CG-SEP
ISSN: 2523-6121 (impresa) / 2707-2908 (en línea)
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Palabras clave
insurgencia criminal, actividades delictivas, bandas criminales emergentes, políticas criminoló-
gicas
La insurgencia criminal,
un reto a la seguridad de la nación para Guatemala
Referencia
Girón Mendizábal, J. F. (2023). La insurgencia criminal, un reto a la seguridad de la nación para Guatemala.
Revista Cientíca del Sistema de Estudios de Postgrado. 6(2). 85-99.
DOI: https://doi.org/10.36958/sep.v6i2.180
The Criminal Insurgency, a challenge to National Security for Guatemala
Jorge Francisco Girón Mendizábal
Maestría en Seguridad de la Nación
Universidad de San Carlos de Guatemala
paquitogiron84@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-8659-7569
Resumen
OBJETIVO: analizar la situación de seguridad en Guatemala, luego de años del enfrentamiento armado
interno en el país, y de la rma de Acuerdos de Paz, produce un debate con relación a la necesidad
de actualizar procedimientos, medios y capacidades de las Fuerzas de Seguridad Pública y Fuerzas
Armadas, para adaptarse a las nuevas amenazas delictivas de las bandas criminales emergentes
en espacios territoriales cada vez más extensos, lo que supone nuevos retos a la Seguridad de la
Nación. MÉTODO: enfoque mixto de investigación, desarrollado a través del análisis bibliográco de
diferentes autores respecto a este tema, así como entrevistas individuales y encuestas a personal
de diferentes instituciones guatemaltecas pertenecientes a los Sistemas Nacionales de Seguridad e
Inteligencia, y a analistas independientes, expertos en el tema de la Insurgencia criminal y su afectación
a la Seguridad de la Nación. RESULTADOS: el principal hallazgo detectado consiste en el complejo
proceso de transformación del crimen organizado a una insurgencia criminal, y cómo este nuevo reto
debe ser atendido y minimizado lo antes posible. CONCLUSIÓN: es necesario contrarrestar esta nueva
serie de acciones delictivas que están afectando a Guatemala, y cuyo efecto también puede amenazar
la Seguridad de la Nación de El Salvador y Honduras, esto obliga a implementar efectivas políticas
criminológicas, que involucren, de igual forma a las fuerzas de seguridad, policiales y militares, y a otras
instituciones gubernamentales, no gubernamentales e iniciativa privada, con la nalidad de alcanzar y
mantener una verdadera Seguridad de la Nación para el país.
Recibido: 15/05/2023
Aceptado: 1 7 / 1 0 / 2 0 2 3
Publicado: 10/11/2023
Artículo cientíco
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Abstract
OBJECTIVE: analyzing the security situation in Guatemala, after years of internal armed conict in
the country, and the signing of the Peace Accords, produces a debate regarding the need to update
procedures, means and capacities of the Public Security Forces and Armed Forces, in order to adapt to
the new criminal threats of emerging criminal gangs in increasingly extensive territorial spaces. which
poses new challenges to the Security of the Nation. METHOD: mixed research approach, developed
through the bibliographic analysis of dierent authors on this topic, as well as individual interviews
and surveys with personnel from dierent Guatemalan institutions belonging to the National Security
and Intelligence Systems, and with independent analysts, experts about criminal insurgency and its
impact on the Security of the Nation. RESULTS: the main nding detected is the complex process of
transformation from organized crime to a criminal insurgency, and how this new challenge must be
addressed and minimized as soon as possible. CONCLUSION: it is necessary to counteract this new
series of criminal actions that are aecting Guatemala, and whose eect can also threaten the security
of the nation of El Salvador and Honduras, this requires the implementation of eective criminological
policies, which involve, in the same way, the security forces, police and military, and other governmental,
non-governmental institutions and private initiative, in order to achieve and maintain a true security of
the Nation for Guatemala.
Keywords
criminal insurgency, criminal activities, emerging criminal gangs, criminological policies
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Introducción
La insurgencia criminal no pretende derrocar gobiernos ni imponer algún tipo de ideología,
al contrario, su objetivo es generar una lucha altamente violenta contra los Estados para
obtener autonomía y beneciarse económicamente de sus actividades criminales en total
impunidad, librándose de todo tipo de control gubernamental. En Guatemala, el surgimiento
de estos grupos criminales es resultado de la falta de presencia y capacidad del Estado para
enfrentarlos, dejando que los mismos actúen sin freno ni control. El concepto de insurgencia
criminal ignora por completo la naturaleza política de las metas de quienes la protagonizan.
