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173
Políticas públicas: pensar y planificar el futuro
Referencia
Castellanos Gudiel, J. G. (2024). Políticas públicas: pensar y planificar el futuro. Cuenca Paso Hondo, Guatemala
.
Revista

Científica del Sistema de Estudios de Postgrado. 7(2).
173-187.
DOI:
https://doi.org/10.36958/sep.v7i2.319
Public policies: thinking and planning for the future

Resumen

OBJETIVO:
describir el origen, concepto, evolución y desarrollo de las políticas públicas, así como examinar su
creciente importancia en la gestión gubernamental. Esto se enmarca en el contexto del sistema democrático como

inspiración de las relaciones sociales modernas, especialmente en el mundo occidental y, de manera particular,

en Guatemala.
MÉTODO: Se llevó a cabo una revisión bibliográfica, utilizando los descriptores política pública,
planificación y gestión pública para localizar fuentes documentales relevantes. Se seleccionaron aquellos textos

que abordaban estos términos.
RESULTADOS: reflexionar sobre la relevancia de las políticas públicas en la
vida de un Estado. Se busca generar conciencia sobre cómo una gestión estatal eficaz debe estar sustentada en

políticas públicas, y cómo la modernidad no puede depender de acciones reactivas ni de enfoques empíricos que

no consideren las especificidades de cada demanda social, económica y política.
CONCLUSIONES: Para que
el Estado responda adecuadamente a las necesidades de la población y gestione eficientemente los recursos,

es esencial que la planificación sea técnica y no basada en respuestas improvisadas. Es necesario incorporar

los avances científicos y técnicos actuales para lograr una gestión gubernamental congruente y adecuada. En

este sentido, las políticas públicas son un instrumento clave en la democracia contemporánea de cualquier país.

Recibido:
05/06/2024
Aceptado:
18/11/2024
Publicado:
26/11/2024
Artículo de revisión bibliográfica

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel

Contraloría General de Cuentas de Guatemala

Magister en auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Transparencia en la Gestión Pública

giocastellanos@gmail.com

https://orcid.org/0009-0008-7604-038X

Palabras clave

política pública, planificación, gestión pública

Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la posición oficial de

la USAC y sus miembros. La obra está protegida por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos emitida en el decreto No. 33-98 por

el Congreso de la República de Guatemala.
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174
Abstract

OBJECTIVE:
to describe the origin, concept, evolution, and development of public policies, as well as to examine
their growing importance in government management. This is framed within the context of the democratic system

as an inspiration for modern social relations, particularly in the Western world and, specifically, in Guatemala.

METHOD:
A bibliographic review was conducted, using the descriptors public policy, planning, and public
management to locate relevant documentary sources. Those texts that addressed these terms were selected.

RESULTS:
to reflect on the relevance of public policies in the life of a state. It seeks to raise awareness about
how effective state management should be based on public policies, and how modernity cannot rely on reactive

actions or empirical approaches that do not consider the specificities of each social, economic, and political

demand.
CONCLUSIONS: For the state to respond adequately to the needs of the population and manage
resources efficiently, it is essential that planning is technical rather than based on reactive or improvised

responses. It is necessary to incorporate current scientific and technical advances to ensure consistent and

appropriate government management. In this regard, public policies are a key instrument in the contemporary

democracy of any country.

Keywords

public policy, planning, public management
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Introducción

Al considerar el propósito de una política pública, surge de inmediato una respuesta simple

pero integral: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque esta respuesta es directa,

su impacto es profundo en cuanto a mejorar el acceso a los servicios que garantizan una vida

digna.

Las políticas públicas, en combinación con la descentralización gubernamental, han sustituido

la improvisación por un enfoque más planificado y técnico. Al incorporar factores sociales,

políticos, económicos, demográficos y humanos en el proceso de planificación, se supera el

enfoque empírico y desorganizado de la gobernanza. Una planificación cuidadosa y técnica

posibilita un uso más eficiente de los recursos, optimizando así los beneficios sociales.

Aunque se han logrado avances en la implementación de políticas públicas en Guatemala, aún

persisten desafíos significativos en cuanto a su diseño y gestión. Es fundamental fortalecer

la educación cívica y proporcionar un respaldo ético adecuado a los funcionarios públicos.

