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Relaciones de poder y sostenibilidad del agua

en el lago de Atitlán

Referencia

Melgar Orozco, P. (2024). Relaciones de poser y sostenibilidad del agua en el lago de Atitlán. Revista Científica del Sistema

de Estudios de Postgrado. 7(2).
149-162. DOI: https://doi.org/10.36958/sep.v7i2.211
Power relations and water sustainability in Lake Atitlan

Resumen

OBJETIVO:
comprender cómo las relaciones de poder en torno al recurso hídrico afectan la forma en que el
Estado de Guatemala ha protegido estos recursos.
MÉTODO: es una investigación cualitativa que utilizó el
método fenomenológico, para situar la realidad consciente de los sujetos sociales en torno al problema del agua.

RESULTADOS:
se evidenció que las autoridades ancestrales y las organizaciones de sociedad civil oponen
resistencia a los sujetos con poder económico, político y cultural que influyen en las instancias de gobierno

para la instalación de megaproyectos neoextractivistas. Porque la representación de la relación del poder con

el entorno y la realidad consciente e independiente de los sujetos sociales que habitan en su territorio (los

pueblos indígenas y las organizaciones de sociedad civil) provoca que defiendan y vigilen el territorio así como

el agua para su conservación, con base en la concepción del mundo que les rodea y su sistema de creencias.

CONCLUSIÓN:
la falta de una ley de aguas refleja el antagonismo preexistente y las históricas brechas de
desigualdad e inequidad en torno al poder económico y político que han existido en Guatemala. Por tanto, el

racismo y la exclusión social al amparo del desgobierno no permiten registrar el conocimiento ancestral de los

pueblos indígenas. Considerando que el lago tiene un valor económico significativo para el sector empresarial,

así como para la población mestiza e indígena que vive en la cuenca, por ser un centro turístico importante.

Asimismo, para los pueblos originarios, el agua es sagrada, ya que tiene vida.

Recibido:
01/09/2024
Aceptado:
14/11/2024
Publicado:
26/11/2024
Artículo científico

Patricia Melgar Orozco

Universidad Francisco Marroquín

melgarorozco@ufm.edu

https://orcid.org/0009-0006-7389-0851

Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la posición oficial de

la USAC y sus miembros. La obra está protegida por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos emitida en el decreto No. 33-98 por

el Congreso de la República de Guatemala.
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Palabras clave

poder, agua, territorios, pueblos, megacolector, lago de atitlán

Abstract

OBJECTIVE:
to see how power relations around water resources affect the way in which the State of Guatemala
has protected these resources.
METHOD: it is qualitative research that used the phenomenological method to
situate the conscious reality of the social subjects around the water problem.
RESULTS: it was evidenced that
ancestral authorities and civil society organizations oppose resistance to the subjects with economic, political,

and cultural power that influence government agencies for the installation of neo-extractivist megaprojects.

Because the representation of the relationship of power with the environment and the conscious and independent

reality of the social subjects that inhabit their territory (indigenous peoples and civil society organizations) causes

them to defend and watch over the territory as well as the water for its conservation, based on the conception

of the world that surrounds them and their belief system.
CONCLUSION: the lack of regulation for the water
resource, reflects the pre-existing antagonism and historical gaps of inequality and inequity around power that

have existed in Guatemala. Racism and social exclusion, under the cover of misgovernment, do not allow the

ancestral knowledge of Indigenous peoples to be recorded. The lake has a significant economic value for the

business sector, as well as for the mestizo and Indigenous population living in the basin, as it is an important

tourist center. For the native people, water is sacred because it has life.

Keywords

power, water, territories, peoples, magacolector, lake atitlán
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Introducción

Con el fin de explicar el contexto, es pertinente mencionar que en Guatemala las relaciones de

poder en torno al uso del agua ponen en riesgo su sostenibilidad. Situación que históricamente

ha generado conflictos por el dominio del recurso hídrico, específicamente en la cuenca del

lago de Atitlán y su territorio; entre otros conflictos estructurales. Aunado a ello, la falta de

equidad en torno a la toma de decisiones para su gestión y gobernanza ha causado que los

sujetos que detentan y ejercen el poder de decidir y hacer abusen de su posición.