Un ejemplo de esto lo constituyen los frecuentes enfrentamientos de pobladores de Santa
Isabel Tajumulco y San Cristóbal Ixchiguán, ambos del departamento de San Marcos, que
representan una clara muestra de cómo un nuevo tipo de bandas criminales están apareciendo
en esas áreas montañosas del occidente guatemalteco.
Esto es acaso ¿un nuevo campo de batalla que se dibuja en el horizonte? Para los pobladores
de esas regiones del departamento de San Marcos, el enfrentarse de manera violenta
se ha vuelto algo rutinario dentro de sus comunidades. ¿Cuáles son los motivos de esta
problemática? Algunos pobladores hacen suya la respuesta ocial acerca de que esto se
debe a un conicto territorial que data desde agosto de 1933, al no haberse jado de forma
clara los límites entre ambos municipios. Otros callan y no indican cuál es el motivo de estos
enfrentamientos. Saben que algo existe, pero que nadie lo acepta. En esa región, grandes
extensiones de terreno se han convertido en plantaciones de cultivo de amapola, lo que
representa un fuerte aliciente económico para quienes la cultivan, así como un importante
motivo de pugna por el establecimiento del precio de dicha planta. En ese incierto escenario
de batalla, los estados de excepción, así como la permanencia de unidades militares y de la
fuerza pública, no han garantizado la gobernabilidad en un área no delimitada a cabalidad,
por lo que en esas comunidades es muy difícil vivir en paz y tranquilidad.
Un último hecho por analizar. De forma recurrente, y cada vez con mayor intensidad, las
fuerzas de seguridad, tanto policiales como militares, se enfrentan con pobladores de esos
municipios, pero no es sólo un intercambio de disparos, son combates en los que el agresor
emplea tácticas militares que han causado muertos y heridos a las fuerzas de la ley y el orden.
Todo este andamiaje criminal y delictivo, obliga no sólo a Guatemala, sino a su vez, a los
Estados centroamericanos que conforman el Triángulo Norte, por la cercanía, la porosidad
fronteriza y por ser afectados por problemas de seguridad comunes, a generar estrategias
destinadas a enfrentar el agelo de la Insurgencia Criminal, partiendo de las premisas acerca
de ¿Cómo se congura de manera similar este fenómeno en diferentes regiones del país?
¿Cuáles son sus objetivos y estrategias? ¿Cuáles son las debilidades del Estado que los
criminales utilizan a su favor? Y, ¿Qué tanto el Crimen Organizado Transnacional que se
desarrolla en América Latina, así como el terrorismo internacional, pueden estar inmersos
dentro de la Insurgencia Criminal que se está presentando en Guatemala?.
Este artículo presenta los resultados obtenidos durante el trabajo de tesis del autor, en
la carrera de Maestría en Seguridad de la Nación, de la Escuela de Ciencia Política de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual se analizó el nivel de afectación que, en el
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ámbito de la Seguridad de la Nación, enfrenta Guatemala ante el fenómeno de la Insurgencia
Criminal, y como su respuesta, muchas veces inconsistente e inefectiva, obliga a retomar el
rumbo hacia la implementación de una política criminológica, en la cual se involucren tanto
fuerzas de seguridad, policía y ejército, así como otras instituciones gubernamentales, no
gubernamentales e iniciativa privada, para que con ello sea posible alcanzar la Seguridad de
la Nación, no sólo para Guatemala, sino en perspectiva, también para sus países vecinos, El
Salvador y Honduras.
Insurgencia criminal, un reto a la seguridad de la nación para Guatemala
Han transcurrido veintisiete años desde la rma de los Acuerdos de Paz, tiempo en el cual
Guatemala ha sufrido una espiral ascendente de violencia criminal, que en algunos casos ha
ocupado el papel y lugar de los grupos subversivos de los años ochenta.