Las políticas públicas en el país han tendido a ser reactivas, respondiendo a situaciones

urgentes en lugar de ser herramientas estratégicas y adecuadamente planificadas para el

desarrollo sostenible y el bienestar social a corto y mediano plazo. Además, la alta volatilidad

del sistema político partidario genera discontinuidad en la ejecución de las políticas públicas,

lo que afecta la priorización de recursos financieros y la continuidad de los programas en los

diversos períodos gubernamentales (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 2014).

Definición

Al definir el término política pública, se debe considerar que hay una gran cantidad de

definiciones y conceptos sobre la naturaleza de esa herramienta de relación entre Estado y

sociedad; no obstante, el propósito principal no es ser exhaustivos en el tema, sino concretar

una guía que delimite la cuestión de la política pública en el ámbito guatemalteco.

J. Emilio Graglia, indica que “(…) las políticas públicas son proyectos y actividades que un

Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública a los fines de

satisfacer necesidades de una sociedad” (Graglia, En la búsqueda del bien común, 2012).

Por su parte, la Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplan), establece

como definición de políticas públicas:

“Cursos de acción estratégica del Estado y del Gobierno basados en la participación y legitimidad

ciudadana, los marcos jurídicos y políticos nacionales e internacionales, orientados a propiciar

el bienestar, el goce de los derechos humanos de la población guatemalteca en su diversidad

y en los diferentes niveles de organización territorial, sobre la base de diferentes instrumentos
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La idea común en ambas definiciones es la intervención gubernamental para resolver o

transformar problemas o necesidades identificadas en la sociedad.

Origen del Concepto Política Pública

En la época imperial o de la realeza no acudían, en general, a la planificación ni al consenso

para la toma de decisiones; sencillamente se realizaban de acuerdo a las voluntades del

rey, emperador o ente gobernante. A veces, eran asesorados por una élite muy restringida

y que gozaba de los privilegios reales o imperiales. En general, eran decisiones reactivas o

mediatizadoras para que determinado grupo social se mantuviera en obediencia y conformidad

social, y, así, evitar los brotes insurreccionales. Más que la satisfacción material, se buscaba

que la población se distrajera y alejara su mirada del problema.

Fue a partir de la modalidad estatal de la República y de la inclusión social, que se comenzó

a planificar de manera más ordenada, basada en las experiencias de gestión gubernamental

registradas y sistematizadas por los técnicos administrativos a través de la historia.

En tal sentido, el concepto de políticas públicas, tal como se conoce en la actualidad, comenzó

a conceptualizarse a mediados del siglo XX: “nace en Estados Unidos con el impulso pionero

de Harold Lasswell en la segunda mitad del siglo XX, quien después de trabajar como docente e

investigador en ciencia política incorporó sus conocimientos científicos al manejo del gobierno

de este país” (Álvarez, 2008). A partir de ese momento histórico, los aportes conceptuales y

las experiencias evolucionadas hicieron que esta rama de la Ciencia Política fuera adquiriendo

vigor; a tal punto que hoy, los Estados planifican de acuerdo a la estructura conceptual de las

políticas públicas, considerando los antecedentes de las prácticas gubernamentales. Como

Gralia señala: “hace falta unir el saber académico y profesional con el hacer gubernamental y

administrativo” (Graglia, En la búsqueda del bien común, 2012).

En Guatemala, tras la aprobación en 2014 del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra

Guatemala 2032, que estableció las bases y directrices para la formulación y ejecución de las

políticas públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan)

elaboró en 2015 la primera Guía de formulación de políticas públicas, la cual fue actualizada

en 2017 (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Subsecretaría de

Planificación y Programación para el Desarrollo, Dirección de Políticas Públicas, 2022).

de gestión pública, y el sistema nacional de planificación, que favorezcan procesos efectivos

de coordinación, transparencia, seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas”

(Secretataría de Planificación y Programación de la Presidencia. Subsecretaría de Planificación

y Programación para el Desarrollo. Dirección de Políticas Públicas, 2022).
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Estas bases y directrices se expresaron de la siguiente manera:

Las corrientes mundiales y la observación de resultados influyeron para que en el país

se planteara el reto de diseñar política pública. Se definió que fuera a partir de procesos

técnicos, con el fin de que su ejecución resultara lo más efectiva posible. No obstante, los

sucesivos cambios de gobierno hicieron que muchas de las políticas vigentes dejaran de ser

del interés de las nuevas autoridades, en consecuencia, algunas no se implementaron, por

ende, no generaron los resultados esperados en beneficio de la población. Sin embargo, las

mismas corrientes mundiales y las demandas de la población respecto a buscar solución

a sus problemas, han hecho que la política pública se constituya en un elemento relevante

dentro del ámbito de la eficacia gubernamental.

En este sentido, un factor clave fue la creciente preocupación que surgió en el seno de la

ONU, a partir de la década de 1990, respecto a abordar los graves problemas ambientales

y las evidentes desigualdades en diversos ámbitos de la vida humana. Esta inquietud se

retomó en el marco de una serie de Cumbres y Conferencias internacionales que culminaron

en el año 2000, cuando 189 Estados firmaron la Declaración del Milenio, de la cual surgieron

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos se estructuraron en los siguientes

ocho compromisos:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2. Lograr la enseñanza primaria universal

3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

4. Reducir la mortalidad infantil en menores de 5 años

5. Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo (CEPAL, s.f.).

La Declaración del Milenio y la implementación de sus Objetivos representaron el retorno a

valorar la solidaridad social, como contrapeso a las hegemonías y los grandes poderes, tanto

visibles como ocultos, así como una respuesta al desencanto generado por los gobiernos

verticales que, tradicionalmente, tomaban decisiones sin involucrar a la ciudadanía. En este

"El Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, constituye el marco estratégico

y orientador de las políticas de desarrollo del país. Su objetivo es garantizar a la población el

acceso a la protección social universal, así como a servicios integrales de calidad en áreas

como salud, educación y servicios básicos, entre otros. De este modo, busca asegurar la

sostenibilidad de los medios de vida mediante intervenciones de políticas públicas universales,

aunque no estandarizadas, que reconocen las brechas de inequidad y las particularidades

étnico-culturales" (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Subsecretaría

de Planificación y Programación para el Desarrollo, Dirección de Políticas Públicas, 2022)
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contexto, las políticas públicas han avanzado, convirtiéndose en elementos cada vez más

imprescindibles en la construcción de una sociedad más equitativa y participativa.

Análisis de las políticas públicas

El primer paso para garantizar el éxito en el diseño de la política pública es la identificación del

problema que se pretende resolver. La identificación del problema para que sea eficaz, debe

contemplar los siguientes pasos:

Tabla 1
Identificación del problema
Nota: tomado, (Secretataría de Planificación y Programación de la Presidencia. Subsecretaría

de Planificación y Programación para el Desarrollo. Dirección de Políticas Públicas, 2022).

El proceso de identificación del problema permitirá un acercamiento a sus características para

que, luego de conocerlo de manera profunda, se valore la posibilidad de hacer una evaluación

previa sobre la conveniencia o no de un análisis mayor. Eso admitirá una visión global para

tener todos los elementos necesarios para tomar la decisión de diseñar el proyecto de una

política pública. En las políticas públicas, “Al analizarlas, se describe, interpreta y critica cómo

son (o han sido) las políticas existentes (o preexistentes)” (Graglia, En la búsqueda del bien

común, 2012). En ese sentido, el análisis es fundamental para establecer un mapa de ruta

para conducir, de la mejor manera, el desarrollo de una política pública.

Diseño de una Política Pública

Una primera idea para el diseño de una política es la consideración de que el Estado, a través

del gobierno, tiene la oportunidad de atender de mejor manera los problemas de la ciudadanía.

Diseñar implica pensar en las necesidades, problemas y soluciones; supone conocimiento y

posibilita imbuirse en las características, dimensiones y la comprensión de cómo afecta a
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la ciudadanía determinado asunto. En consecuencia, el conocimiento a profundidad de un

problema permite la posibilidad de solucionarlo, o transformarlo; es decir, hacer del problema

una posibilidad de interacción entre el gobierno y la ciudadanía para el logro de una mutua

satisfacción.