En este sentido, se comprobó que la falta de gestión del recurso hídrico afecta la forma en que

el Estado los resguarda. Por tal razón, se abordó la representación de la relación del poder

con el entorno y la realidad, consciente e independiente, de los sujetos sociales que habitan

en el territorio del lago de Atitlán, en el departamento de Sololá. Porque este es el espacio en

el que los pueblos indígenas y las organizaciones de sociedad civil lo defienden y vigilan para

su conservación, desde su cosmogonía y su cosmovisión.

En este sentido, es importante mencionar que fueron las autoridades ancestrales y los

líderes comunitarios quienes se resistieron y protestaron estratégicamente en contra de las

intenciones de los sujetos con poder económico, político y cultural que extendieron la fuerza de

su dominio para incidir en las instancias de la vicepresidencia de la República de Guatemala,

con la intención de instalar un megacolector aparentemente avalado por la Autoridad para el

Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLAE-desde el 2014.

Fue la Asociación de Amigos del Lago de Atitlán-ALAA- la instancia que tuvo el propósito de

instalar el megacolector en el cuerpo del agua del lago como una solución para contrarrestar

la contaminación, bombeando las aguas residuales hacia el municipio de San Lucas Tolimán.

Vale la pena mencionar que dicha asociación recibe fondos del sector empresarial y comercial

de Guatemala, situación que generó desconfianza de parte de los pobladores por el riesgo que

conllevan sus acciones, orientadas a la privatización del recurso hídrico, con fines económicos

y extractivos.

De acuerdo con el análisis documental bibliográfico, se corroboró que el lago de Atitlán afronta

una severa degradación ambiental por ser utilizado para el drenaje de aguas residuales,

de desechos tóxicos y sólidos. Aunado a esto, sus aguas se encuentran contaminadas por

material biológico, químico y duro. Sin embargo, la solución democrática para su rescate no

era el megacolector.

En función de lo planteado, se observó que la investigación del poder como un fenómeno social,

explorado a partir de la noción del agua como objeto de estudio en la cuenca del lago de

Atitlán, movió la relación de consciencia de los sujetos sociales afectados por el poder que,

ejercen las élites empresariales en la toma de decisiones. Por ello, el inconsciente colectivo

de las organizaciones de sociedad civil y de los pueblos indígenas se manifestó a través de la

resistencia a estas formas de dominación, permaneciendo en la periferia del lago en su defensa.
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Demostrándose así la debilidad institucional del Estado guatemalteco e igualmente su

carácter débil, híbrido y abyecto, por su indolencia, por la diferenciación de condición de clase

social y racial con que se gestiona su acción pública y los arquetipos neocolonialistas que lo

influencian.

Materiales y métodos

La investigación fue cualitativa; se utilizó el método fenomenológico para observar la

realidad consciente en la vida cotidiana y la experiencia de los sujetos sociales que habitan

en los municipios de Panajachel y San Pedro la Laguna, en el departamento de Sololá, en

correspondencia con el fenómeno social acerca del cuerpo del agua del lago y su heredad,

por ser un recurso natural y un bien social en disputa.

Su enfoque se basó en cómo se propició el fenómeno social afrontado por los sujetos de

investigación, para luego describir su abordaje, comprensión, descripción, interpretación y

observación a partir de la realidad vivida y acumulada a través del tiempo, acerca de las

relaciones de poder en torno al recurso hídrico en concordancia con las preguntas de

investigación.

Para tal efecto, se efectuó una exploración documental realizada por medio de la compilación

de información obtenida a través del uso de Internet y medios informativos digitales: páginas

web, Facebook,
bibliotecas en línea, tesis en línea, libros digitales, revistas, vídeos y libros
gráficos. Asimismo, se usaron herramientas y técnicas de investigación, como un cuestionario,

tres observaciones no participantes y una entrevista de profundidad.