Para nadie es desconocido que, en este país, así como en El Salvador y Honduras, viven miles
de pandilleros, resultado de la deformación de los factores sociales, políticos, económicos,
institucionales y geopolíticos, en cada uno de los países. Revisando un poco las estadísticas
en estos países, es posible encontrar que “… según información proporcionada por sus
sistemas nacionales de inteligencia, en Guatemala existen alrededor de 19 mil pandilleros y
mil quinientos más recluidos en cárceles” (www.prensalibre.com, 4 de junio de 2022, noveno
párrafo), mientras que en El Salvador, se considera que existen aproximadamente 118 mil
pandilleros, de los cuales hay 70,000 pandilleros en la calle y 86,000, sumando aquellos
miembros de pandillas en prisión” (www.diario.elmundo.sv, 19 de noviembre de 2022, cuarto
párrafo), y Honduras que en 2014 fue catalogado como el país más violento del mundo de los
países sin conicto de guerra” (www.es.insightcrime.org, 9 de diciembre de 2015, segundo
párrafo), presenta hoy en día una estimación sobre “la cantidad de miembros activos de
pandillas que oscila entre 5.000 y 40.000” (www.hrw.org/es/world-report/2021/country-
chapters/honduras, 17 de enero de 2021, quinto párrafo).
Tras la rma de los Acuerdos de Paz, en 1997, el Ejército de Guatemala redujo sus efectivos,
suprimiendo zonas, bases y destacamentos militares en varios departamentos del país, así
como también debió reestructurar el dispositivo estratégico para poder cumplir con su misión
constitucional, mientras que la Policía Nacional Civil, que surge de dichos acuerdos, no ha
logrado tener estaciones y subestaciones en todo el país lo que ha generado la ausencia
del Estado guatemalteco en áreas donde luego el crimen organizado se aanza día con día,
originando que las amenazas dentro del campo de la seguridad a enfrentar, sean un verdadero
desafío para Guatemala, que puede incluso reejarse en la región centroamericana.
En Guatemala, El Salvador y Honduras, “hablar de pandillas en la actualidad es sinónimo
de: homicidios, extorsión, masacres, asesinatos con lujo de barbarie, control de territorios,
desplazamientos forzados internos, migración en especial de jóvenes amenazados de muerte,
narcomenudeo, trata de personas, lavado de dinero, terror, violaciones, desaparecidos,
entre otras actividades criminales” (www.laprensagraca, 15 de julio de 2017, segundo
párrafo). Estas pandillas, bandas criminales, maras o como se les denomine en cada país,
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se han convertido desde hace años en grupos armados con una connotación de sociedades
criminales con presencia y alcance operacional de carácter transnacional, ya que actúan de
manera indiscriminada en la región, y que en los últimos años se han visto involucradas con
el accionar de los grupos criminales que se dedican al narcotráco, tanto en la distribución,
como con el denominado “ajuste de cuentas” entre los mismos.
Y es precisamente en Guatemala, que el control de territorios y la búsqueda de expansión,
han sido factores que les ha favorecido para esa transformación y, de esa manera convertirse
en una Insurgencia Criminal, que como fenómeno social que representa una grave amenaza
a la Seguridad de la Nación, ya que el mismo genera inestabilidad e ingobernabilidad, y
aprovechando que con sus acciones, el Estado guatemalteco esté perdiendo el control dentro
de su territorio, dañándose con ello su legitimidad “y atentando contra la Soberanía Nacional
y la integridad de los países” (www.laprensagraca, 15 de julio de 2017, tercer párrafo).
En Guatemala, el tema del fortalecimiento y diversicación de la actividad criminal ha sido
ampliamente analizado, como por ejemplo en los estudios de: WOLA con “Criminalidad e
Inseguridad en Guatemala” (2020), así como por Adolfo Jacobo Alarcón Duque en su “Política
Criminal en Guatemala” (2016), FUNDESA con su análisis “Avances y Retos en Seguridad y
Justicia 2019-2024” (2019), por Esteban Arratia Sandoval en su estudio “¿Insurgencia Criminal?:
La cambiante naturaleza del Crimen Organizado Transnacional en México y Centroamérica.”
(2019), por José D'Odorico con “La Guerra No Convencional. Capitulo IV: El Terrorismo en la
Guerra Irregular.” (2010), por John P. Sullivan en su estudio “Insurgencia Criminal: Narcocultura,
Bandidos Sociales y Operaciones de Información.” (2012), entre otros. Un denominador común
en todos estos estudios es que la insurgencia criminal es un fenómeno resultante en muchos
de los casos, de los enfrentamientos armados que de forma interna se llevaron a cabo en gran
parte de esa región durante las décadas de los años setenta, ochenta y noventa.