De igual forma, el diseño de una política pública debe verse como la posibilidad de innovar;

una política pública no debe considerarse como una solución a corto o mediano plazo, sino

como un medio creativo para que los problemas se erradiquen o transformen en ventajas.

Las Políticas Públicas en Guatemala

En Guatemala, la SEGEPLAN publicó en 2015 la primera Guía de formulación de políticas

públicas, la cual se modificó en 2017. Esa Guía tiene el mérito de definir de manera institucional

las políticas públicas para que tal concepto sirva de orientación general para su elaboración,

asimismo, ordena metodológicamente las secciones orgánicas que debe contener una política

pública para ser viable en Guatemala.

Aunado a estos factores, es necesario considerar en el ámbito local que: “Actualmente en

Guatemala y más específicamente en el gobierno y la administración pública tradicionalmente

se entiende que el marco de formulación de políticas se construye a partir del proceso de

formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos anuales del Estado” (Alonso Jiménez,

2019).

Dicha práctica, relativa a que el diseño de política pública se vincule a la formulación del

Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Nación, de alguna manera “ha generado

dinámicas de gestión de carácter anual, alterando la visión de planificación y programación

de Estado en el sentido del largo plazo” (Alonso Jiménez, 2019). Esa ha sido una limitante en

el proceso de desarrollo porque circunscribe la política pública a resultados anuales, lo cual,

en muchos casos, impacta negativamente en la efectividad de los programas.

En Guatemala aún no se ha encontrado una salida viable que agilice el desarrollo y no lo

limite únicamente al presupuesto anual, sino que, por el contrario, permita la planificación a

largo plazo para que el desarrollo sea continuo. En tal sentido, la legalidad de los procesos,

como primera instancia, debería modificarse por medio de leyes que, lejos de atar y poner

limitantes, provea de los instrumentos necesarios para pensar a futuro. Una ley de políticas

públicas sería un primer paso para que esos instrumentos de mediación, entre el gobierno y

la sociedad, se fortalezcan y, en consecuencia, sean más efectivos en cuanto a la flexibilidad

de su ejecución, concreción y resultados que respondan de mejor manera a las necesidades

de la sociedad.

Los beneficios de una planificación a largo plazo, se hacen evidentes en situaciones de

reconstrucción, después de sufrir alguna catástrofe, ya sea natural o provocada por la guerra.
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Por ejemplo, los implementados en Alemania y otros países después de la Segunda Guerra

Mundial; o los llevados a cabo por algunos países orientales como Japón, Vietnam, China,

entre otros. En China, por ejemplo, el desarrollo vertiginoso que se ha producido no ha sido

producto de un milagro sino de una planificación formulada a 25 años plazo. Es decir, eso

permite pensar de mejor manera y por anticipado, teniendo en cuenta factores como la inflación

y otros altibajos económicos, los recursos necesarios para llevar a cabo la política pública,

etc. En el ámbito gubernamental de Guatemala, aún no hay una cultura de planificación a

largo plazo, a pesar de que sí hay diversos cuestionamientos e interés en implementarlo.

En Guatemala se hace preciso que el tema se ventile por todos los medios para crear reflexión,

crear debate e involucrar directamente al gobierno para que se vea estimulado a hacer de las

políticas públicas una herramienta útil para mejorar la efectividad del gobierno y hacer eficiente

el uso de los recursos de la Nación. En este ámbito es preciso reconocer que “SEGEPLAN

redefinió institucionalmente el enfoque hacia la recuperación del rol de la planificación y

programación por políticas y su traducción a la gestión pública, de forma que la construcción

del presupuesto anual de ingresos y egresos responda a prioridades racionalmente previstas

para el largo plazo” (Alonso Jiménez, 2019).

Siguiendo esta línea de reflexión, el Artículo 3 del Decreto Gubernativo No. 41-2024,

literalmente dice: “La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el

Ministerio de Finanzas Públicas, a través de sus dependencias correspondientes, darán la

asesoría y acompañamiento necesario para la formulación de los planes y presupuestos

correspondientes que viabilicen la Política General de Gobierno 2024-2028”. Esta afirmación,

de alguna manera, implica que la Segeplan se constituye en una especie de ente rector que

orienta, organiza y asesora con los métodos para el mejor planteamiento de las políticas

públicas y su consecuente ejecución.