Se estableció el campo de estudio a partir de la elección del acontecimiento relevante que

movilizó a cada municipio en torno a la defensa del agua, el lago y el territorio. Como unidad

de análisis, se buscó que el fenómeno social que generó el conflicto de intereses coincidiera

con el objetivo de la investigación. Esto se desarrolló de manera paralela, junto a las técnicas

de investigación para conocer el contexto del problema que atañe a la presente investigación,

así como sus efectos.

En este orden de ideas, Fuster 2019 indica que según Husserl, la fenomenología observa los

fenómenos o la experiencia significativa que los sujetos le dan a los objetos e igualmente el

sentido que los objetos donan a la conciencia de los sujetos implicados. Lo antes expuesto para

comprender sistemáticamente la naturaleza de su mundo y el fenómeno social, con el fin de

reconstruir los ejes que articulan su experiencia desde su propia lógica de organización. (p.14).

La técnica de recolección de información se realizó mediante fuentes de investigación

bibliográfica, documental y a través del uso de Internet en tiempo real y diferido. Para

conocer el entorno a través de leer, escuchar y ver imágenes virtuales que representaron el

fenómeno social de estudio y su relación con los sujetos en los municipios seleccionados.
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Cualitativamente se tuvo acceso a foros y noticias en tiempo real. Se obtuvo información

acorde a la investigación, misma que fue correlacionada y sistematizada, para comprender

la representación social de los hechos del fenómeno a investigar desde la percepción de los

sujetos, así como el sentido y significado que le dieron a la interpretación del mundo en que

interaccionan desde su consciencia.

Para cumplir con los objetivos de la investigación, se utilizó la técnica de la etnografía virtual

como herramienta que justificó el uso de redes en donde se forjaron las acciones de las

comunidades en línea que culturalmente generaron interacciones sociales, con sus prácticas

y creencias acerca del tema de manera no presencial. Al respecto Estalella & Ardevol (2007),

deducen que la etnografía virtual es una técnica que permite metodológicamente aplicar el

estudio de las interacciones mediadas electrónicamente o a través de reuniones en línea, por

medio de las cuales se obtiene datos, información y noticias acerca del tema, entre quienes

la producen y la consumen. (p.2).

Así pues, se utilizó la técnica de la observación no participante, a través de comunidades en

línea. Al respecto, es de interés mencionar que primero fue observada la dinámica de cada

comunidad virtual elegida en relación con el modo en que los participantes intercambiaron

sus ideas entre experiencias y conocimientos. Por medio de foros de discusión en redes

de información y plataformas sociales específicas para el desarrollo de líneas temáticas de

acuerdo con el tema de investigación.

Siendo

Facebook
la comunidad virtual seleccionada por ser una red social popular con miles
de usuarios, espacio en el que interactúan grupos con intereses afines y que participan para

cuestionar temas relevantes afines a su campo cultural, las reglas del juego que delimitan

su razón de ser y el abordaje con relación al tema de investigación. Particularmente, cada

comunidad electa varió de acuerdo con lo que decían y cómo lo decían comunicacionalmente,

por sus intereses, por ser espacios virtuales con públicos diversos y afines al caso de estudio,

desde su propia cosmovisión y cosmogonía.

Para hacer posible este proceso, se frecuentó cada comunidad virtual sujeta de estudio,

con el fin de conocer los grupos. De igual manera, se recopilaron los mensajes publicados a

través de foros, conferencias de prensa, grupos de noticias, audiencia pública virtual y chats;

estableciendo su homogeneidad, tanto cultural, nacional o localmente, por el bien individual

y colectivo. Se hizo una mediación comunicacional a través de la computadora para delimitar

el tema de acuerdo con las formas de decir lo que expresan y así comprender su dimensión

cultural en función del argumento de estudio de manera holística.

Haciendo uso de estos recursos, se comprobó la oposición a la imposición del megacolector

en contra de los sujetos con poder económico, político y cultural, que ante esta situación

extendieron la fuerza de su dominio colonialista de manera consciente para incidir en las

instancias de la Vicepresidencia de la República de Guatemala, por ser AMSCLAE, una

instancia gubernamental bajo su dirección.
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De esta manera, en afinidad con May (2021) y coincidiendo con su análisis, se reflexionó

en el abordaje de este tema que el colonialismo económico y político global dio como

resultado la ineficiente formulación de políticas económico-ambientales de libre mercado sin

compensaciones socioeconómicos, socioculturales y medioambientales para los ciudadanos.