Las confrontaciones en Guatemala, El Salvador y Nicaragua mostraron la lucha insurgente de
carácter ideológico, donde la bipolaridad engendrada en la Guerra Fría encontró en el territorio
centroamericano, el campo de batalla ideal para luchar entre las ideologías representadas por
los Estados Unidos de América y la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Pero aquí hay un punto que se necesita resaltar, la Insurgencia Criminal, a diferencia de la
insurgencia ideológica, no pretende derrocar gobiernos sino establecer una lucha altamente
violenta contra los Estados para obtener autonomía y beneciarse económicamente de sus
actividades criminales en total impunidad, librándose de todo tipo de control gubernamental.
El surgimiento de estos grupos criminales es resultado de la falta de presencia y capacidad del
Estado guatemalteco para enfrentarlos, dejando que los mismos actúen sin freno ni control. El
concepto de Insurgencia criminal ignora por completo la naturaleza política de las metas de
quienes la protagonizan, pues “este concepto se extiende a todas las expresiones criminales
motivadas por un interés económico con el n de corromper, neutralizar o atacar a las fuerzas
de seguridad de un Estado con la nalidad de obtener un espacio físico para desarrollar sus
actividades criminales” (Arratia, 2015, p. 75), con lo que el término insurgencia pierde su
signicado original, lo que se contrapone a lo que algunos investigadores, aún en nuestros
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días, relacionan este término con una lucha de carácter ideológico y de naturaleza política.
Entonces, ¿cuál es la motivación principal de estos nuevos insurgentes?.
Es a partir del año 2010, cuando se identican en la región, nuevas formas de operación
criminal por parte de las pandillas y las organizaciones delincuenciales dedicadas al
narcotráco, “lo que obligó a los Estados a preguntarse ¿el crimen organizado transnacional
está evolucionando hacia un nuevo tipo de insurgencia?” (Arratia, 2015, p. 75). Los índices
de violencia criminal son clara evidencia de la transformación que las pandillas, bandas
criminales y maras han tenido en los últimos quince años, con el surgimiento del fenómeno
de la insurgencia criminal, y ante la cual, observamos que, en muchos de los casos, el Estado
es superado en su capacidad de respuesta. De manera repetitiva vemos en Guatemala
como las bandas criminales deambulan sin respeto alguno a la autoridad y a la vida de
la ciudadanía, a lo largo de las carreteras, los pasos fronterizos, pueblos y ciudades. La
portación ostentosa de armamento de estos delincuentes es una amenaza agrante a la
seguridad ciudadana. Y esta es sólo una parte del fenómeno que se ha convertido en parte
del diario vivir de los guatemaltecos.
Materiales y métodos
Todos estos hechos obligan a preguntarnos ¿cómo estos grupos delincuenciales se han
transformado y atentan en la actualidad a la Seguridad de la Nación en Guatemala? Para
responder ésta pregunta, lo primero que debemos tomar en cuenta es que la base de
Insurgencia Criminal “es la economía ilícita, la obtención de ganancias ocupa el lugar que en
el concepto tradicional de insurgencia le pertenece a la ideología, la religión o la etnia” (Arratia,
2015, p. 43), con lo que se está conrmando que el motivo principal de este fenómeno social es
la obtención de ganancias provenientes de actividades ilícitas, potencializadas por el empleo
de formas de violencia superiores a las empleadas por el crimen organizado tradicional.
Considerando entonces lo que comprende el fenómeno de la insurgencia Criminal, se
hizo necesario diseñar un trabajo de investigación, basándose en las características de
este fenómeno social, lo que generó que el tipo de investigación para este estudio fuera
la descriptiva, ya que a través de la misma se recopiló “información cuanticable para ser
utilizada en el análisis” (www.QuestionPro, 2020, sexto párrafo), que incluía documentos,
fotografías, trabajos de investigación anteriores, así como datos estadísticos relacionados al
incremento de las acciones criminales propias de la insurgencia criminal.
De igual forma, el enfoque de investigación empleado fue de carácter mixto, porque aparte del
análisis bibliográco de diferentes autores respecto a este tema, se llevó a cabo la aplicación
de entrevistas individuales y encuestas a personal de diferentes instituciones guatemaltecas
del Sistema Nacional de Seguridad y del Sistema Nacional de Inteligencia, así como a
analistas independientes, expertos en el tema de la insurgencia criminal y su afectación a la
Seguridad de la Nación.