Participación de la Sociedad en el Diseño de las Políticas Públicas

La participación ciudadana es fundamental en el diseño de las políticas públicas, precisamente,

para que la sociedad pueda transformarse en beneficio de todos. En ese sentido, no debe

olvidarse “lo que se puede denominar como el derecho de participación ciudadana en la

gestión pública” (Centro Latinoamericano para el Desarrollo, 2009).

En varios de los gobiernos autoritarios que ha habido en la historia local, la participación

ciudadana es lo que menos se ha estimulado porque, hacerlo, hubiese implicado ponerle

un límite a la prevalencia de los intereses elitistas. Por eso, se ha tratado de alejar a la

ciudadanía del manejo de estos temas, uno de ellos, la educación, esta implica conocimiento

y solo conociendo la realidad pueden hacerse transformaciones o pugnar por ellas.

Sobre esta temática, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo señala que:

“se entiende por participación ciudadana en la gestión pública el proceso de construcción social

de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza,
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La participación ciudadana se ha visto restringida, ya que implica inclusión, la que en gobiernos

autoritarios no es permisible. No debe olvidarse que, para que un gobierno se denomine

democrático, es imprescindible la participación ciudadana, además, un gobierno no puede ser

representativo si no representa a la sociedad en su más amplia pluralidad.

Para concluir con este apartado, se resalta la orientación referida a que:

La gestión de las Políticas Públicas

De hecho, como refiere Segeplan “la política pública es un instrumento de gestión de largo

plazo que involucra acciones, decisiones, lineamientos u orientaciones para atender e

intervenir en un problema público. También se concibe como la decisión de gobierno o acción

pública” (Secretataría de Planificación y Programación de la Presidencia. Subsecretaría de

Planificación y Programación para el Desarrollo. Dirección de Políticas Públicas, 2022).

En ese sentido, la gestión de las políticas públicas constituye el punto álgido de una política

pública. Es como pasar del tema político constituido por la planificación al momento práctico,

donde lo político le cede el lugar a lo técnico. En tal sentido “los gobernantes son responsables

de implantar y los administradores públicos de operar las actividades proyectadas” (Graglia,

En la búsqueda del bien común, 2012).

Hay muchas maneras de enfrentar un problema público o transformarlo, por ejemplo: se

plantea el tema del hambre aguda en determinada región. La primera y lógica idea que surge

es proveerla de comida, con el fin de hacer posible aliviar el hambre. Una segunda posibilidad

luego del análisis, sería fomentar la agricultura dentro de la región. Sin embargo, sin un

estudio riguroso, se podría calificar la tierra como árida y poco apta para la agricultura. Esas

dificultades en la concreción de un plan se deben a que no se conocen bien las condiciones

“los Estados iberoamericanos adoptarán políticas para que se desarrollen programas para

la formación, sensibilización e información de los ciudadanos y las ciudadanas referidos

a su derecho de participación en la gestión pública. De igual forma, apoyarán los esfuerzos

autónomos de las organizaciones sociales y los ciudadanos y las ciudadanas para llevar a

cabo acciones de formación ciudadana. En particular, promoverán la formación de los pueblos

indígenas atendiendo a sus identidades culturales, así como a sus normas y procedimientos

propios”. (Centro Latinoamericano para el Desarrollo, 2009).

da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las

personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de

las comunidades y pueblos indígenas» (Centro Latinoamericano para el Desarrollo, 2009).
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de vida de las personas, lo que requiere un conocimiento más profundo, así como procesos

de diagnóstico.

Cuando al fin se concreta la solución más viable, inicia el proceso de la gestión. Lo anterior,

visto de forma general, implica que debe tenerse en cuenta la dieta más adecuada para esa

región; debe conocerse a fondo todas las posibilidades, tanto estratégicas como de concreción

de los objetivos, entre otros.