No obstante, sí se incrementó el crecimiento económico de los sujetos con poder, sin que se

construya con justicia una ciudadanía democrática con potestad y capital social para incidir

en la búsqueda de soluciones alternativas para resolver de manera sustentable el problema

medioambiental que afronta la cuenca del lago. (p.103).

Luego, por medio de la práctica de búsqueda de información para la documentación de

información etnográfica digital, se comprobó que con el propósito de extender su marco de

influencia, también buscaron influir en el poder legislativo para que se aprobara una iniciativa

que autorizara el financiamiento no reembolsable ofrecido por el Banco de Integración

Económica-BCIE-para instalar un megacolector. Hecho que se comprobó mediante el Acta

No.19 del 2 de octubre de 2019 de la décimo novena sesión ordinaria de Comisión de Ambiente

y Recursos Naturales, celebrada en el salón Maya del Hotel Panamerican, de la ciudad de

Guatemala.

Consecutivamente, se recurrió a la utilización de técnicas de recolección de información,

usando como herramienta el cuestionario semiestructurado en línea, mismo que se distribuyó

a través de correos electrónicos y la red social

WhatsApp
. Con el objetivo de obtener suficiente
información acerca de cómo los factores de poder no permiten el equitativo aprovechamiento

del agua. Obteniendo entre los resultados que la mayoría de los entrevistados respondió que

las élites guatemaltecas tienen el dominio de los recursos hídricos y naturales.

Igualmente, otros coincidieron en que el Estado a través de las municipalidades toma las

decisiones conforme lo establece el Código Municipal. Por otro lado, también concordaron en

que las empresas extractivistas ejercen el poder económico, político, entre otros actores y las

comunidades, refiriendo que el Estado no puede garantizar un uso equitativo y sostenible del

agua, porque no existe un marco regulatorio formal en el país.

Para tal efecto se utilizó el formulario de

Google
, cuyo formato fue similar al de una entrevista.
El mismo se distribuyó a actores clave involucrados en la toma de decisión para la gobernanza

del recurso hídrico y funcionarios de universidades. Funcionarios de instituciones públicas y

privadas, involucrados en el rescate y restauración del Lago de Atitlán, de organizaciones no

gubernamentales, guías y ancianos de la comisión de pueblos y alcaldías indígenas.

Igualmente, se realizó una entrevista de profundidad a la Diputada Lucrecia Hernández Mack.

Evidenciado que, para que las organizaciones de sociedad civil y los pueblos indígenas

sean incluidos en la toma de decisiones en el espacio de las relaciones de poder para la

gobernanza del agua, se debe institucionalizar en los distintos ámbitos del Estado, la igualdad

y la inclusión con énfasis en el reconocimiento de los recursos naturales.
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Considerando que son derechos políticos, culturales y sociales, se comprobó, de acuerdo con

lo mencionado por la diputada, que los pueblos indígenas no poseen formas de mediación y

participación para la gobernanza del agua y difícilmente tienen acceso a un diálogo transparente

e igualitario. Al respecto la diputada Lucrecia Mack expresó: Así como están las cosas en este

momento… en que el Ministerio de Salud hace unas cosas y las municipalidades otras…

La gestión de la gobernanza del agua ¡Simplemente no está funcionando! Entonces sí se

necesitan autoridades como la de Atitlán, Petén, Río Dulce, mancomunidades e instancias

supranacionales que tienen en ley su función. (Comunicación personal, 12/09/2022).

Para tal efecto, la diputada Mack explicó la necesidad de organizar los intereses sobre la

base de principios, de un presupuesto, con recursos técnicos y personal calificado. Dijo que lo

fundamental son los principios como la pertinencia intercultural y la participación ciudadana.