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Esto permitió que los datos obtenidos a través de estos instrumentos de investigación ofrecieran
una medición objetiva, así como un análisis numérico el cual fue esencial para responder a la
pregunta generadora de este debate, y de esa forma, determinar el proceso inmerso dentro de
los cambios sociales, delictivos, criminales, etc., que generaron el surgimiento de la Insurgencia
criminal en la región centroamericana, y que han obligado a desarrollar una planicación
estratégica por parte de Guatemala, la cual en un contexto general debe compartirse también
a El Salvador y Honduras, para que oriente a las instituciones responsables de la Inteligencia
nacional en cada uno de estos países, y así adaptarse al fenómeno, anteponiéndose al
accionar de estas mentes criminales y redes del mal, como parte del reto que los ciudadanos
deben enfrentar dentro del marco de la Seguridad de la Nación.
La lucha ideológica en Guatemala pertenece a un pasado de apenas veintisiete años atrás,
pero que aún hoy en día muestra secuelas de inseguridad y altos niveles de criminalidad, tanto
en las ciudades como en el interior del país. Los resultados de las encuestas rearman que
el Estado, al haber abandonado la seguridad en áreas a partir de 1997 y principalmente en
2004, perdió el control en las mismas, dejando el espacio ideal para que el crimen organizado
transnacional pueda hacer uso de vías de comunicación, territorio y comunidades enteras
para sus nes delictivos. Estas consideraciones se pueden identicar fácilmente en varias
regiones del territorio guatemalteco.
Una de las fuentes bibliográcas analizadas es el artículo “La amenaza de la insurgencia
criminal en Colombia: el concepto de inteligencia híbrida como nueva forma de adaptación de
las estrategias tradicionales contrainsurgentes”, en el cual Julia Pulido (2017), presenta, que
esa nueva forma de actuar dentro del marco de la criminalidad organizada, principalmente
en Colombia, Guatemala y El Salvador, es un “fenómeno cuyo objetivo es ganar control y
autonomía sobre el territorio nacional mediante el vaciamiento del Estado y la creación de
enclaves criminales cuyo objetivo es asegurar la libertad de maniobra para llevar a cabo
sus actos ilícitos, convirtiéndose en una amenaza directa a la integridad del Estado” (Pulido,
2017, p. 59), y que a su vez lucha por la adquisición de dos objetivos estratégicos. De todos
es conocido como los Zetas tuvieron asegurada la ruta de la Franja Transversal del Norte, un
puente entre Honduras y México, y corredor expedito para sus operaciones criminales, así
como de su lucha con el cartel del Golfo por el control del norte y noroccidente guatemalteco.
Al nal, la obtención de benecios, es uno de los principales propósitos de las organizaciones
del crimen organizado, tanto en Guatemala como en los demás países, el otro propósito es
tomar el control territorial, ya que:
“este último elemento, propio de organizaciones insurgentes tradicionales, es el factor que marca
la diferencia entre los grupos de criminalidad y los grupos de insurgencia criminal, creando entre
ambas dimensiones tienen su intersección en los espacios físico y virtual, donde ambos lados
intentan introducir un discurso político, económico y cultural para enmarcar el valor y controles
del tráco de drogas carteles y las bandas criminales” (Pulido, 2017, p. 60).
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Los constantes enfrentamientos entre las bandas criminales y las fuerzas de seguridad en
el área del Petén muestran como el apoyo comunitario a estas organizaciones delictivas no
permiten a la autoridad actuar de manera ecaz y efectiva.
De igual manera, Arratia Sandoval (2015) en su artículo “¿Insurgencia Criminal?: La cambiante
naturaleza del Crimen Organizado Transnacional en México y Centroamérica” la dene como
un fenómeno que:
Y esto es lo que está sucediendo en Guatemala, ya que estos enfrentamientos entre pobladores
y fuerzas de seguridad sólo reejan que la Insurgencia Criminal tiene como objetivo primordial
ganar control y autonomía sobre el territorio nacional “donde no existe presencia del Estado,
demarcando áreas de criminalidad donde pueda asegurarse la libertad de maniobra para
llevar a cabo sus actos ilícitos” (Arratia, 2015, p. 43). Junto con Petén y San Marcos, regiones
en Izabal, Alta Verapaz, Zacapa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y Quetzaltenango, son
un ejemplo de este fenómeno.