Como las políticas públicas no han alcanzado el nivel de generalización, como práctica de

gestión gubernamental, la misma Segeplan no abunda en directrices que orienten dicha

gestión. Por tal razón, es imperativo que ese vacío, tanto teórico como práctico sea llenado;

es decir, que la divulgación y puesta en escena de las ventajas de las políticas públicas sea

motivo, incluso, de una política pública que lleve a todos los sectores de la ciudadanía al

conocimiento sobre qué son, en qué consisten, para qué sirven y cómo gestionarlas para

obtener los resultados. Esto dotará de teoría y práctica el ámbito de las políticas públicas,

sabiendo que el conocimiento conduce a una mejor manera de entender un problema para

solucionarlo o transformarlo.

Políticas Públicas y Corrupción

Los niveles de corrupción en los ámbitos público y privado en estas primeras décadas del

siglo XXI, en Guatemala, han alcanzado niveles insospechados, a tal punto que en muchos

ámbitos la corrupción no se percibe como algo excepcional sino como algo normal. Para

comprender lo anterior no es necesario contar con indicadores, estadísticas, encuestas u

otro tipo de medidores; basta observar la cantidad de funcionarios públicos que han sido

encarcelados o que se encuentran en medio de procesos judiciales, tal es la dimensión que,

incluso, un expresidente y una ex vicepresidenta de la República fueron condenados a prisión.

Para superar el problema de la corrupción, uno de los primeros aspectos se refiere a que

los gobiernos incluyan en su agenda la lucha contra la corrupción y detallen los pasos para

concretar ese objetivo. La lucha anticorrupción implica, por supuesto, transparencia en el

manejo gubernamental y que el acatamiento a la Ley de Acceso a la Información Pública

constituya un punto cardinal en la gestión gubernamental.

Es muy importante hacer notar que la subsistencia de la corrupción “afecta de manera negativa

al crecimiento económico, a su sostenibilidad y a su carácter inclusivo, y erosiona la confianza

ciudadana en el funcionamiento de la democracia y en sus instituciones” (ECODES, 2013).

Una primera acción anticorrupción, es asumir una conducta ética de parte de los funcionarios

de las distintas dependencias gubernamentales. Por supuesto, no deben subestimarse los

pactos anticorrupción que el gobierno realice con los distintos sectores ciudadanos; eso,

también, afianzará la confianza ciudadana.
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Según una nota de Julio Román y Déborah López, publicada en el diario Prensa Libre, el

30 de enero de 2024, se lee: “El IPC de Transparencia Internacional clasifica 180 países y

territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector

público y para eso emplean una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción)”.

En ese sentido, “Transparencia Internacional menciona en un comunicado que, por 12 años

consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de

dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50”. Lo anterior indica que existen

graves problemas de corrupción. Para el caso de Guatemala, en la medición del 2023 obtuvo

un punteo de 23 de 100, lo que representa la peor clasificación del país en una década.

Actualmente, está ubicado en el puesto 154 de 180 en el ranquin de corrupción.

La lucha anticorrupción es un asunto del cual no pueden esperarse resultados inmediatos;

es una tarea de largo plazo que implica, también, la formación ciudadana en valores éticos

y morales para que la corrupción deje de verse como una situación de normalidad y, por

el contrario, comience a percibirse como un desajuste que impide el pleno ejercicio de la

democracia.

Evaluación de las Políticas Públicas

Evaluar, en principio, implica ver si lo realizado cumplió con los cometidos planificados., y si

no fue así, por qué no se logró. En la evaluación de las políticas públicas los fondos y recursos

deben ejecutarse con la mayor transparencia. Para eso, la fiscalización basada, sobre todo en

la Ley de Acceso a la Información Pública, como ya se dijo, debe constituir un punto cardinal

para garantizar que los fondos y recursos se inviertan con total honradez.

Aunque durante muchos años la corrupción ha minado la administración pública; los programas

educativos para la formación ética y con valores morales han caído casi en desuso, lo cual

hace imperativo que los gobiernos asuman la responsabilidad de afianzarlos en el currículum

de todos los niveles escolares; es decir, desde la educación preprimaria hasta complementar

el ciclo de educación media. Aunado a esas estrategias, se deberían instituir programas de

formación para padres de familia, empleados públicos y en los más amplios sectores sociales

en los cuales el aspecto ético y moral sea parte fundamental. Ese podrá ser un buen comienzo

en la nueva ruta de la transparencia y en la paulatina erradicación de la corrupción. El camino

es difícil; pero si no se empieza, no se avanzará.