De igual manera, enfatizó en que, si se lograse generar un nivel de gobernanza, involucrando

a todos los actores para alcanzar acuerdos mínimos acerca de cómo hacer efectiva la

gestión de los recursos, tendríamos un buen programa, un plan y un proyecto estratégico

(Comunicación personal, 12/09/2022).

De manera coherente, en la misma entrevista la diputada Mack también resaltó la importancia

de tener un proceso participativo. pues, aunque sea más lento, genera aliados porque al ser

una iniciativa participativa, coexiste el sentir y los aportes de las personas que participan.

Y para eso se requiere una comisión de ciudadanos que tengan capacidades técnicas y

políticas de dirección y sistematización, la entrevistada agregó que es un proceso que debe

ser tomado en serio (Comunicación personal, 12/09/2022).

Resultados y discusión

La ley de aguas en Guatemala no ha sido aprobada como consecuencia de la dispersión

del marco legal vigente, así como por la falta de voluntad política de parte de los diputados.

Tal como lo afirma Padilla Vassaux (2019): “En Guatemala, no existe una ley aprobada para

la regulación del agua…Se han hecho varios intentos de crear un ordenamiento legal para

regular el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, pero no se ha logrado aprobar una ley”

(p.p. 5-51).

La escasa influencia de la sociedad civil y los pueblos indígenas para generar alianzas

en el Congreso de la República es un factor neurálgico. No obstante, Bernardo Klilsberg

(2005) indica que las organizaciones de cooperación internacional ven la participación de las

organizaciones de sociedad civil y pueblos indígenas como una estrategia de acción para

que las poblaciones sean incluidas en los procesos de toma de decisión, para fortalecer la

cooperación para el desarrollo. (p.p. 150-152).

En Guatemala quienes detentan el poder, son aquellos que disponen de capacidad económica

para pagar y comprar, con el fin de que prevalezca su voluntad sobre los demás. Según
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Álvarez Cantalapedra (2020) dicha manifestación de poder está presente en todo tipo de

relaciones económicas, políticas o culturales (p.p.5-6).

Las alianzas que fundan las élites emergentes y tradicionales, concentradas en el sector

comercial, industrial, agroindustrial y agroexportador, dedicadas a la extracción de los recursos

naturales, minerales y los monocultivos, al interior de las instancias del Estado; evidencian

la extensión de relaciones de su poder político, económico y social. Al respecto Valdés y

Naveda (2018), en su informe de investigación periodística refirieron que: “La élite económica

guatemalteca es la más acaparadora de riqueza de las cuatro que se examinan en un estudio

sobre desigualdad encargado por Plaza Pública, y aparece en los primeros puestos de la lista

de América Latina” (Valdés & Naveda, 2018).

En este orden de ideas, se percibió que las élites trafican con la riqueza y el poder, ampliando

con ello, las brechas de desigualdad en Guatemala. Por tal razón, los pueblos indígenas y las

organizaciones de la sociedad civil se mantienen en permanente resistencia para la defensa

del territorio, el agua y los recursos naturales.

Es importante destacar, que se excluye a los pueblos indígenas y a la sociedad civil de la

gestión y gobernanza del agua porque no se prevé la integralidad de la visión ancestral de

los pueblos indígenas. Aspecto fundamental para la vida de sus pobladores en relación con

el acceso al agua. Considerando que los grupos de poder utilizan el agua y sus territorios

para fines agro-mercantiles y esto constituye una amenaza para la vida y bienestar de los

pobladores. Así lo expone Bonaventura de Sousa Santos (2014):

En tal sentido, considerando que el Estado de Guatemala no contempla un plan estratégico

de resolución de conflictos en torno al problema para que se establezcan las estrategias

de incidencia dentro del espacio de toma de decisiones, se prevé que la vida misma está

en crisis. En tal sentido, Padilla Vassuaux (2019) reseña que a causa de esto, permanece

en permanente crisis de legitimidad, aunado a ello la deficiente implementación de políticas

públicas y sociales, propiciando con ello la fragmentación social. (p.p. 2-3)

Analizó también que el Estado históricamente ha sido el principal violador de los Derechos

Humanos de los pueblos indígenas y de la sociedad civil; por ello, permanecen en resistencia.