Resultados y discusión
El tiempo se ha encargado de transformar la realidad que se vive en Guatemala, ya que
el aparecimiento de los cárteles de la droga y bandas criminales suponen un desafío a la
autoridad estatal a lo largo y ancho de todo su territorio. Como lo indica John P. Sullivan
(2012) en su análisis “Insurgencia Criminal: Narcocultura, Bandidos Sociales y Operaciones
de Información”, dene a este fenómeno como “el mecanismo de confrontación con el estado
que resulta cuando la relación entre crimen organizado y el estado cae en desequilibrio,
presentando un reto a estados y comunidades.
En la región de Tajumulco e Ixchiguán, donde su clima favorece el cultivo del café, sus
pobladores preeren cultivar y producir amapola, de la cual su principal derivado ilícito es la
heroína y que llega al mercado estadounidense por medio de los grupos narcotracantes de
México, que operan, manejan y dominan ese negocio ilícito en Guatemala. Se dice que “en
Tajumulco domina el cartel Jalisco Nueva Generación y en Ixchiguán el cártel de Sinaloa”,
como asegura el informe Amapola, opio y heroína. La producción de Colombia y México
(Ospina, Hernández Tinajero, Jelsma, 2018, página 12).
“se caracteriza por ser apolítico debido a que desafía al Estado solo en la medida en que esté
presente una fuerte capacidad regulatoria. En consecuencia, la base de Insurgencia Criminal es
la economía ilícita, la obtención de ganancias ocupa el lugar que en el concepto tradicional de
insurgencia le pertenece a la ideología, la religión o la etnia” (Arratia, 2015, p. 43).
La insurgencia criminal deere de la insurgencia terrorista convencional debido a que el único
motivo político de los insurgentes criminales es ganar autonomía y control sobre el territorio,
creando enclaves criminales para asegurar su libertad de maniobra, y donde esa lucha de
poder le resta legitimidad y solvencia al Estado a la vez que otorgan poder económico y político
a los criminales” (Sullivan, 2012, séptimo párrafo).
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Otro ejemplo de cómo la insurgencia criminal se ha diseminado en Guatemala es el nororiente
guatemalteco: Izabal, Zacapa y Chiquimula. Departamentos que conforman un área en la cual el
cartel de Sinaloa opera a través de varias estructuras nacionales dedicadas al narcotráco, que,
varias veces han librado luchas internas por el control de territorios.
Guatemala posee una topografía ideal para el desarrollo de operaciones militares de baja
intensidad, lo que se ratica en el sentido que, en los últimos años, la lucha por el control del
negocio de la droga ha generado fuertes y constantes enfrentamientos entre pobladores con
patrullas militares y de policía, sin ningún temor y respeto hacia las fuerzas de seguridad,
aprovechando los criminales, en muchos de estos enfrentamientos, la ventaja táctica que les
ofrece el terreno en el cual se llevan a cabo los mismos.
El incremento de estas acciones en todos los puntos cardinales del país, muestra la existencia
de zonas de “narcoguerra”, en la que se enfrentan los tracantes de la droga y las fuerzas
de seguridad, tal como lo indica Sullivan (2012), al armar que esa zona es un espacio
“transnacional y cultural donde los Estados, criminales y sociedad civil libran una guerra física
y de información para controlar el territorio, los mercados y las esferas de inuencia” (Sullivan,
2012, tercer párrafo), que signica principalmente que estos actores, los carteles de la droga,
compiten por un poder económico ilegal totalmente apetecible para ellos.
Varios de los entrevistados que se desempeñan dentro del sector de la prevención de la
violencia y el delito, coinciden en que esta transformación hacia la insurgencia criminal se
debe principalmente a la falta de presencia policial en áreas del territorio guatemalteco, en
especíco, las más próximas a las fronteras nacionales, en las cuales, ante una insuciente
fuerza de seguridad pública, los delincuentes pueden tener un mayor espacio de maniobra
criminal. De igual manera, los entrevistados, pertenecientes a la institución armada
guatemalteca indican que la reconversión del dispositivo militar sufrida en 2004, facilitó a las
organizaciones del crimen organizado asentarse en áreas, muchas de ellas lugares donde se
desarrolló el enfrentamiento armado interno.
