española, Diccionario, 23ª. Edición, 2014. https://www.rae.es/obras-academi-
cas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola
Sobre el Autor
Luis Antonio Marroquin Pimentel
Es Doctor en alta Dirección Política y Administración Pública, Universidad Galileo, Maestría
en Derecho Tributario, Universidad de San Carlos de Guatemala, Maestría en Alta Dirección
Política y Administración Púbica, Universidad Galileo, Contador Público y Auditor, Universidad
de San Carlos de Guatemala, Docente Universitario -USAC-URL, Investigador Docente -URL,
Asesor de Tesis -URL-, Coordinador Prácticas Estudiantiles en la Comunidad Propec-USAC-
Fuente de Financiamiento
Recursos propios
Declaración de intereses
Declaro no tener ningún conflicto de intereses, que pueda haber influido en los resultados
obtenidos o las interpretaciones propuestas.
Declaración de consentimiento
El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado171
Referencias
Congreso de la República de Guatemala, Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría Ge-
neral de Cuentas, (2002). https://www.contraloria.gob.gt/imagenes/i_docs/i_leg_ley/2%20
LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGC%20DECRETO%2031-2002.pdf
Real Academia Española, Diccionario, 23ª. Edición, 2014. https://www.rae.es/obras-academi-
cas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola
Sobre el Autor
Luis Antonio Marroquin Pimentel
Es Doctor en alta Dirección Política y Administración Pública, Universidad Galileo, Maestría
en Derecho Tributario, Universidad de San Carlos de Guatemala, Maestría en Alta Dirección
Política y Administración Púbica, Universidad Galileo, Contador Público y Auditor, Universidad
de San Carlos de Guatemala, Docente Universitario -USAC-URL, Investigador Docente -URL,
Asesor de Tesis -URL-, Coordinador Prácticas Estudiantiles en la Comunidad Propec-USAC-
Fuente de Financiamiento
Recursos propios
Declaración de intereses
Declaro no tener ningún conflicto de intereses, que pueda haber influido en los resultados
obtenidos o las interpretaciones propuestas.
Declaración de consentimiento
El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado172
Derecho de uso
Copyright (c) (2024) Luis Antonio Marroquin Pimentel
Este texto está protegido por la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
Este texto está protegido por una licencia
Creative Commons 4.0.
Es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar
el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito,
incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: debe reconocer él
crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se
han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que
sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado172
Derecho de uso
Copyright (c) (2024) Luis Antonio Marroquin Pimentel
Este texto está protegido por la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
Este texto está protegido por una licencia
Creative Commons 4.0.
Es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar
el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito,
incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: debe reconocer él
crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se
han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que
sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.