Según Diego Padilla (2019), al analizar la debilidad del Estado y de acuerdo con lo que ha

estudiado de Edelberto Torres-Rivas (2019), el Estado de Guatemala ha sido contrainsurgente;

se ha organizado para aplicar la violencia de manera inmediata y general, no para gobernar. (p.1).

La crisis ambiental –el cambio climático, las sequías, el agotamiento del agua, la extinción de

especies y bosques, la acidificación de los océanos– se ha convertido en una de las amenazas

más serias contra derechos humanos de todo tipo. Después de todo, estos tienen poco sentido

si lo que está en riesgo es la vida misma sobre la Tierra. (p.p.10-11).
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La ONG denominada Asociación de Amigos del Lago, una entidad financiada por el sector

empresarial, promovió a lo interno de las instancias del Estado un megaproyecto denominado

megacolector en la cuenca del Lago de Atitlán desde el año 2014; con ello provocó la desconfianza

de las autoridades ancestrales de Sololá y de las organizaciones de la sociedad civil.

Se observó de manera no participante y partiendo de la experiencia de la conciencia de los

sujetos involucrados, la mirada intencional y la experiencia vivencial que los mismos tienen

sobre el contenido del razonamiento que le han dado a la forma en que se procuran en

Guatemala las relaciones de poder respecto al agua y el territorio. Así como el lugar que

ocupan frente a los sectores dominantes que controlan la toma de decisiones en las instancias

del Estado acerca del agua y el medio ambiente en el lago de Atitlán, su ecosistema terrestre

y acuático, además de su biodiversidad.

Es importante comprender que los pueblos indígenas resisten y defienden el territorio, el agua

y la vida del tejido social alrededor del agua, así como a los seres vivos que habitan en ella y

en su entorno, su salud, seguridad ambiental, sanitaria y alimentaria; así también lo defienden

del despojo para extraer el agua con fines industriales, agroindustriales y la criminalización de

parte del Estado, entre otros factores. Ya que el Estado favorece el modelo económico mundial

orientado a la explotación de los recursos naturales, sin tomar en cuenta su discernimiento,

su memoria colectiva comunitaria y las repercusiones que tienen en sus vidas las actividades

extractivas. Porque las mismas están destruyendo la biodiversidad biológica y el ecosistema

de sus territorios.

Y es que, poniendo en el centro de atención a la persona humana, sus demandas y necesidades,

se ratificó que el derecho al acceso al agua de calidad y las ciencias aplicadas al saneamiento

ambiental sí favorecen las condiciones de vida y la salud de los guatemaltecos. Para sustentar

esto, se tomó como referencia lo expresado por Reyes López (2017), en el artículo El recurso

agua en Guatemala -retos para su gestión y conservación en donde indicó que:

La mirada ancestral de los pueblos indígenas habla de la vida de los seres vivos del lago,

de sus vivencias y prácticas ancestrales, quienes piden que se escuchen las voces de sus

pueblos porque esas voces van vinculadas a sus medios de subsistencia: al agua, a sus

milpas, a su frijol, a su pescado, a sus plantas y a los otros seres vivos que habitan el derredor

del lago. Ya que son parte de su biodiversidad, para aprender y desaprender, para recuperar

el buen vivir que practicaban sus ancestros y que además implica mantener la soberanía

alimentaria, para salir del consumismo.

El agua es un recurso vital para la vida y bienestar de los seres humanos. Su uso, explotación y

conservación, en términos de racionalidad y sostenibilidad, permiten satisfacer las necesidades

básicas y asegurar la pervivencia y el desarrollo tanto de generaciones presentes como futuras.

(p.4).
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Este aspecto también fue analizado por Reyes López (2017), ya que según ella.

El papel que desempeña el agua en la vida de los pueblos indígenas está ligado a

sus costumbres, tradiciones y formas de vida económica, por lo que debe ser parte

del reconocimiento y protección (…) dentro de la normativa de Ley de Aguas que se

apruebe en el país (…) los pueblos indígenas tienen prácticas propias de uso, manejo y

conservación. (p.11).