Por aparte, algunos analistas en inteligencia, tanto civil como militar, coinciden en que los
grupos armados ilegales hacen uso de jóvenes pandilleros para engrosar sus organizaciones
criminales, y que, el armamento utilizado por éstos, es el resultado de la desmovilización,
sólo en papel, de la guerrilla guatemalteca, luego de la rma de los acuerdos de paz en
diciembre de 1996; proceso en el cual, estos grupos criminales no hicieron la entrega total de
su armamento, mucho del que hoy en día se utiliza para enfrentarse a las fuerzas policíacas
y militares. Otra fuente de la provisión de armamento es el que entra de forma ilegal al país a
través de los “pasos ciegos” que se pueden encontrar en todas las fronteras de Guatemala,
raticando con ello que parte fundamental de este fenómeno lo constituye la porosidad
fronteriza, mientras que para expertos independientes, analistas en seguridad e inteligencia,
el problema de la insurgencia criminal es que este fenómeno se ve potencializado, porque las
fuerzas de seguridad, civiles y militares no tienen conocimiento exacto de esa transformación,
por lo que el empleo de métodos propios de una política criminal, que incluye las acciones
a desarrollar en los inefectivos estados de excepción, no son la solución coherente a este
problema de Seguridad de la Nación para el país.
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Un punto importante a considerar es la opinión de la población encuestada cuando en conjunto
coinciden acerca de que este fenómeno no ha sido bien analizado, por lo que la respuesta
en materia de seguridad no alcanza los objetivos que se trazan los grandes diseñadores en
materia de seguridad, y que es necesario un esfuerzo integral para poder eliminar.
El éxodo de pandilleros y delincuentes salvadoreños hacia Guatemala, luego de la puesta en
marcha a nales de marzo de 2022, de un “régimen de excepción” en ese país, sin haber
realizado ningún tipo de coordinación con sus vecinos de Guatemala y Honduras, es prueba de
la falta de ese intercambio de información que debió existir para establecer un frente común en
la lucha contra las pandillas y el crimen organizado transnacional, ya que muchos delincuentes
y pandilleros llegaron a Guatemala a continuar con sus actividades criminales. En junio de 2023,
el Ministerio de Gobernación de Guatemala dio a conocer que, a esa fecha, “58 pandilleros
salvadoreños habían sido capturados en el territorio nacional por la comisión de diferentes
delitos. Algunos fueron deportados de manera inmediata y otro grupo guarda prisión en las
diferentes cárceles del país.” (www.publinews.gt, 4 de junio de 2023, segundo párrafo).
No basta con que cada país se esfuerce para minimizar los efectos que esta insurgencia Criminal
origina, se vuelve imperativo establecer una serie de medidas conjuntas y coordinadas que
cumplan a cabalidad el cometido con el cual han de ser creadas. Los retos a la Seguridad de
la Nación que enfrenta Guatemala la obliga a generar estrategias para atacar este fenómeno,
desde sus causas generales hasta los efectos particulares que el mismo ocasiona. Además,
la mutación que ha sufrido el crimen organizado hacia una insurgencia criminal, obliga al
análisis de este nuevo término, el cual aún no es de utilización común en el ámbito de la
seguridad guatemalteca. Las tácticas militares empleadas por estos grupos hacen recordar
los combates que, durante el enfrentamiento armado interno, se dieron en esas regiones del
occidente guatemalteco entre militares y guerrilleros.
Imponer acciones propias de una política criminal como son los estados de sitio, en los cuales
se suspende total o parcialmente ciertos derechos fundamentales, o el incrementar el número
de efectivos de las fuerzas de seguridad, son medidas gubernamentales insucientes, que no
dan certeza de recuperar la gobernabilidad y el orden público. Es por ello que aquí surge la
pregunta: ¿Existen verdaderos esfuerzos para enfrentar la insurgencia criminal en Guatemala?
Los pocos y decientes resultados de las diversas acciones que los gobiernos de turno han
impuesto en marcha, muestran que los esfuerzos han sido incongruentes e inadecuados. La
solución no es imponer estado de excepción alguno, por el contrario, es necesario que en
Guatemala se desarrollen diferentes medidas que fortalezcan la presencia del Estado en todo
el país, con la nalidad de enfrentar este fenómeno de forma adecuada y oportuna: además,
se debe compartir información veraz y oportuna con El Salvador y Honduras, para que puedan
desarrollarse planes de seguridad conjuntos, en los cuales se establezcan acciones concretas
para contrarrestar este agelo en la región.