Materiales y métodos

El artículo se desarrolló bajo el proceso de revisión bibliográfica se basa en la recopilación y

análisis de fuentes académicas, informes gubernamentales y documentos clave sobre políticas

públicas. Se pretendió describir el origen, concepto, evolución y desarrollo del tópico, así
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como examinar su creciente importancia en la gestión gubernamental. Se llevo a cabo una

búsqueda sistemática en bases de datos académicas y repositorios especializados, utilizando

los descriptores política pública, planificación y gestión pública. La selección de los artículos

fue rigurosa, priorizando estudios relevantes que abordaban tanto enfoques teóricos como

prácticos. Se realizo un análisis crítico después de delimitar y excluir aquellas publicaciones

que fueron consideradas sin aporte de información suficiente para poder cumplir con el

objetivo planteado. Finalmente, se integraron los hallazgos para proponer recomendaciones

sobre cómo mejorar la planificación de las políticas públicas.

Resultados

El aumento de la población y el avance tecnológico hacen impostergable que la desconcentración

a través de las políticas públicas, se priorice.

Si se prioriza la gestión gubernamental a través de las políticas públicas, ésta la será más

eficaz: permitirá que los fondos y bienes públicos sean administrados de mejor manera y

cumplan con el objetivo de alcanzar el bienestar de la ciudadanía.

Como la población, en general, no está familiarizada con los conceptos, prácticas y beneficios

de las políticas públicas, es imperativo que desde las instituciones gubernamentales se organice

una campaña, por medio de videos, pautas en los medios impresos, spots publicitarios,

podcasts, reels y otros instrumentos accesibles en las redes sociales, que le permita valorar,

confiar y apoyar esa herramienta de gestión para el beneficio público.

Capacitar de manera intensiva a los empleados, funcionarios públicos, empresarios y a las

organizaciones sociales para que, al conocer de manera profunda, tanto teórica como práctica,

la naturaleza de las políticas públicas y sus procesos, puedan hacer propuestas congruentes

y eficaces para el éxito en la gestión de las políticas públicas.

En teoría, la descentralización propicia una mejor gestión, fiscalización y transparencia para

que los fondos, bienes y servicios involucrados en determinada política pública sean utilizados

de la mejor manera; no obstante, se hace imprescindible que el gobierno tenga la voluntad

política para que eso pueda concretarse.

Es impostergable la creación de una ley de políticas públicas que tengan un medio legal y

jurídico para realizarse y no solo las disposiciones emanadas de la Segeplan que, aunque

tengan un carácter técnico, a largo plazo se vuelven volátiles.
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Conclusiones

El crecimiento poblacional y los avances tecnológicos exigen priorizar la desconcentración

a través de políticas públicas para una gestión gubernamental más eficiente. Esto permitirá

una mejor administración de fondos y recursos, promoviendo el bienestar ciudadano.

La población debe ser educada sobre los beneficios de las políticas públicas mediante

campañas en medios y redes sociales para ganar apoyo. Es crucial capacitar a empleados,

funcionarios y organizaciones en estos procesos para hacer propuestas efectivas. Aunque

la descentralización puede mejorar la gestión y transparencia, se requiere voluntad política.

Se necesita una ley específica para las políticas públicas para asegurar su estabilidad y

formalidad. Además, se sugiere crear un observatorio que incluya diversos sectores para

garantizar la eficacia y prevenir la corrupción.

Referencias

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https://portal.segeplan.gob.
gt/segeplan/wp-content/uploads/2023/02/Guia-de-Formulacion-Politicas-Publicas.pdf

Sobre el autor

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel

Magister en Auditoria Gubernamental, Rendición de Cuentas y Transparencia en la Gestión

Pública, Universidad Galileo, año 2021. Contador Público y Auditor, Universidad de San

Carlos de Guatemala, año 2003.

Financiamiento de la investigación

Con recursos propios.

Declaración de intereses

Declaro no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados

obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado
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