La mirada de los sectores que dominan el control político, público, económico y estatal tiene

una visión economicista que dona a su conciencia individual y colectiva un interés por el agua

al que se le puede sacar un provecho extractivista para la acumulación de riqueza en manos

de las élites, que son ellos mismos, para seguir manteniendo su hegemonía económica, social,

cultural y política, así como el monopolio del poder estatal. De esta manera se observan los

factores que impiden que se apruebe la ley de agua; ya que el mismo interés no permite que

se involucre e incluya el sentir, las vivencias y la mirada de los pueblos indígenas.

En el caso del municipio de Panajachel, las demandas se situaron frente a la defensa de

la playa pública del lago ante las autoridades municipales y locales con el objeto de evitar

su privatización, además de asumir la responsabilidad de su limpieza. Aunque no están de

acuerdo con la instalación del megacolector, prefirieron silenciarse al respecto por temor a

futuras represalias. Puesto que en el espacio del municipio de Panajachel se encuentran las

oficinas de la Asociación de Amigos del Lago de Atitlán (AMSCLAE), los centros universitarios

de investigación y otras ONG, además se localizan instaladas la mayoría de las empresas

hoteleras, de servicios turísticos y comerciales que financian la AMSCLAE, promotora del

proyecto megacolector. Ya que dependen del trabajo que los empresarios generan para las

familias de dicho municipio.

En oposición, los consejos de ancianos de San Pedro la Laguna y las organizaciones de

sociedad civil fortalecieron las acciones de rescate ambiental antes de que se ampliara el

conflicto; se organizaron para hacer la limpieza de las playas del lago, desarrollaron una

estrategia de rescate ambiental del lago para prevenir su contaminación y prohibieron el uso

de plásticos en el municipio. Asimismo, los pedranos se declararon frontalmente en contra de

la instalación del megacolector; además presentaron un recurso de amparo ante la Corte de

Constitucionalidad en la ciudad de Guatemala.

En el año 2018, en apoyo a los pueblos del lago, el Comité Campesino del Altiplano -CCDA-

presentó el caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en la Ciudad de México, con la

intermediación del Diputado Leocadio Juracán en contra de la instalación de dicho megacolector

por “vulneración de los derechos humanos y ambientales, como la exclusión sistemática,

deliberada, ilegítima y progresiva, de la población originaria -maya y campesina- del Lago

Atitlán, provocada por parte de las estructuras de gestión en la cuenca de este mismo lago”.
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Entre sus recomendaciones se indicó que:

Se debe garantizar a información y la participación en la toma de decisiones de los Pueblos

Indígenas presentes en la Cuenca, de conformidad al Artículo 6º del Convenio 169 de la OIT.

Que la AMSCLAE se abstenga de seguir promoviendo proyectos ambiental y socialmente

peligrosos que carezcan de estudios técnicos y científicos que les brinden sustento, como

la iniciativa del Megacolector. Que se propicien las condiciones necesarias para que las

comunidades decidan sus prioridades de vida digna, incluyendo la elaboración de un plan de

ordenamiento territorial en la Cuenca del Lago de Atitlán. Que las autoridades garanticen el

pleno ejercicio del derecho a la libre expresión, manifestación y reunión, absteniéndose de

toda intimidación y criminalización de la protesta social, así como de toda represión contra

líderes, lideresas, defensores y defensoras de los derechos humanos. Se pide al gobierno de

Guatemala sobre emitir una Ley de Aguas que garantice el cumplimiento al derecho humano al

agua y saneamiento, respete las formas de administración del agua de los pueblos indígenas y

prohíba el desvío de los ríos. Que se deroguen normas de carácter civil que tiendan a favorecer

la privatización del agua. (Tribunal Latinoamericano del Agua, 2018).

Se observó que, como forma de mediación, ambos pueblos utilizaron la red social de

Facebook para convocar y hacer conferencias de prensa con el fin de dar a conocer las

acciones reactivas que programaron como resultado de la resistencia que mantuvieron por

la defensa del territorio, el lago de Atitlán, el agua y la playa pública. En la que se representó

la experiencia vivida de los sujetos involucrados y el modo en que hablan para recrear la

narración real instituida a partir de su conciencia individual y colectiva, así como desde su

punto de vista.