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Conclusiones
El análisis objetivo del tema insurgencia criminal, permite determinar que el amplio control
que los grupos delictivos mantienen en diversas regiones del territorio guatemalteco evidencia
que se necesita mucho más que acciones de seguridad pública y ciudadana para enfrentarlo,
ya que en este fenómeno es posible identicar tres elementos comunes que se dan esa
región. El primero es que la mismo busca desaar a la autoridad estatal con la nalidad de
deslegitimizar al Estado guatemalteco. Los ataques a las fuerzas de seguridad, policiales
y militares lo demuestran. El segundo elemento es que este fenómeno tiene como objetivo
ganar control y autonomía sobre el territorio nacional, que le permita obtener un espacio de
maniobra para desarrollar acciones criminales. De todos es sabido la lucha entre los diversos
carteles mexicanos de la droga: Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, del Golfo o los Zetas, por
ser Guatemala una plaza apetecible para dichas organizaciones delictivas.
Y el tercero, es que la insurgencia criminal se aprovecha de la falta de coordinación en
la respuesta que las diferentes fuerzas de seguridad proporcionan, tanto de un país o en
conjunto con otros, por lo que se hace imprescindible conocer este nuevo concepto y las
amenazas que conlleva, para generar las estrategias comunes, que permitan a su vez, como
bloque regional, Guatemala, El Salvador y Honduras, establecer los protocolos pertinentes
para enfrentarla y minimizar sus efectos. Evitando además de esa manera lo que se reere a
la migración de criminales hacia este país.
Todo esto obliga a que se diseñe e implemente una política criminológica, y no una política
criminal, que es lo que actualmente se hace, lo más fácil es establecer estados de excepción.
Esa política criminológica debe considerar implementar diversos proyectos de salud pública,
educación y desarrollo. Donde estos programas de desarrollo no traten solamente de sustituir
los cultivos ilícitos por otros lícitos, esto sería una estrategia demasiado simple y poco factible.
Por ejemplo, para los pobladores de Tajumulco e Ixchiguán, cultivar amapola es 50 veces más
redituable que sembrar maíz.
La política criminológica de establecer una estrategia integral, que aborde las causas de
una economía ilícita de drogas y de los actores que intervienen en la misma, que además
sea conducida por instituciones fortalecidas, coordinadas y capacitadas de manera
multidimensional e interinstitucional, y que se promueva una alta inversión en infraestructura y
servicios públicos para las regiones en las cuales ya son palpables los efectos del fenómeno.
Todo esto con el principal objetivo de alcanzar y mantener la gobernabilidad en todo el
territorio nacional, y, sobre todo, con una visión a largo plazo, de lo contrario, el problema para
Guatemala seguirá profundizándose, y en el peor de los escenarios, a un futuro cercano, se
extenderá a todo el resto de la región.
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Sobre el autor
Jorge Francisco Girón Mendizábal
Es Guatemalteco. Coronel en situación de retiro. Graduado Cum Laude en Administración de
Sistemas de Información, posee una Maestría en Tecnología y Administración de Recursos.
A lo largo de su carrera militar se desempeñó en diferentes puestos del servicio, que por su
grado, jerarquía, responsabilidad y capacidad le fueron asignados dentro de los campos de
Inteligencia, Seguridad, Defensa, Docencia, Fuerzas Especiales, Operaciones de Paz y
Tecnología. Además, se ha desempeñado como catedrático universitario y como conferencista
invitado en diferentes universidades, instituciones y foros en el país, así como en el Centro
Europeo de Estudios de Seguridad “George C. Marshall”. Múnich, Alemania, en el Centro de
Misiones Internacionales y Acción Integral del Ejército Nacional, Bogotá, Colombia, así como
en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México y el Instituto Mexicano
de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, de la Secretaría de la Defensa
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, se encuentra realizando el Doctorado
en Proyectos de Seguridad de la Universidad Internacional Iberoamericana de México.
Financiamiento de la investigación
Con recursos propios. El presente artículo es resultado del proyecto de tesis “La Insurgencia
Criminal. Un reto a la Seguridad de la Nación en los países del Triángulo Norte”, para el grado
de Magister Scientiae, por parte de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.
Declaración de intereses
Se declara no tener ningún conicto de intereses, que puedan haber inuido en los resultados
obtenidos o las interpretaciones propuestas en el presente artículo.
Declaración de consentimiento informado
Este artículo se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de
publicación, así como las directrices establecidas por la Revista Cientíca del SEP de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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