Se comprobó que el problema planteado acerca de las relaciones de poder en torno a la

gestión de los recursos hídricos es un conflicto que involucra a todos los sectores de la

sociedad que habitan en los alrededores del lago.

De cara a esto, el Estado no percibe ni vislumbra la razón de ser del derecho ancestral

consuetudinario en relación con el sentido y significado del agua, el territorio y los seres vivos

que defienden y resisten los Consejos de Ancianos y las organizaciones de sociedad civil.

No obstante, responde al tráfico de influencias, el nepotismo y el control exacerbante de las

élites guatemaltecas que ocupan el espacio en las orillas del lago y que se han organizado

para imponer su poder economicista por encima de las prácticas ancestrales, los Derechos

Humanos, los Derechos de los pueblos indígenas y las organizaciones de sociedad civil en

torno al lago, con total injerencia para promover la transformación del marco legal guatemalteco

en favor del capital verde.

Por ello se distingue que el conflicto es generado a consecuencia de la injerencia de las

élites, por su actitud excluyente, racista y su desconocimiento en relación con las prácticas,
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las creencias y la cultura ancestral. Por lo consiguiente, tanto en el municipio de Panajachel

y en San Pedro la Laguna, es fundamental establecer un marco de responsabilidad individual

social, colectiva social, colectiva empresarial, municipal y estatal; planificado, programado y

organizado a corto, mediano y largo plazo.

Los factores estructurales relacionados al fenómeno social del poder que impiden que se

apruebe una ley de aguas, en el caso del lago de Atitlán, evidencian una vez más las alianzas

estratégicas que realizan las elites dominantes y emergentes por el control del plan del

rescate del lago. Considerando sus intereses económicos involucrados en las actividades

agroindustriales, comerciales y turísticas que ellos realizan en dicho territorio. Para tal efecto,

promueven la exclusión de los pueblos indígenas de la gobernanza del agua, así como de

las organizaciones de sociedad civil. Desconocen además el papel de éstos por la defensa y

protección del agua del lago de Atitlán.

Se evidenció, que las autoridades ancestrales y de la sociedad civil se organizan y demandan

su inclusión en la toma de decisiones en los espacios de poder por la gobernanza del

agua. Sin embargo, son excluidos y discriminados desde la lógica de dominación patriarcal

neoextractivista y neocolonial. Situación que afecta mayoritariamente a las mujeres. Esta

lógica de dominación otorga privilegios políticos y económicos a los sectores vinculados

al sector industrial. No así a la población guatemalteca que no tiene participación en las

negociaciones del poder, debido a que carece de capacidad económica para intervenir en el

gana-gana de las decisiones políticas para la gobernanza del recurso hídrico, en este caso

del Lago de Atitlán.

Conclusiones

El Estado de Guatemala no contempla un plan estratégico de resolución de conflictos en torno

al problema del agua para que se establezcan las estrategias de incidencia dentro del espacio

de toma de decisiones. Por esta causa permanece en permanente crisis de legitimidad.

Los pueblos indígenas y las organizaciones de sociedad civil son excluidos porque no se da

validez científica a su conocimiento ancestral en relación con los recursos naturales en el

marco de su cosmogonía y cosmovisión del mundo, con el prejuicio de ser llamados ignorantes

de manera recurrente.

La falta de una ley de aguas refleja el antagonismo preexistente, así como las históricas

brechas de desigualdad e inequidad en torno al poder que han existido en Guatemala.
https://revistasep.usac.edu.gt
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado
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Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado
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Sobre autora

Patricia Melgar Orozco

Maestra en Política Social y Gestión de Pública por la Universidad de San Carlos de

Guatemala. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y es Licenciada en Ciencias

de la Comunicación Social por la Universidad Francisco Marroquín.

Financiamiento de la investigación

Con recursos propios.

Declaración de intereses

Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados

obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Derecho de uso

Copyright (c) (2024) Patricia Melgar Orozco

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